La fuerte baja del ritmo de aumento de la cantidad de dinero en manos del público allana el camino. Se requerirá no volver a cometer errores no forzados en lo monetario y fiscal
Con los datos de apenas 3 meses desde la decisión de llevar a cabo una política monetaria extrema de emisión cero, y más modesta en materia de eliminación del déficit fiscal primario, antes del pago de intereses, porque se apoya más en la creación de impuestos, como las retenciones de emergencia a los productos del campo y la industria, y desde este año a los servicios de software y la industria del conocimiento, como a la venta de tierras fiscales, que en un recorte real de gasto de la burocracia y del asistencialismo de arrastre de la política, se observa la posibilidad de consolidar un proceso de desinflación.
No sólo porque desde el pico de 6,5% en septiembre se pasó a 5,4% en octubre y 3,2% en noviembre, y las previsiones indican que diciembre cerró en torno a 3% y enero apunta a una décimas menos, sino porque el Informe Monetario del Banco Central mostró que 2018 terminó con una expansión del circulante de billetes y monedas en poder del público de apenas 4,5% respecto de un año antes; y el total de dinero para transacciones que incluye depósitos en cuenta corriente y caja de ahorro bancaria subió 15,2%; muy lejos de la tasa anualizada de inflación del 48% que alcanzó en diciembre.
El voluntarismo de la política, más inclinado muchas veces a los clisé de campaña que a los fundamentos empíricos, llevó al Presidente a creer que «bajar la inflación iba a ser muy fácil», sin embargo los expertos de la economía internacional han demostrado que, en el mejor de los casos, pasar de una tasa de suba de los precios a un ritmo de dos dígitos altos interanual, como mantiene la Argentina desde hace más de 13 años, requiere de una disciplina fiscal y monetaria rigurosa para que sus primeros efectos se manifiesten en un período mínimo de 7 a 8 meses, y puede llevar hasta más de 2 años.
Si eso se sostiene, en medio de ajustes de tarifas como los anunciados en las últimas semanas, y próximos aumentos de salarios que se acuerden en paritarias, con la regulación de las tasas de interés de referencia del mercado vía la licitación diaria de las Leliq para los bancos, es probable que el Gobierno llegue a fin de mandato con una tasa de inflación en torno a la mitad del último año.
Las expectativas de mercado que releva el Banco Central se encaminan en esa dirección, aunque cada mes se modifican, a tono con los anuncios de política económica y sus consistencias.
La opción por las políticas gradualistas para recomponer los denominados precios relativos, como se define a las relaciones entre el nivel de los precios, las tarifas, el tipo cambio, los salarios, las tasas de interés, entre otras muchas variables, anticipaba la alta probabilidad de fracaso, como ocurrió en 2018.
Ahora, se afirma que se persistirá con la nueva estrategia, pese a que el principal efecto colateral es una fuerte recesión que se manifiesta en caídas de más de 30% en las ventas de bienes durables como departamentos, automotores y motos, y más modestos en el consumo de bienes perecederos, como consecuencia de la caída del poder de compra de los salarios de un 14 por ciento.
«El Comité de Política Monetaria (Copom) considera que, dado el incremento de la demanda por circulante, la meta de Base Monetaria estipulada para enero genera un sesgo suficientemente contractivo y es consistente con la tendencia desinflacionaria en marcha. Febrero y marzo, por otro lado, son meses con demanda estacional por circulante históricamente más baja. Por consiguiente, el BCRA cumplirá la meta de BM en enero y podría sobrecumplirla en los siguientes dos meses».
Sin margen para flexibilizar las políticas monetaria y fiscal
Pero para que la rápida contracción que se observó en la cantidad de dinero en la economía se traduzca en una tasa de inflación cercana a la nueva meta objetivo del 23% anual hacia fin del año, menos de la mitad de la actual, será clave que el Gobierno no caiga en la tentación de apreciar el peso como ancla fallida de la inflación, es decir no sostener el tipo de cambio virtualmente congelado, como se observó en el último trimestre, porque puede reaccionar en el peor momento, como ocurrió a fines de abril de 2018 cuando se reglamentó el Impuesto a la Renta Financiera para los no residentes.
La historia argentina muestra que en los años de elecciones presidenciales se despierta un aumento de la dolarización de carteras, más aún si crece la probabilidad de cambio de signo político en diciembre. Y si a ese momento se llega con una paridad atrasada, esto es muy por debajo del nivel que sea atractivo para los exportadores y poco conveniente para los importadores de bienes de consumo que compiten con la producción nacional, podrían afectarse severamente las expectativas y acelerar la inflación, como ocurrió en el tercer trimestre del último año.
Lo mismo podría suceder, como también ocurrió en 2018, si se presentara un cambio de escenario internacional con el tipo de cambio rezagado, sea por un giro en la política de tasas de la Reserva Federal de los EEUU, o en la relación bilateral entre los EEUU y China; o que las política comercial, laboral y tributaria que adopte Jair Bolsonaro en Brasil aumente la brecha con la de su socio en el Mercosur.
Mientras que en materia fiscal, el ministro Nicolás Dujovne deberá mantenerse firme en no ceder a las presiones de flexibilidad del gasto público, como ha sido usual en tiempo de elecciones.
