La decisión se tomó por un DNU, que fue publicado en el Boletín Oficial del lunes, con firma de Mauricio Macri y todo el Gabinete. Hacienda podrá colocar títulos a todo el sector público sin que se puedan oponer, siempre que haya excedente de liquidez.
Con los mercados virtualmente cerrados y sin definiciones aún sobre el desembolso por u$s 5400 millones del Fondo Monetario Internacional, el Gobierno emitió un decreto de necesidad y urgencia (DNU) con el que buscará cerrar las necesidades de financiamiento de este año.
Lo hará con colocaciones de Letras en el sector público, que las entidades y organismos estarán obligados a tomar, dentro de los que la principal caja es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS.
La norma, a la que había accedido de manera exclusiva El Cronista, dispone que «hasta el 30 de abril de 2020, las Jurisdicciones y Entidades comprendidas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificaciones, así como la totalidad de las empresas, entes y fondos fiduciarios comprendidos en sus incisos b), c) y d), y los fondos y/o patrimonios de afectación específica administrados por cualquiera de los organismos contemplados precedentemente, sólo podrán invertir sus excedentes transitorios de liquidez, mediante la suscripción de Letras precancelables emitidas a un plazo que no exceda los ciento ochenta (180) días por el Tesoro Nacional».
De esta manera, obliga a todos los organismos y fondos a destinar sus ahorros de manera exclusiva a Letras del Tesoro.
Sólo podrán saltear esta posibilidad si justifican con necesidades financieras de las entidades alcanzadas o si provocan desequilibrios dentro del sector público nacional, provincial o de la Ciudad de Buenos Aires.
«Es para homogeneizar el financiamiento intra sector público, ya que antes participaban de las licitaciones y ahora no las estamos haciendo. En ningún caso implica violarlos límites que tienen sus propias normas para invertir en letras del tesoro», sostuvieron fuentes de Hacienda.
Como adelantó El Cronista el 18 de septiembre último, la decisión de emitir este DNU para respaldarla colocación de letras dentro del sector público se empezó a discutir semanas atrás en el Gobierno.
Se dio cuando, tras el reperfilamiento de las Letes, Lecap, Lelink y Lecer de fines de agosto, el Tesoro le colocó al FGS títulos por casi u$s 900 millones en diferentes letras.
Esto había causado reticencia a firmar por parte de los directores del FGS en esa colocación, algo inédito: es que se trata de una decisión objetable porque puede no ser la mejor decisión de inversión, desde el punto de vista de la administración de ese fondo.
De hecho, en el DNU se aclara que también esta colocación, que fue la que originó la negativa por parte del FGS de acompañar esa emisión, queda abarcada por la norma.
Detalla que «la suscripción de las Letras del Tesoro emitidas en virtud de la Resolución Conjunta N° 62 del 13 de septiembre de 2019 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, queda encuadrada en los artículos 1° a 3° del presente decreto».
Sólo con la ANSeS, para lo que resta del año quedan vencimientos por unos u$s 2000 millones que surgen de sumar u$s 400 millones en Letes reperfiladas; $ 11.433 millones en Lecaps reperfiladas, y $ 86.000 millones de una letra que se emitió en diciembre del 2018 a un año, según datos de LCG en base a la Secretaría de Finanzas.
Emergencia alimentaria y Aerolíneas
El decreto de necesidad y urgencia, además de especificar el comportamiento del endeudamiento intra sector público hasta el 30 de abril del año próximo, comprende también otros tres aspectos: incrementarlos créditos presupuestarios para incorporar el impacto de la prórroga de la emergencia alimentaria, la inclusión de municipios en el programa de Letras y la posibilidad de Aerolíneas Argentinas de tomar deuda en el sector privado por hasta u$s 100 millones.
En los considerandos del DNU, se explicita que, como «consecuencia de la inestabilidad financiera y cambiaria» el Ejecutivo y el BCRA pusieron en práctica medidas y que, dentro de esa estrategia, «se advierte que una de las necesidades más urgentes es la de asegurar el mantenimiento del financiamiento fiscal a corto plazo».
Por ese motivo, «resulta apropiado maximizarla posibilidad de recurrir al financiamiento a corto plazo, a través de los excedentes transitorios de liquidez de todas las Jurisdicciones y Entidades del Estado Nacional, incluidos los fondos fiduciarios y patrimonios de afectación específica administrados por entidades del Sector Público Nacional».
La norma detalla que quedan exceptuados en la obligación de financiar al sector público los bancos públicos, el Poder Legislativo y el Judicial.
Sólo con la ANSeS, para lo que resta del año quedan vencimientos por unos u$s 2000 millones (según estimaciones de la consultora LCG) que se prevé quedarán en el Tesoro, DNU mediante. Además de los recursos del FGS, otros fondos que también deberán renovar serán el FFSIT (Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte), FODER (Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables) y el Fondo Fiduciario del Servicio Universal de Comunicaciones, entre otros.
Desde el entorno de Hernán Lacunza justificaron la norma cuando dijeron que «es difícil coordinar el sector público. En 2017 los rastrillábamos para que no compren Lebacs y a los dos meses se volvían a acumular».
Además, sostuvieron que es principalmente para ordenar el refinanciamiento de los vencimientos, y que «no es muy relevante en financiamiento nuevo», aunque no lo descartaron.
«Lo más práctico es una norma para no tener que estar persiguiendo. En ausencia de mercado es clave que no se descoordinen y compliquen al Tesoro. Cuando hay mercado, desalineamientos en el margen no importan tanto», agregaron.
