El porcentaje llegaría a 52%, sumando cupón por exportaciones más un pago extra hasta que comience el cronograma de liquidaciones. Confirmado: quita de capitales será simbólica.
Alberto Fernández terminó de cerrar ayer por la tarde la fórmula final con la que piensa avanzar el fin de semana, para llegar a un principio de acuerdo con gran parte de los acreedores argentinos poseedores de deuda emitida bajo jurisdicción internacional. La propuesta final que se escuchará en horas será un 49,9% más anabólicos extras que llevarán el porcentaje de Valor Presente Neto (VPN) a un 52%. La distancia con el 55% de la última propuesta de los bonistas se ubica ahora en el rango de los u$s3.000 a u$s4.000 millones (dependiendo del título del que se trate); y si los acreedores se movieran en las próximas horas sólo dos puntos porcentuales hacia el 53%, podría llegarse a un deal este mismo fin de semana.
Martín Guzmán y el Presidente cerraron los números finales de lo que se cree será el último esfuerzo real y concreto del Gobierno argentino para llegar al apretón de manos que tanto se busca. Según lo que se consideró entre el miércoles y ayer en las tardes de reuniones de Olivos entre el jefe de Estado y su ministro de Economía, esta oferta será la frontera final, y que, ahora sí, Argentina no tiene más margen de mejora para poder acercarse a los bonistas, sin romper la promesa firmada y avalada con el Fondo Monetario Internacional de un tope de 50% de VPN. Según la fórmula que se terminó de elaborar, y teniendo en cuenta que se trata de un mix de opciones de unos 12 bonos, el promedio general implica una tasa de interés mejorada superior al 2,5% original y cercana al 3,5%, una quita de capital simbólica (casi nula para los tenedores de deuda emitida bajo los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner), el adelantamiento de los plazos de pago del último trimestre de 2023 al mismo período pero de 2022, y una mejora sustancial en la vida útil del collage de bonos originales con un promedio de vencimiento menor a los 5 años frente a la propuesta fallida del 8 de mayo.
A esto habrá que sumar, tal como adelantó ayer este diario, la mejora de los aspectos legales para los bonistas K: éstos no tendrán la aplicación de la “cláusula antibuitre”, y mantendrán la posibilidad de hacer juicio ante el tribunal de Loretta Preska si la Argentina no paga sus compromisos. Esto último, un éxito del abogado norteamericano Dennis Hranitzky, pudo haber destrabado la negociación con los tenedores de deuda emitida para salir de los canjes de 2005 y 2010, y que ahora van por su segundo reperfilamiento en menos de 15 o 10 años.
Quedó claro en las reuniones del miércoles y ayer que la planilla de cálculos original elaborada por Guzmán y hecha realidad el 8 de mayo pasado ya es historia, por decisión del propio Alberto Fernández. Hacia delante la solución de la renegociación de la deuda externa será política, pero siempre bajo la conducción de Guzmán, que aceptó defender la nueva etapa de la discusión sin problemas de cartel ni copyright. Hacia dentro del gabinete, y de los aliados del oficialismo, se mantendrá la prescindencia absoluta y el respeto a la tarea del ministro.
Límite
La oferta final del Gobierno mantendrá a rajatabla el límite de 49,9% por dos cuestiones innegociables para el oficialismo. La primera es política. Alberto Fernández presentará en sociedad siempre un acuerdo en el que el que triunfe porcentualmente sea el país. En este caso, la mayoría de la quita es de los acreedores, aunque sea de manera ínfima. “Siempre tiene que tener un cuatro delante”, es la máxima del albertismo que se respetará hasta el final, al límite de no firmar un acuerdo que no incluye ese tope. Por otro lado, el FMI impuso un límite de 50% para que el acuerdo cumpla la premisa de ser “sustentable” para la economía argentina. No es un tema menor. Una vez que se termine la negociación con los acreedores, el Gobierno deberá abrir de manera inmediata a las rondas de diálogo para discutir cómo se pagarán los casi u$s44.000 millones que se le deben al organismo financiero internacional. La gente de Kristalina Georgieva ya dejó claro que está dispuesta a una negociación flexible y amplia, pero sólo si antes se cierra un acuerdo con los privados internacionales que sea “sustentable”. Esto es, que a los números del FMI sea pagable. O, dicho de otra manera, que le permita al Gobierno argentino disponer del dinero para poder cumplir también con los pagos al Fondo.
¿Cómo el 49,9% de VPN se convierte en 52%? A través de dos nuevas fórmulas indexatorias de los pagos, intangibles en el momento de firmar el acuerdo. La primera es la aplicación del cupón que evolucionará a través de las exportaciones futuras de la argentina. Tal como anunció este diario el miércoles, para calcular los pagos habrá un random de evolución de los ingresos vía ventas al exterior, con la garantía para los acreedores que siempre tendrán pagos cuando éstas crezcan, independientemente de que el país mejore su economía o haya superávit comercial. Este bono reemplazará al polémico cupón PBI y a la polémica planteada por Hranitzky, que reclamaba que el país renunciara a su soberanía adoptando la medición del FMI.
El segundo “endulzante” que mejorará la oferta y la llevará cerca del 52% será la aplicación de un pago extra que se liquidará antes del comienzo del cronograma de pagos, y que se incluirá con el eufemismo financiero del “premio” que recibirían los acreedores que primero se sumen a la oferta y que no recibirán pagos por dos años. Calcula el Gobierno que se trata de entre u$s1.000 y u$s1.500 millones.
La idea del Gobierno es que los pagos comiencen en 2021 y que el financiamiento provenga del próximo acuerdo con el FMI, a través del programa de Derechos Especiales de Giro (DEG) a los que Argentina tiene acceso sólo por ser socio del organismo y estar con la cuota al día. Y que Georgieva prometió que comenzará a liquidar en el segundo semestre del año, con la justificación de la ayuda financiera para paliar las consecuencias del coronavirus en la región. Como el dinero no tendrá destino predeterminado, como cualquier préstamo del FMI, Argentina podría usar esos fondos con la finalidad que considere necesaria. Por ejemplo, pagarles a los acreedores privados. Esta liquidación, según el tiempo de pago, podría ser o un bono (más de un año) o una Letra del Tesoro (menos de 12 meses). Lo importante es que no necesariamente debe ser contabilizada como un pago dentro del propuesta final, con lo que no afectará el 49,9%.
Desde esta mañana, la ruta cronológica de la negociación será la siguiente. Si el diseño final de la oferta está terminado para el lunes, la Security and Exchange Commission (SEC) recibirá el documento firmado por el estudio de abogados Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, y se abrirá entonces el período final de negociaciones para firmar el eventual deal. Si los tiempos no alcanzaran, el Gobierno tiene dos opciones: pedir un “waiver” de hasta 48 horas (hasta el 14), o pedir otros 10 días más de plazo para continuar discutiendo. En el primer caso sería sólo un mensaje formal. Para lo segundo se necesitaría el aval de los acreedores, lo que, se descarta, se conseguirá.
