El Gobierno celebra que la deuda pública en dólares no aumenta respecto del PBI, pero no significa que la prédica de “desendeudamiento” sea real. Por un lado, con un claro atraso cambiario hoy es aventurado sostener que la deuda pública total se mantiene en un 43% del PBI como indicó el Ministerio de Economía para el cierre del ejercicio 2014, su informe más reciente. Por otra parte la deuda en pesos crece a un ritmo alarmante que coloca en zona de riesgo la ejecución del plan económico del próximo Presidente.
El extraordinario cúmulo de pasivos en pesos que distintos entes públicos dejarán de regalo a los funcionarios que asumirán el mes que viene restringirá la libertad de acción para impulsar medidas que ataquen los desequilibrios financieros. Con un déficit fiscal que costará revertir el año que viene, esos vencimientos representarán una emisión cercana a 400.000 millones de pesos, un 70% de la actual Base Monetaria, próxima a 550.000 millones. Renovar esos vencimientos demandará pagar más adelante una tasa superior a la presente, ya próxima al 30% anual; cancelarlos implicará una potente presión inflacionaria por la inundación de liquidez que abarcará a toda la economía.
El ex presidente del Banco Central Martín Redrado destacó “el menor ratio de deuda pública” respecto del PBI alcanzado a partir de los canjes de deuda, el pago al FMI y la cancelación de vencimientos en moneda extranjera, aunque explicó que esta mejora se obtuvo “con ciertos matices, ya que el desendeudamiento del Tesoro se hizo a expensas del asalto al balance del BCRA, que en algún momento habrá que reponer”.
A la par de ese auxilio al Tesoro, la entidad monetaria debió equilibrar su contabilidad con un profundo endeudamiento. Las emisiones de Letras y Notas del BCRA (LEBAC y NOBAC) que vencen entre el 16 de diciembre de 2015 y el 6 de julio 2016 suman un monto efectivo de colocación por 210.771 millones de pesos. Si se computan los intereses, los vencimientos totales alcanzan los 250.000 millones de pesos en poco más de un semestre. Semejante compromiso obligará al organismo a renovar la deuda, es decir, diferir vencimientos y acopiar más pasivos con la oferta de tasas elevadas.
A su vez, el Tesoro nacional emitió entre enero y octubre de 2015 títulos por $161.000 millones, al sumar deuda por $71.687 millones y USD 9.433 millones (bonos en moneda extranjera y en pesos “dollar linked”). Estos bonos también concentran los vencimientos en 2016 y 2017. Muchas de esas colocaciones se realizan entre organismos públicos, con alta posibilidad de “roll over”, pero en otros casos es más difícil, como las cuatro emisiones de Bonos del Tesoro Nacional (BONAC) que vencerán entre marzo y septiembre de 2016. Son colocaciones efectivas por 48.980 millones de pesos, que ofrecen una tasa de interés en torno al 27% anual. El 60% de los cupones se pagarán luego del 10 de diciembre, por lo que implicarán desembolsos totales para la próxima administración por unos 57.000 millones de pesos.
Con este panorama la estabilidad de la deuda pública es una ilusión, pues el déficit fiscal es financiado con emisión monetaria y su costo, trasladado a toda la sociedad con inflación o diferido con nuevas colocaciones a corto plazo. El rojo financiero proyectado para este año, posterior al pago de deuda, se ubica en un rango del 6 al 8 por ciento del PBI, según se contemple o no la emisión de títulos del Banco Central.
En las últimas semanas el BCRA redobló las ventas de dólares a futuro, para darle la señal al mercado de que el precio oficial de la divisa no se alejará de los 10 pesos. En estos contratos en pesos se fijan valores como si se tratara de un seguro de cambio. Bancos y empresas que demandan dólar a futuro pagan hoy el precio ofrecido por la autoridad monetaria como referencia para los próximos meses. Al momento del vencimiento la entidad se compromete a pagar en pesos la diferencia, si es que el valor del dólar oficial supera el estipulado. Si el precio es menor al acordado, la diferencia queda para la entidad, en perjuicio del privado.
Los contratos de dólar a futuro son una muralla infranqueable para el próximo Gobierno si prevé aplicar una fuerte devaluación del peso en el primer semestre. Por ejemplo, si el dólar oficial sube de 10 a 15 pesos, el Estado deberá desembolsar unos $60.000 millones para cubrir la diferencia por ventas a futuro del orden de los 12.000 millones de dólares.
La economía real está directamente afectada por estos desmanejos financieros y por los ajustes que exigirán más adelante. Un informe de Invecq Consultora Económica explica que “para que un plan cambiario tenga éxito en alcanzar un nivel de tipo de cambio real más competitivo, sería decisivo que un plan anti-inflacionario logre actuar suficientemente rápido como para frenar la aceleración de precios”. La consultora considera imprescindible avanzar en la reducción del déficit fiscal y emisión, y el aumento de la tasa de interés real, pero no descarta ”costos significativos -aunque quizás transitorios- en términos de actividad y empleo“. Concluye que “sin un acceso rápido al financiamiento externo que logre amortiguar tales cambios y alargarlos en el tiempo, los cambios no tendrán más opción que sucederse a gran velocidad”.
Fuente: http://opinion.infobae.com/juan-gasalla/2015/11/03/la-deuda-en-pesos-una-bomba-a-desactivar/
