El presidente Alberto Fernández fue quien emitió la orden política a Guzmán de trabajar para llegar a un consenso rápido. Habrá cambios también en muchas de las características previas de la oferta
Finalmente Alberto Fernández tomó una decisión de hombre de Estado. Finalmente hubo un quinta oferta a los acreedores con deuda emitida bajo legislación internacional, y Argentina se acercó a un acuerdo definitivo con los tres grupos que representan a los bonistas. Según los cálculos oficiales, el país podría en unos días cerrar una negociación que incluya entre el 80% y el 85% de los titulares de esta deuda, sobre la base de un reconocimiento de Valor Presente Neto (VPN) de u$s 54,8. Extremadamente cerca de u$s 54,9 que reclamaban los negociadores de los grupos AdHoc, Exchange Bondholders y el Comité de Acreedores y sobre la base argumental de la propuesta que estos hicieron hace 20 días.
“Que quede claro, no seré el Presidente del default. Reactiven las negociaciones, y hablemos durante todo el fin de semana”. Alberto Fernández le dio la orden a Martín Guzmán el sábado por la mañana. Y su ministro de Economía ensayó una mueca de aprobación y reconectó su teleconferencia con los intermediarios entre el país y los acreedores con deuda emitida bajo legislación internacional para que, ahora sí, se produzca un acercamiento final.
Luego del fracaso de la segunda oferta de Guzmán, que colectó cerca del 40% de adhesiones, las negociaciones fueron reactivadas el fin de semana por los tres bancos contratados por la Argentina. El mismo viernes por la tarde, Lazard (intermediario), Bank of America y HSBC (colocadores) tomaron la posta de volver a tender puentes entre las partes en conflicto y restablecer el diálogo entre los negociadores locales y los tres grupos de bonistas. Fue uno de los representantes de los fondos de inversión que militan en el muy duro AdHoc el que recibió el primer contacto desde Lazard con la noticia que desde Wall Street se estaba esperando: la oferta argentina sería mejorada. Y mucho. El interlocutor desde Nueva York le acercó la intención que los acreedores estaban por articular una nueva contrapropuesta de los bonistas, sobre la base de un Valor Presente Neto del 54,9%. “Convenza al Presidente sobre ese porcentaje y cerramos”, fue la invitación de la contraparte de Wall Street. Ofreció además su propio “endulzante”. Si se aceptaba este porcentaje, se podrían discutir la intención de limitar las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC), que querían imponer desde el bando de los bonistas. Un día después, el domingo por la tarde de Nueva York (y demostrando que nadie descansa cuando se trata de discutir dinero), vino la respuesta desde Lazard. “54,5%”, lanzó el financista del banco de origen belga. “Maybe deal”, fue la respuesta neoyorquina del representante de uno de los fondos de inversión que militan en el grupo AdHoc. Fue así que las partes volvieron a actuar y las negociaciones se reactivaron.
Finalmente, ese porcentaje fue llevado a la mesa del almuerzo de ayer que compartieron Alberto Fernández con Martín Guzmán. Ayer, a las 9:00 AM, desde Buenos Aires se recibió la noticia que todos estaban esperando para iniciar el día. El Lazard comunicaba a Buenos Aires que BlackRock estaba adentro, y que escalonadamente ingresarían también Fidelity, Monarch, Gramercy, Pharo Managment, Redwood Capital, Oaktree Capital, VR Capital, HBK, Pimco, Mangart Capital, Amundi, BlueBay, Rowe Price, Western Asset Management, Wellington, Alliance Bernstein y Cyrus. Para el mediodía, ya con la certeza que la mayoría de los participantes de los grupos AdHoc, Exchange Bondholders y el Comité de Acreedores aceptarían la propuesta y emitirían un comunicado al respecto; Alberto Fernández y Guzmán hicieron las cuentas finales y contabilizaron que el nivel de aceptación pasaría del 40% (aproximado) logrado por Hacienda hasta el viernes por la noche; a entre un 80 y 85% total. Sólo quedarían fuera algunos fondos de inversión irreductibles, más muchos de los tenedores particulares. Sobre estos habrá ahora una acción directa de convencimiento, y se cree en Economía que podrían sumarse un nivel de bonistas más hasta llegar a un 90% de aval. Inmediatamente comenzará Guzmán a aplicar su ahora tan comentada “cláusula de reasignación”, con lo que cerrará el canje en un 100% nominal. Como no habrá posibilidades para los tenedores de deuda emitida desde 2016 en adelante de activar cláusulas colectivas; unos u$s44.000 millones de deuda estarían cerradas. Quedará contabilizar el nivel de aceptación de los titulares de bonos lanzados en los canjes de deuda 2005 y 2010. Se supone que la mayoría de los tenedores de deuda del Exchange Bondholders (que representan a estos acreedores), están dentro de la aceptación general, pero aún preocupa que hay muchos bonistas particulares entre los propietarios de deuda lanzada durante el kirchnerismo. Será un caso para prestar atención en el momento de contabilizar adhesiones.
Lo que falta
Restan aún terminar de negociar cuestiones burocráticas y funcionales, pero igual de importantes. 1) ¿Cómo quedarán rediseñadas las cláusulas de reasignación que Guzmán quiere imponer, aunque sea hoy de manera casi simbólica y aplicables sólo a los pequeños inversores y particulares? 2) ¿De que manera y bajo qué condiciones se reglamentará la nueva cláusula rights Uppon Future Offers (RUFO)? 3) ¿Los costos de la implementación ante la Security and Exchange Commission (SEC). 4) ¿Cuál será el rol de fiscalizador del Fondo Monetario Internacional (FMI) y si la vinculación con los términos del acuerdo coincidirán con las conclusiones de las futuras misiones del organismos financiero en el país?. 5) ¿Habrá apoyo internacional para la modificación de las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC)?. Todos estos puntos serán debatidos más por los abogados especialistas que asesoran a las partes, que por los negociadores del Palacio de Hacienda. Y de ninguna manera deberían interferir en un acuerdo final. Pero lo cierto es que el andamiaje legal demandará algunos días más (probablemente entre 10 y 15 jornadas de trabajo continuo), para terminar de diseñar un acuerdo legalmente sólido antes de enviarlo formalmente ante la SEC para su aval final. Sólo luego de ese paso institucional se podrán obtener los permisos para emitir la nueva deuda que reestructurará los u$u66.800 millones que el país negocia con los acreedores.
Jennifer O´Neil siempre le dejó claro a los negociadores locales que lo último que esperan sus clientes del grupo AdHoc, es que el fondo BlackRock esté asociado a un eterno (siempre demandará años de resolución) juicio en los tribunales que hoy maneja Loretta Preska para cobrar un puñado de bonos de un país soberano que, para su cartera internacional, son marginales. Y que la intención del fondo de Larry Fink no es figurar permanentemente en crónicas periodísticas y en la jurisprudencia de los tribunales norteamericanos; como el vencedor de un juicio que complique más a un estado soberano en desarrollo. Y mucho menos compartiendo cartel con fondos buitre como Paul Singer. Y que siempre elegiría un “mal acuerdo”. O´Neil siempre creyó que la Argentina especulaba con esta suposición, lo que enojaba aún más a Fink y asociados. Fue esta abogada contratada por BlackRock para que represente a todos los bonistas duros con papeles emitidos desde 2016 en adelante, la que terminó de cerrar el fin de semana el diálogo con los intermediarios contratados por la Argentina y la que, finalmente, tendió los puentes finales para que el acuerdo sea posible.
