La decisión del Gobierno de no aceptar la última instancia del fallo a favor de los holdouts provocó una aceleración del deterioro de la macro y microeconomía, con severos efectos sobre el mercado de trabajo. La actividad productiva y comercial se derrumbó y los precios aceleraron la suba
Hasta el 16 de junio, momento previo al que la Corte Suprema de los EEUU resolviera no dar lugar al pedido argentino de una revisión del fallo del juez de Nueva York, Thomas Griesa, a favor de los bonistas que no aceptaron los términos de los canjes I y II, y avanzar hacia una línea de cambio de jurisdicción y del fiduciario para pagar los bonos reestructurados, la economía registraba una moderada contracción y la inflación intentaba desacelerarse.
Entonces, la generación de riqueza por parte del conjunto del sector manufacturero disminuía a un ritmo de 1,4% al año y el PBI global apenas declinaba 0,6%, pero en 100 días ese cuadro se agravó de modo notable, al punto que las principales consultoras se vieron sorprendidas por indicadores contundentes que resultaron sensiblemente más bajos que los previstos.
El PBI fabril cayó a una tasa de más de seis por ciento al año, al dejar de concentrarse en la rama automotriz y su cadena de valor, y pasar a extenderse a la rama de electrodomésticos y productos a gas, los alimentos y bebidas e incluso los productos farmacéuticos, además de los insumos de uso intermedio como plásticos, químicos y papel, entre otros.
Semejante intensificación del receso del conjunto de las manufacturas traccionó al resto de los sectores productores de bienes y también de servicios, porque muchos trabajadores vieron recortados sus jornales por suspensiones parciales, supresión de la horas extras y, en menor medida despidos, que derivaron en una apreciable contracción de la masa salarial en el sector.
De ahí que desde el inicio de la crisis de la deuda pública se agravó la baja de actividad del transporte de carga, y en menor medida de pasajeros, al acentuarse la contracción del comercio, tanto interior -pasó de una retracción de 2 a 4 por ciento a un rango de 7 a 12 por ciento en supermercados y shoppings- como exterior -de bajar casi 3% las exportaciones se intensificó a más de 9% y las importaciones de 5,7 a 15,7 por ciento-, con el consecuente deterioro del superávit comercial, aunque en agosto repuntó por un severo cepo a los pagos a proveedores del exterior.
A partir de ahí, la consecuencia natural fue un deterioro de la capacidad para sostener la tasa de aumento de la recaudación tributaria, mientras que el Gobierno, en fallidos intentos de reanimar el consumo, se abocó a una política de aceleración del gasto público, al punto que en sólo 100 días el jefe de Gabinete firmó decisiones administrativas para un crédito presupuestario para todo el año en más de 230.000 millones de pesos. Menores ingresos tributarios reales y más erogaciones, forzaron el uso de la emisión monetaria a una tasa de 14% en ese periodo, cuyo impacto fue la aceleración de la inflación de una tasa de 2,2% al mes en junio a más de 2,7% ahora, aunque el Indec volvió a las viejas prácticas de subestimar el alza de los precios al consumidor, que la estacionó en 1,3 por ciento.
Pese a ese cuadro, Economía decidió no honrar el anuncio de fin de enero de mantener un "tipo de cambio de sustentabilidad macroeconómica", como eran los ocho pesos de entonces, ya que en los últimos cien días apenas se elevó 3,7%, con costos internos que se dispararon 8%, y acumula desde entonces un rezago de más de 15%, que explica la pérdida de competitividad cambiaria de la producción nacional.
La consecuencia directa del atraso cambiario y aumento del déficit fiscal que forzó el uso de reservas del Banco Central para pagar intereses de la deuda pública y también parte de los vencimientos de capital, por no poder acceder al mercado de crédito internacional, fue no sólo la caída de la posición de divisas de la autoridad monetaria, sino también la expansión de la cantidad de dinero, lo que provocó crecientes tensiones inflacionarias y, principalmente cambiarias.
Todo este cuadro contundente que ya se manifiesta en destrucción de fuentes de trabajo, suspensiones y despidos, aunque las estadísticas del Indec recién lo reflejarán hacia mediados de diciembre, tienen su origen en que el rechazo a honrar el fallo del juez Griesa comenzó a afectar de modo creciente a las líneas de crédito comercial, tanto para los importadores como también para los exportadores, con el consecuente efecto negativo descripto precedentemente para la actividad productiva, comercial, de las finanzas públicas y del sector externo, las cuales se sintetizan en un salto de la brecha cambiaria entre la paridad oficial y la libre, de un rango de 35 a 40% en el segundo trimestre, a más del doble 100 días después.
