Cristina enviará un proyecto para bajar impuestos al biodiesel. La presidenta dijo que la medida será temporal, hasta que se logre reabrir el mercado europeo para ese biocombustible.
La medida tendrá vigencia hasta que la Unión Europea levante las restricciones que impuso a la producción argentina de biocombustible. Estas trabas son motivo de disputa ante la Organización Mundial de Comercio.
Cristina realizó este anuncio al presidir, mediante videoconferencia, la inauguración oficial de la planta de procesamiento de soja de Renova, en Timbúes. La fábrica, propiedad de las aceiteras Vicentín y Oleaginosas Moreno (Glencore), tiene una capacidad de procesamiento de 20 mil toneladas diarias y es la más grande del mundo en cuanto a escala desde su concepción. Demandó una inversión de 480 millones de dólares.
Si bien está operando desde mediados del año pasado, la inauguración oficial de ayer concentró la atención del poder político y los ejecutivos de las principales firmas del cordón agroexportador. En enlace con la presidenta estuvieron el gobernador Antonio Bonfatti, el secretario de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos, el senador Miguel Lifschitz, y el presidente comunal de Timbúes, Amaro Sánchez. El vicepresidente de Renova, Sergio Gancberg, ofició de anfitrión.
El biodiesel es uno de los subproductos de la industria de procesamiento de soja ya que agrega valor al aceite elaborado a partir de la oleaginosa. La actividad creció exponencialmente en los últimos años, a partir de la ley de promoción de energías renovables impulsada por el ex presidente Néstor Kirchner, y conforma un conglomerado de negocios del que forman parte las grandes aceiteras, las firmas de bioenergía "no integradas", es decir que no producen aceite, y una treintena de pymes que elaboran el producto para el mercado interno.
A pesar de ser una industria de origen "kirchnerista", todos los segmentos involucrados en el negocio vienen apilando reclamos al gobierno por un conjunto de políticas que entienden son perjudiciales, como el aumento de las retenciones a la exportación y la desactualización del precio oficial de compra en el mercado interno. Por ley, las petroleras deben cortar el gasoil con un 10 por ciento de biodiesel. Desde el sector, aseguran que ese porcentaje no se cumple y acusan al Ejecutivo de presionar sobre la rentabilidad del sector para favorecer a la petrolera YPF.
En este contexto de fastidio, la presidenta se ganó un aplauso al aliviar la carga fiscal para las empresas de biodiesel. Enviará a la Cámara de Diputados un proyecto para eximir temporalmente a la producción de ese combustible del impuesto a los combustibles líquidos, del 19 por ciento, y del impuesto adicional al gasoil, que grava con el 22 por ciento al combustible destinado a la generación de energía eléctrica.
"Si no bajamos este impuesto aumentaría el precio del combustible, y tenemos que equilibrarlo para que las petroleras no lo carguen al consumidor ni vean incrementar sus costos. Por eso vamos a hacer una serie de retoques puntuales a la Ley de Impuesto a los Combustibles", explicó Cristina.
Respaldo privado. Presente en la inauguración de Renova, Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles y crítico de las últimas medidas oficiales sobre el sector, dijo que esta iniciativa "va por el camino correcto" porque incentiva a las petroleras a cumplir con el corte del gasoil al 10 por ciento.
Describió que el mercado de gasoil tiene dos grandes demandas: la del transporte y el agro, abastecida con producción nacional, y el de las generadoras de electricidad, que casi en su totalidad se abastece con combustible importado. En el presupuesto 2014, el Ejecutivo desgravó al 41 por ciento la carga impositiva sobre las importaciones, generando un desequilibrio frente a la producción nacional. Se espera que aumente la compra de gasoil nacional cortado con biodiesel.
El mercado de gasoil para transporte es de 140 mil millones de litros al año y el de las eléctricas, 3 mil millones. La industria del biodiesel tiene una capacidad instalada de 3,5 millones de toneladas. En 2012 la producción llegó a 2,5 millones de toneladas pero en 2013 cayó a 2 millones. La caída del mercado europeo llevó al gobierno a presentar una denuncia ante la OMC y tomar medidas para incrementar el mercado interno.
