Es el resultado de la última pelea con el ministro de Economía. Quedó de lado la idea de ir a un ajuste en la previa electoral. Subsidios, tarjeta Alimentar y más ayuda por la crisis de COVID-19 impactarán en el déficit fiscal
¿Quién le pone el cascabel al gato? Este viejo refrán resume a la perfección el trasfondo económico de la disputa por las tarifas. A toda velocidad se avanza hacia un esquema similar al montado por el kirchnerismo hasta el 2015. Este año el subsidio se acercará al 60% de la factura de luz y representará alrededor de 2% del PBI, muy por encima de lo que el propio Congreso votó en el Presupuesto 2021. Sin embargo, nadie se anima a tomar la decisión sobre cómo salir del congelamiento.
La suba del 9% definida en mayo fue el primer ajuste en más de dos años y apenas compensa dos meses de inflación. Insostenible por donde se lo mire. Todos, o casi todos lo saben. Pero es preferible esconder los problemas bajo la alfombra y ocuparse en otro momento.
Además, se anunció que la tarjeta Alimentar pasará a $ 12.000 por familia (era $ 6.000 el año pasado y a fines de 2020 se elevó a $ 9.000) y pasará de cubrir 1,5 millones a 2,5 millones de familias y se suma a la Asignación Universal por Hijo. Esto representa unos $ 20.000 millones adicionales por mes para ayudar a los sectores más necesitados. Adicionalmente, habría nuevos bonus para los que cobran la Asignación Universal por Hijo (a fin de abril recibieron $ 15.000).
Plástico
Este plástico consiste en una tarjeta prepagada. El Estado deposita los fondos en las cuentas del Banco Nación de los beneficiarios. Más allá de la tecnología que evita intermediarios, el producto resulta similar a las libretas de abastecimiento, tristemente célebres en Cuba y Venezuela. Hace años que la situación de indigencia de la población obliga a esos gobiernos a asegurar un nivel de subsistencia mínimo, profundizando la política clientelar.
Alberto Fernández intenta repetir la estrategia que le dio resultado en su momento a Néstor Kirchner, cuando él era su jefe de Gabinete. Se trataba básicamente de “ponerle plata en el bolsillo a la gente”. Claro que 15 años después la situación es completamente distinta. La lógica es que la plata destinada a familias de bajo poder adquisitivo aumentará el consumo, ya que cada peso que reciben lo gastan, poniendo en marcha un “círculo virtuoso”.
En aquel período 2003-2007 hubo un abultado superávit fiscal (también comercial) que permitió llevar adelante políticas activas para impulsar el consumo interno, incluyendo los subsidios para “bancar el congelamiento tarifario”. Había de dónde conseguir recursos, porque el Estado generaba un amplio superávit de caja, producto de la devaluación del 2002 que licuó el gasto en pesos. Además, no había que usar recursos para pagar la deuda, que se encontraba en default.
Ahora cada peso adicional que se suma al gasto significa más emisión monetaria. Es cierto que el Tesoro también puede endeudarse para conseguir pesos, pero está limitado porque sólo consigue acceso al pequeño y poco desarrollado mercado financiero local. El resto sólo puede provenir de más emisión de pesos.
Luego de la última reunión de gabinete económico, Martín Guzmán expresó textualmente tras la disputa con su aún subsecretario de Energía, Federico Basualdo: “Seguimos llevando adelante una política fiscal expansiva para impulsar y apuntalar la recuperación económica”. Un mensaje que buscó contentar a los sectores más críticos de su gestión y alinearse luego de su torpe embestida contra el subsecretario de Energía.
También el senador Oscar Parrilli, justificó la declaración que impulsó en el Senado para que los USD 4.500 millones que girará el FMI a la Argentina sean utilizados para afrontar los gastos de la pandemia. “Estados Unidos y Europa están llevando adelante un enorme aumento de gasto en medio de la crisis generada por el COVID-19. ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros?”. Luego llegó el remate: “No es cierto que la emisión monetaria genere inflación, ése es un invento del macrismo”.
Si ellos sí, nosotros también
Insólitamente Parrilli y muchos otros funcionarios del Gobierno insisten en que una economía en crisis hace más de una década, como la argentina, puede llevar adelante políticas similares a las de países desarrollados sin pagar las consecuencias.
El 2020 fue una muestra aplastante sobre los límites que enfrenta la Argentina. Todos los países incurrieron en grandes déficits fiscales y emisión monetaria para dar respuesta a la crisis. Pero en casi ninguno se disparó más de 100% el tipo de cambio ni tuvieron una inflación del 36%, que este año saltaría arriba del 45%.
Pero aún así, hasta el dólar está sufriendo por la megaemisión norteamericana. La divisa se derrumba a nivel global, como lo demuestra la suba a precio récord de la soja (superó los U$S 580 esta semana), de la mayoría de las materias primas e incluso de las criptomonedas.
La decisión del Gobierno es forzar todo lo que se pueda la recuperación de la actividad y del consumo. No en base a inversiones ni en una recuperación de la confianza, sino básicamente apostando a un mayor déficit fiscal y un aumento de la emisión de pesos. Es decir llevando adelante aquella política expansiva.
El cronograma electoral se va acercando, aunque la postergación de las PASO y de las elecciones legislativas, dará un poco más de tiempo. ¿Tiempo para qué? Posiblemente para avanzar más en el plan de vacunación, pero también para apostar a una disminución más notoria de la inflación y recuperar el poder adquisitivo de los salarios. Según el relevamiento que realiza el Central entre economistas, recién en agosto el índice empezaría a dar por debajo de 3%.
No será fácil ante la gran emisión que se avecina. O en todo caso la apuesta es que esa gran inyección de pesos que llevará adelante el Central no le pegue inmediatamente al dólar ni a los precios. El objetivo de máxima sería aguantar hasta las elecciones y luego ver qué se hace con esa gran olla a presión. Eventualmente, un rápido acuerdo con el FMI podría ayudar a alinear las expectativas ante la promesa de mayor austeridad para adelante.
Debilidad
La debilidad de Martín Guzmán es un problema con el que deberá lidiar el Gobierno. Por eso, Alberto Fernández lo lleva a su gira por Europa para mostrar su respaldo. El ministro acaba de volver de allí, por lo que no se entiende mucho a qué va, más allá de mostrarse cerca del Presidente.
Pero la última crisis sacudió a ambos. Tanto Guzmán como el Presidente quedaron en medio de una crisis de autoridad, que sobre todo reflejó que La Cámpora y el kirchnerismo duro son los que se quedaron con los principales resortes de la política económica.
El ala dura kirchnerista no se anima a dar el siguiente paso, como sí sucedió con el desplazamiento de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, socia y amiga personal del Presidente. Sería difícil reemplazar a Guzmán. No tanto por su deslucida gestión en el manejo de la cartera económica. La complicación radica en elegir alguien de confianza Instituto Patria, sin generar un cimbronazo en el riesgo país y en el tipo de cambio, cuando falta tan poco para las elecciones.
