La decisión del juez neoyorquino implicaba la imposibilidad de que la entidad financiera norteamericana efectuara pagos de títulos reestructurados, como sí había aceptado en otras oportunidades. El magistrado luego aprobó los pagos, pero en base a un acuerdo del Citi con los buitres que la administración de Cristina Fernández impugnó.
El gobierno argentino apeló hoy ante la Corte de Nueva York el fallo del juez Thomas Griesa que le impidió al Citibank ejecutar el pago de vencimiento de bonos del 31 de marzo último.
La administración de Cristina Kirchner argumentó que los títulos nominados en dólares con legislación argentina no ‘son deuda externa sino interna, por lo cual no pueden estar alcanzados por el fallo de Griesa”.
La Argentina adoptó esa postura luego de que el Citibank desistiera de hacerlo tras sellar un acuerdo con holdouts que terminó con la inhabilitación de su CEO en el país, Gabriel Ribisich.
En ese acuerdo, el Citibank se comprometió a no apelar la orden de Griesa que le impedía realizar el pago de bonos en dólares con legislación argentina y a abandonar el negocio de custodia de bonos nacionales, a cambio de que se le otorgue una excepción para cumplir con los vencimientos del 31 de marzo y 30 de junio.
El Gobierno nacional suspendió al banco como operador bursátil y también canceló la licencia de su presidente.
En tanto, trascendió que los denominados ‘me too‘ (‘yo también‘) defenderán este martes el reclamo por el cual pretenden que el juez Griesa les reconozca derechos contra la Argentina por 5.400 millones de dólares, al extender el fallo que beneficio a los fondos NML Capital y Aurelius.
Los ‘me too‘ son acreedores con títulos similares a los que tenían los fondos NML Capital y Aurelius y exigen de Griesa una sentencia similar a la que ordenó el pago de 1.330 millones de dólares por incumplimiento de la Argentina de la cláusula ‘pari passu‘ (igual tratamiento).
En el marco del litigio con los fondos buitre, la República apeló en el día de hoy la orden del pasado 12 de marzo del Juez Griesa a través de la cual,
En un comunicado donde anunció la apelación, el Ministerio de Economía consideró “insólita” la sentencia por la cual el juez “extendió los efectos de las llamadas órdenes pari passu a bonos del canje regidos por ley argentina, pretendiendo, de ese modo, impedir nuevamente que los bonistas reestructurados cobren lo que Argentina paga y les corresponde en territorio argentino”.
“La decisión del juez alcanza a la llamada «deuda doméstica denominada en dólares», la que de ninguna manera puede ser alcanzada por la cláusula pari passu pues se trata de endeudamiento interno, regido por el derecho local”, dice el Palacio de Hacienda, a la vez que agrega que “la misma Corte de Distrito había reconocido previamente que no había bases para extender la orden a estos bonos; sin embargo, el 12 de marzo revirtió sus propias decisiones, excediendo, nuevamente, su jurisdicción, tal como lo había hecho con los bonos del canje regidos por la ley inglesa”.
Economía agrega que “las decisiones de la justicia estadounidense afectan gravemente al sistema financiero global y al derecho internacional. Su único objetivo es otorgar mayor poder de extorsión a los fondos buitres. Ya que el juez Griesa no logró poner a Argentina en default, pretende ahora seguir perjudicando a los bonistas”.
Y remata: “La Argentina agotará todas las instancias necesarias para defender sus derechos y el de los bonistas que de buena fe ingresaron a los Canjes de Deuda hasta que se arribe a una solución justa, equitativa, legal y sustentable para la República y para el 100 por ciento de sus acreedores”.
