El Gobierno utilizará parte de los u$s4.350 M que llegarán vía DEG para pagar u$s1.800 M el 30 de septiembre.
El tema de debate era el último tramo de negociaciones por los cierres de las listas para las elecciones legislativas de noviembre. Sin embargo, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner se dieron un tiempo para hablar de una de las decisiones de Estado más importantes para encarar el último semestre del año, cuando la campaña será la principal protagonista política; y donde se buscará que los ruidos económicos sean lo menos sonoros posibles. Especialmente para el capítulo Fondo Monetario Internacional (FMI).
Para esto se necesitaba que los dos mayores dirigentes del oficialismo cerraran la principal preocupación macroeconómica y financiera que los mercados tienen para lo que resta del 2021. Y, curiosamente, no hubo problema para que la vicepresidenta aceptara lo que el jefe de Estado reclamó a nombre de Martín Guzmán: que el dinero proveniente de los Derechos Especiales de Giro (DEG) que serán enviado en algún momento de agosto próximo desde el Fondo, se utilicen en su mayor parte para cumplir con los compromisos de vencimientos que el país tiene hasta fin de año. Si bien Cristina había sido la principal impulsora de una iniciativa legislativa que comenzó en el Senado para que ese dinero se destinara exclusivamente para paliar las consecuencias de la pandemia (este es incluso el fin que impone el FMI), la vicepresidenta y Alberto Fernández acordaron que lo mejor para las condiciones electorales del oficialismo es normalizar lo máximo posible la economía; y liberar de ruidos financieros el camino a las elecciones de noviembre.
Como uno de los dos vencimientos con el FMI por u$s1.800 millones caerá el 30 de septiembre, tiempos plenamente electorales; las dos partes resolvieron quitar la incógnita de antemano y despejar de internas el cumplimiento de esos pagos. Por esto, queda ahora clarificado que el Gobierno utilizará parte de los u$s4.350 millones que llegarán vía DEG para pagar este compromiso. Mientras tanto las negociaciones entre Argentina y el FMI continuarán, y si para diciembre aún no hay acuerdo Guzmán podrá utilizar otros u$s1.800 millones para cumplir el 30 de diciembre con el segundo pago comprometido al FMI por los intereses del Stand By firmado por Mauricio Macri en 2018.
La confirmación de lo acordado el viernes fue responsabilidad de Cristina. Durante el acto del sábado en Escobar de presentación de los candidatos del oficialismo e inicio de la campaña electoral, la vicepresidente dijo textualmente que “anoche Alberto me decía que en unos días van a ingresar los Derechos de Giro. El FMI decidió entregarle dólares a los países por los estragos de la pandemia. Nosotros no vamos a poder porque en el 2018, después de que en el 2015 tuviéramos un país sin deuda, ahora debemos 45 mil millones de dólares al FMI, además de los 70 mil millones que se reestructuró la deuda el año pasado”. Fue la manera de darle luz verde a la estrategia del ministerio de Economía. Y de darle un guiño a los mercados, preocupados por la interna entre el Ejecutivo y el kirchnerismo sobre las verdaderas intenciones políticas ante el acuerdo con el FMI. Liberada la incógnita del uso del dinero de los DEG para los pagos del año, ahora los focos quedarán concentrados en el contenido del acuerdo con el organismo que dirige Kristalina Georgieva.
En este sentido, para el ministerio de Economía el panorama ahora se clarifica. Guzmán y su embajador ante el FMI, Sergio Chodos, tendrán al menos siete meses para discutir los términos del Facilidades Extendidas que se negocia desde octubre/ noviembre del 2020. La nueva frontera será el primer vencimiento de capital del Stand By por unos u$s4.050 millones de marzo del año próximo; y para el que ya no alcanzarán los DEG. Aparece aquí el próximo gran tema en el que el oficialismo deberá ponerse de acuerdo. Es hoy una utopía pensar en que el organismo aceptará un plazo mayor a 10 años para un acuerdo de este tipo. Deberá aceptarlo la coalición gobernante si quiere que avancen las negociaciones. A cambio Guzmán discute que se incluya una cláusula que explícitamente mencione que si en los próximos años el FMI incluye un cambio en su fórmula diseñada para los Facilidades Extendidas que permita acuerdos a plazos mayores a los 10 años; automáticamente Argentina esté incluida en el beneficio. En el mismo sentido se negocia una reducción de los intereses y que las obligaciones de comienzo de pagos comiencen a los 4,5 años de inicio del acuerdo. Hacia delante, y con el panorama de los próximos vencimientos del 2021 despejados, Guzmán y el FMI comenzarán a discutir el contenido del Facilidades Extendidas en los términos que realmente definirán los próximos años de la economía argentina.
Todo hacia delante será discreto y en conversaciones blindadas. La intención política es que el FMI deje de estar en escena mientras dure la campaña. Luego que se hayan elegido los próximos representantes del Congreso; será el tiempo de las negociaciones políticas entre el oficialismo y la oposición para que el acuerdo al que se llegue tenga aprobación parlamentaria de la mayor amplitud de la clase política posible.
