La normativa publicada ayer agravó el texto original, porque ahora le permite a la CNV designar interventores.
La Ley de Mercado de Capitales entró ayer en vigencia. Pero arrancó incompleta. A través del decreto 1023/2013 el Poder Ejecutivo reglamentó apenas 43 de los 156 artículos. Para el mercado, fue una prueba de que más allá del declamado interés oficial en relanzar, potenciar y hasta democratizar los mercados de capitales, el Gobierno apunta a otra cosa. Ocurre que la reglamentación agrava el alcance de la ley que votó el Congreso. Es porque le da una herramienta al Ejecutivo para poder intervenir y tomar el control de las empresas a través de la Comisión Nacional de Valores, y sin que medie, como se exigía hasta ahora, el visto bueno de la Justicia.
El temor surge del polémico artículo 20. Es el que le da amplias facultades a la Comisión Nacional de Valores que, bajo determinadas circunstancias, “podrá designar veedores con facultad de veto de las resoluciones adoptadas por los órganos de administración de la entidad o separar a los órganos de administración de la misma.” Para especialistas, es un artículo claramente inconstitucional, entre otras cosas, porque un órgano administrativo (la CNV), sin control judicial alguno, ni previo ni posterior al acto, puede intervenir los órganos de administración de las sociedades sujetas al régimen de oferta pública, violando diversos derechos y garantías constitucionales, entre ellos el de tutela judicial y administrativa efectiva contemplado en la Constitución Nacional y los diversos Pactos Internacionales, según explicaron varios abogados consultados por este diario.
Los especialistas advirtieron que el artículo 20 de la reglamentación va en contra incluso del texto de la ley aprobado por el Congreso (artículo 144), que dejaba en manos de los juzgados federales de primera instancia “entender en los pedidos de designación de interventores coadministradores o administradores que efectúe la Comisión Nacional de Valores.” El mismo artículo 20 publicado ayer señala que la CNV podrá actuar si el accionista que se siente perjudicado acredita ser propietario de al menos el 2% del capital social de la empresa y entendiera que está sufriendo “un daño actual y cierto o encontrarse ante un riesgo futuro grave que dañe sus derechos”.
La lectura de abogados y especialistas del mercado es que con la ley reglamentada ayer el Gobierno vuelve a presionar sobre el Grupo Clarín. De hecho, el 12 de julio la CNV resolvió declarar la “irregularidad e ineficacia”, a los efectos administrativos, de las decisiones adoptadas en la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas del Grupo Clarín el 25 de abril último.
Fue la asamblea que se realizó en la sede de Clarín, y a la que asistieron el secretario de Comercio Guillermo Moreno, el viceministro de Economía Axel Kicillof, el titular de la Sigen Daniel Reposo y el jefe de la CNV, Alejandro Vanoli. En dicha ocasión los funcionarios cuestionaron el balance contable que presentó el Grupo.
Ese día, Moreno atacó con dureza a la conducción de la compañía. “El Grupo (Clarín) tendría que ganar más plata, ustedes no son buenos hombres de negocio”, dijo. Y agregó: “Les sugiero que se vayan o profesionalicen la gestión.
Váyanse de la conducción de la compañía. Ustedes son un grupo que no se allana a la ley ni a la justicia”.
Impugnar la asamblea es el procedimiento que usó el Gobierno cada vez que quiso tomar el control de una empresa, como sucedió con YPF, Siderar y Papel Prensa.
A través de la ANSeS, el Gobierno posee el 9% del capital accionario de Grupo Clarín. Como accionista minoritario, ahora podría invocar el artículo 20 para solicitar la intervención de la empresa.
Fuente: http://www.ieco.clarin.com/empresas/Gobierno-reglamento-permite-intervenir-empresas_0_967103364.html
