El cambio en la jurisdicción de pago de los bonos del canje comienza a ser evaluado nuevamente por el equipo económico. Es para evitar definitivamente pagar los costos que implica la cláusula RUFO y no afrontar los juicios millonarios que se gatillarían si se acata la sentencia de Griesa
El ministro de Economía evalúa dos posibilidades. La primera es romper la relación contractual con intermediarios como el Bank of Nueva York Mellon (BONY). La segunda es que los tenedores de bonos con jurisdicción en los Estados Unidos, que hoy no pueden cobrar en ese país u$s 539 millones depositados en cuentas que el BONY tiene en el BCRA, le pidan al Gobierno un cambio en la jurisdicción de pago. Esta opción coincide con la propuesta que realizó el ex ministro de Economía y mentor del canje, Roberto Lavagna.
Pero de acuerdo a algunos trascendidos que circulan en el Ministerio de Economía, Kicillof buscaría directamente romper el contrato con el BONY para cambiar la jurisdicción de pago de Nueva York por otra que podría ser Londres, a través de Euroclear, o Bélgica por medio de Clearstream. De este modo se podrían desbloquear los fondos si este se los devuelve al Tesoro argentino y se los redirecciona a otras plazas en el exterior para pagar a los bonistas.
Lavagna ha manifestado que las condiciones legales del canje que ideó junto a Néstor Kirchner le permiten al Gobierno cambiar la jurisdicción de Nueva York donde los bonos se pagan a través del BONY por otra jurisdicción, siempre y cuando sean los bonistas que aceptaron los canjes I y II los que los soliciten, es decir no lo puede hacer de modo compulsivo.
Al respecto hay que destacar que un grupo de bonistas europeos que tienen en cartera bonos
por unos 5.000 millones de dólares ya le habrían solicitado al Gobierno cambiar el lugar de pago.
El último viernes Thomas Griesa emitió una orden en la que permitió a las entidades bancarias Euroclear y Clearstream, a realizar, por una única vez el pago recibido por el Citibank para la cancelación de bonos emitidos por la Argentina en dólares bajo legislación local, como antes había hecho para honrar un vencimiento con Repsol por la expropiación de sus acciones en YPF.
El texto firmado por Griesa señala que "las órdenes enmendadas del 23 de febrero de 2012, no prohíben los pagos de bonos denominados en pesos que fueron emitidos por la República Argentina en los canjes de deuda soberana, bajo ley nacional, pero la orden especifica que los fondos depositados en las cuentas del BONY en Buenos Aires, deben seguir congelados. De ahí que ante la negativa de reponer una acción cautelar (stay) es probable que el Gobierno busque otras alternativas, como impugnar el contrato con el fiduciario, porque "no cumplió con el pago a los bonistas", pese a que el juez le advirtió que si los fondos llegaban a Nueva York debía avisarle y serían embargados.
Cambio de mediador
Otra de las posibilidades que analizaban el fin de semana en Economía para poder volver a solicitar un stay es el pedido de reemplazo del mediador Daniel Pollack que puso el juez Griesa, así lo manifestó el viceministro Emmanuel Álvarez Agis.
"Más que mediador, Pollack se está poniendo la camiseta de los buitres", y lo próximo que haremos será pedir su reemplazo dijo Agis Consultado sobre si el juez Thomas Griesa no desechó ya la posibilidad de remover a Pollack, el funcionario explicó: "Lo ha dicho de manera oral porque nuestros abogados lo han pedido en una audiencia de manera oral", pero "nosotros ahora vamos a hacer la presentación formal y veremos que contesta".
El funcionario también minimizó el cobro de seguros contra cesación de pagos al asegurar que no tiene "ningún efecto concreto sobre la economía". "Este tipo de seguros de default que se disparan no tienen ningún efecto concreto sobre la economía argentina, porque ese es un mercado de apuesta, o sea la Argentina no paga nada porque alguien declare que está en default selectivo, no selectivo, chiquitito, grande, esas son apuestas entre privados", afirmó Álvarez Agis.
