En el Gobierno nacional creen que en la delicada situación financiera de muchas provincias en manos del peronismo está la clave para conseguir los votos en el Congreso que permitan derogar las leyes cerrojo y de pago soberano, que hoy impiden ofrecer a los fondos buitre y a los holdouts mejores condiciones de pago que las aceptadas por los bonistas que entraron en los canjes de 2005 y 2010. Según sus cálculos, son varios los gobernadores dispuestos a mandar a sus legisladores a voltear esta legislación, a cambio de que el Poder Ejecutivo habilite después a esos mismos gobernadores el acceso sin trabas ni topes a los mercados internacionales de crédito.
Sin embargo, y aunque la intención de esos mismos gobernadores es colaborar con el acuerdo que tramita el Gobierno en Nueva York, el apoyo de sus legisladores podría formar parte de una negociación más amplia entre las provincias y el Poder Ejecutivo, que sume puntos de conflicto, como la restitución del 15% de coparticipación o los planes de infraestructura.
Este domingo, el presidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados, Nicolás Massot, confirmó en diálogo con Rock&Pop que el oficialismo intentará “derogar en marzo la ley cerrojo y la de pago soberano” para cumplir lo propuesto al juez Thomas Griesa por los negociadores del Gobierno en Nueva York, el secretario de Finanzas, Luis Caputo, y el coordinador del gabinete económico, Mario Quintana, a cambio de que el magistrado levante las medidas cautelares que impiden a la Argentina continuar los pagos a los bonistas reestructurados.
“Entendemos que las negociaciones van por buen camino, con buenos términos para la Argentina”, dijo Massot, quien por la tarde mantuvo una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y parte de la mesa chica del Gobierno nacional. “Ahora nos toca hacer una movida a nosotros, que vamos a tener que encarar en el mes de marzo”, amplió.
Un influyente miembro del bloque PRO en la Cámara baja arriesgó que “los únicos que se van a oponer van a ser los kirchneristas puros”. Su optimismo abarca a los diecisiete votos del bloque Justicialista, escindido de la bancada del Frente para la Victoria (FpV) y con relación directa con los gobiernos provinciales.
NEGOCIACIÓN
Para el macrismo, la llave para destrabar el Congreso está en la relación con los gobernadores. Pero eso asoma menos sencillo de lo que especulan en la Casa Rosada. Uno de los diputados que integra el bloque Justicialista, de diálogo diario con el gobernador de su provincia, confirmó a BAE Negocios que “los gobernadores tienen la voluntad de acompañar el retorno al sistema internacional de crédito” y que “hay una definición, a priori, de cerrar lo antes posible el conflicto con los holdouts”. Pero que “lo peor que pueden hacer (en el Gobierno) es creer que vamos a acompañar sin discutirlo”.
El legislador no dudó en vincular el hipotético apoyo a las derogaciones que exigirá el Poder Ejecutivo a una negociación más amplia con los gobernadores. “Todo va a estar atado al marco de las negociaciones que llevan los gobernadores con el Gobierno”, dijo el diputado, “desde la restitución del 15% de coparticipación a las provincias, los planes de infraestructura y el financiamiento para las provincias”. “Es un combo que hay que discutir”, agregó. Ahí está el eje: para los gobernadores, el financiamiento, la derogación de estas leyes y la negociación por fondos para las provincias son parte de un “combo”.
Peña: “no se busca un camino de shock”
El Jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró el sábado que “la decisión es no ir a un camino de shock o ajuste muy grande” y explicó que “llevará un tiempo solucionar todo pero se irá acompañando a la sociedad con medidas para hacer más suave ese camino”, al tiempo que reseñó que el plan fiscal apunta a disminuir la inflación y bajar un punto el déficit.
“Hay que ordenar el desastre económico de la gestión anterior que se verificó no sólo en el déficit sino en pobreza, falta de competitividad y transparencia”, manifestó el funcionario, quien señaló que el kirchnerismo “creía que la inflación era herramienta válida y eso llevó a tener una de las más altas del mundo”.
En ese sentido, apuntó que “lo principal para alcanzar las metas económicas es tener una buena política y buenas herramientas que incluyan medidas a favor del ingreso de la gente, como las mejoras en asignaciones familiares e impuesto a las ganancias y, por otro lado, defender al consumidor y para la transparencia en los mercados y así prevenir abusos y especulaciones”.
Al respecto, Peña mencionó a través de un comunicado oficial que la reactivación de la Comisión de Defensa de la Competencia representa una de las acciones que ha tomado el Gobierno para ‘”defender la capacidad adquisitiva de la gente”.
“La Secretaría de Comercio trabaja muy fuerte para analizar caso por caso y sector por sector y, una vez que se tengan los fundamentos, se podrá trabajar de fondo sobre casos concretos de quienes abusen”, subrayó.
