El ministro de Economía presentaría hoy formalmente su nueva propuesta, que sería la definitiva y tendría el visto bueno de al menos una parte de los grandes tenedores de títulos. Todavía está lejos de lo que piden los acreedores, pero representa una suba sustancial respecto a la original, valuada en USD 40
Los tiempos se van acortando y la expectativa de los inversores es que finalmente hoy el ministro de Economía, Martín Guzmán, presente la nueva oferta a los acreedores. Aunque todavía hay algunas dudas sobre su contenido, lo que sí está claro es que sería la definitiva y a partir de ahí se abrirá el período para aceptarla o rechazarla. Según los plazos divulgados por el propio Gobierno, habrá una semana para definir qué hacer, hasta el 12 de junio, y el 15 se divulgarán los resultados finales.
De acuerdo a las negociaciones secretas que mantuvieron los distintos fondos de inversión con Guzmán, todo indica que la oferta tendrá un valor presente de USD 50 y se agregaría un cupón PBI, que ayudaría a mejorar esa valuación en alrededor de 1,5 ó 2 dólares. Se calcula una tasa de salida para la nueva deuda argentina (o “exit yield”) en torno al 10% anual en dólares.
El ministro de Economía ya había informado que había un “escaso margen” para seguir mejorando la oferta. Se refería a la presentada de manera informal, que mejoró la propuesta original desde USD 40 a USD 47 a partir de un acortamiento de plazos, reducción del período de gracia, menos quita de capital y reconocimiento de intereses corridos. Esa combinación de alternativas se mantendría para mejorar algo más pero ya no habría margen para un ajuste sustancial.
Si la oferta se ubica en USD 50, que luce como lo más probable, significa una mejora importante en relación a los precios de la mayoría de los bonos, que se ubican entre USD 37 y 40, luego del rally de las últimas dos semanas. Pero el número está lejos de las ofertas presentadas por los tres grupos de bonistas, que van de USD 58 a U$S 61.
El escenario más probable, si finalmente la oferta de Guzmán queda en esos valores es que una porción de acreedores defina no entrar al canje, por lo que podrían optar por vender sus títulos a terceros o directamente litigar. La futura presencia de “holdouts” podría dar lugar a que aparezcan «fondos buitre” que busquen litigar contra la Argentina.
No está claro aún si el Gobierno podría conseguir los dos tercios de aceptación que precisa para meter a todos los tenedores de “bonos Macri», es decir emitidos a partir de 2016, en el canje. En el caso de los títulos correspondientes al canje 2005 (Pares y Discount) se precisa un porcentaje todavía mayor para que ingrese el resto: 85%.
La aparición del staff del FMI advirtiendo que la Argentina cuenta con un escaso margen para mejorar la oferta le puso más pimienta a la negociación esta semana y hubo respuestas tanto del Gobierno como de los acreedores. Pero en general se lo vio como la respuesta a un pedido de Guzmán para que quedara claro que no había espacio para ninguna mejora sustancial a los bonistas. También estaría detrás de esta postura y el mensaje del FMI el economista Joseph Stiglitz, con quien trabajaba el ministro de Economía en la Universidad de Columbia, en Nueva York.
El cupón PBI, que terminó muy desacreditado por la manipulación del INDEC, sería reflotado como una suerte de “zanahoria” para los bonistas, ante la diferencia que existe entre la postura oficial y la de los acreedores. Pero la mala experiencia pasada y las dificultades del Gobierno para explicar cuál es el plan de crecimiento post-pandemia lo vuelven poco atractivo al menos en un primer vistazo.
