El tándem Thomas Griesa y el fondo buitre NML Elliott anunciaron que avanzarán en conjunto contra la colocación de ayer del Bonar 24 bajo el argumento de que estaría alcanzada por la cláusula de pari passu. Esto es, los u$s 1.415 millones que ingresarían a las reservas del Banco Central podrían ser embargados para completar los pagos a los vencedores del «juicio del siglo» en el que el juez falló a favor de los holdouts.
El magistrado de Nueva York había enviado una carta sellada en su juzgado y con su firma particular en febrero pasado, y dirigida con nombre y apellido al Deustche Bank y al JP Morgan, por la cual se les aclaraba a los dos bancos que debían mantenerlo informado sobre cualquier posible colocación de deuda en la que se involucren con la Argentina. En ese escrito se mencionaba explícitamente que ante una potencial emisión de títulos públicos Bonar 24 con la intervención de los dos bancos internacionales, éstos deberían informar inmediatamente sobre la operación al juez. Como Griesa mencionaba que este requerimiento obedecía a una presentación que había hecho el fondo buitre Elliott, se descartaba que la intención del magistrado neoyorquino apuntaba a anunciarle al Deustche y al JP Morgan sobre la ilegalidad de la operación y la posterior «complicidad» de las dos entidades con la Argentina, lo que los expondría a multas y sanciones.
Griesa hablaba a partir de informaciones periodísticas aparecidas en la Argentina sobre las intenciones del Gobierno de Cristina de Kirchner de comienzos de marzo de emitir un total de u$s 2.000 millones de Bonar 24, lo que fue advertido por Elliott y retransmitido a Griesa, que inmediatamente dio lugar a la pretensión del fondo buitre. La advertencia del juez apuntaba en realidad a la intervención de los dos bancos como agentes colocadores, algo que en la operación de ayer no existió. La emisión de los Bonar 24 de ayer fue realizada exclusivamente por el Gobierno argentino, sin la intervención de un agente financiero privado local ni internacional y bajo las leyes de las jurisdicciones locales. Esto lo dejaría a salvo legalmente, a priori y según aseguran desde el Ministerio de Economía de Axel Kicillof, de cualquier avance de Griesa, Elliott y compañía. Sin embargo, desde el bando buitre se desafía esta visión y se asegura que los compradores del bono podrían estar alcanzados por las amenazas de embargos del juez de Nueva York.
Ayer Elliott advirtió que mirará «con lupa» los nuevos bonos argentinos con el fin de «determinar cuáles son las acciones legales apropiadas». Las declaraciones pertenecen al abogado del fondo, Robert Cohen, que alertó que «el último intento de la Argentina de realizar oferta global tiene todas las características de la deuda externa que está cubierta por nuestros derechos pari passu». Por ello, indicó que NML está «analizando exhaustivamente esta transacción altamente inusual para determinar qué medidas de aplicación son apropiadas». Cohen habló a la agencia internacional Bloomberg, donde aclaró que «aquellos que contemplen participar en el último intento de la Argentina por hacer una oferta global deben entender que tiene todos los indicios de ser deuda externa que quedaría afectada por nuestros derechos pari passu».
Fuente: http://www.ambito.com/diario/noticia.asp?id=787601
