Las firmas optarían por traer fondos declarados del exterior pero piden exenciones impositivas y el levantamiento del encaje del 30%. Solicitan una nueva normativa específica
Lo más importante en una negociación es escuchar lo que no se dice. Esta idea, que recorre todos los cursos de negociación, parece entrar en crisis cuando se trata del Gobierno argentino y las empresas. Hablamos de blanqueo: el próximo martes, el Palacio de Hacienda pondrá en marcha la tercera fecha de recepción de solicitudes de suscripción del “Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico” (BAADE), registrable o al portador, y el “Pagaré de Ahorro para el Desarrollo Económico”. Hasta ahora el resultado ha sido nulo en las dos ocasiones previas.
El último lunes, a sólo algunas horas de transcurridas las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) donde el oficialismo se llevó la peor parte, el secretario de Comercio Guillermo Moreno sorprendió en el teléfono a grandes empresarios. Les pidió –el verbo se queda corto– que hicieran todo lo posible por traer los dólares para la próxima suscripción del BAADE y, a su manera, hasta les prometió que haría “su parte” para conseguir alguna de las condiciones que ponen las empresas. En rigor, les pidió “poner la plata primero”.
Uno de esos puntos obedece al tipo de cambio y la posibilidad de vender los BAADE en la Bolsa. Aún no está reglamentada la cotización del bono y, por ende, la variante de negociarlos en el mercado secundario no está vigente (recién esta semana se reglamentó la del Cedin).
Por otro lado, existe temor de ‘entregar’ los dólares y que la liquidación que haga el Gobierno sea al tipo de cambio oficial de $ 5,56, si bien la suscripción de los títulos se hace en dólares. En este sentido, el principal inconveniente que ven es que por cada dólar que traigan no hay cotización en la Bolsa. “Lo ideal sería que por cada dólar, exista una cotización parecida a la del Cedin”, señalan.
Por supuesto, en el sector empresario tienen la convicción de que no quieren figurar en ningún listado de “blanqueadores” y, por ende, no están pensando en utilizar este canal para traer fondos desde el exterior. Sostienen en las firmas que existe un severo temor reputacional en torno a la operatoria del blanqueo, es decir, que para muchas empresas no sería ‘negocio’ entrar u$s 100 o u$s 200 millones y que después el Gobierno los ponga en el grupo de los que “sacaron la plata afuera en algún otro momento y ahora la trajeron porque se los pedimos”.
En lugar de eso, existe la convicción en las principales empresas que, si se trae dinero, esos recursos serán en blanco y tendrán como destino la suscripción del BAADE. Atado a esto último, los empresarios tienen miedo a quedar en “off-side” con respecto a la normativa vigente para el blanqueo. Sostienen que los principales estudios de abogados locales –y también los del exterior en el caso de las multinacionales– les advierten sobre riesgos asociados a la entrada de dinero desde el exterior, ya que la normativa (Ley + circulares del BCRA) no comprende los casos de transferencia de dinero declarado y si bien en el Gobierno les perjuran que “está todo bien”, no quieren arriesgarse.
A cambio de los dólares, las empresas piden una “normativa espejo” que replique la utilizada para el blanqueo pero que contemple los casos del dinero declarado en el exterior.
Es más, no sólo piden una nueva normativa complementaria, también necesitan que el Gobierno deje sin efecto el encaje a los capitales del 30% que rige para el ingreso de los fondos desde el exterior, así como también la aplicación del impuesto a los créditos y débitos bancarios que la AFIP eximió oportunamente para dinero no declarado.
En dos sectores distintos calculan que la sumatoria de aportes que habrían comprometido petroleras, cerealeras, industriales, bancos y las principales empresas exportadoras de concretarse las reformas normativas, sumarían en una primera instancia –y con viento a favor– un máximo de u$s 1.000 millones. Los llamados de Moreno, el lunes por la mañana, sumado a las directivas de Cristina Kirchner al resto de los funcionarios del equipo económico de apuntalar los esfuerzos del “super-secretario” podrían darle un renovado impulso a la negociación que hoy aparece congelada. Del lado de las empresas, sostienen que están a la espera y que sólo harán el movimiento que se les solicita si el marco normativo es el adecuado y de esa forma no incurren en riesgos “innecesarios”.
