Como las jubilaciones se ajustan por índices pasados, más altos que la inflación actual, el recorte será más fuerte sobre subsidios, ministerios y obras
El Gobierno se propone cumplir con la ley de Responsabilidad Fiscal, por la cual el gasto corriente primario se mantenga constante en términos reales, y que el nivel de erogaciones se licúe con el crecimiento del PBI para cumplir con las metas fiscales. Pero sabe que para lograr el objetivo de déficit primario de 3,2% sobre el PBI en 2018, el esfuerzo será duro, porque estará obligado a ajustar los rubros que no están indexados.
Según estiman los privados, el aumento del gasto total debe ser equivalente a la inflación menos cinco puntos, debido a que las erogaciones sociales, la mitad del gasto, siguen a la evolución pasada de los precios (más alta).
Según un análisis del Estudio Bein, si la economía creciera 3% el año que viene, alineado con las proyecciones del Gobierno, el gasto público debería bajar 4,5% en términos reales para cumplir con las metas fijadas.
Para el cálculo parte de un déficit este año de 4,5% (que incluye los ingresos por blanqueo, que el año que viene ya no estarán). Supone que la recaudación crecerá con la economía, pero puede desacelerarse si se aplica una reforma tributaria, y estima que el atraso cambiario se mantiene constante para calcular el crecimiento en dólares del PBI.
Sin embargo, el Estudio Bein estima que el crecimiento del año próximo será de apenas el 1,6% por el atraso cambiario, el impacto en el consumo de los ajustes de tarifas y porque los niveles de obra pública pueden alivianarse. También, por un mayor ajuste fiscal.
En ese caso, el esfuerzo del fisco debería ser superior, para que el gasto público caiga en términos reales el 5,7%. «El atraso cambiario ayuda porque no pega sobre los subsidios (en gran parte, atados al tipo de cambio). Cualquier movimiento hacia arriba del tipo de cambio, requeriría mayor esfuerzo fiscal», advirtió Santiago Mosquera, economista de la consultora, que estima una inflación del 16% en 2018.
Si la economía no creciera en 2018, el gasto debería caer 7,3% en términos reales. Este esfuerzo fiscal, a la vez, debe hacerse sobre la parte del gasto que no está indexada. Sucede que casi la mitad del gasto público jubilaciones y pensiones y otras asignaciones está actualizado en forma automática en marzo y septiembre de cada año, por la fórmula de movilidad, atada a la recaudación y a la evolución de los salarios formales del período anterior. En un contexto de inflación descendente, implica un gasto público en ascenso.
La consultora LCG prevé que el gasto previsional avance 5% en forma acumulada el año que viene (después de que avanzara 0,4 punto del PBI este año).
«El aumento del PBI es el que va a ir disminuyendo el déficit sobre el PBI. Pero el 50% del gasto es seguridad social y subsidios sociales y está indexado a la inflación de 2017. Eso implica 0,6 punto más del PBI sólo por el cumplimiento de la ley», coincidió el economista Miguel Angel Broda.
Según su análisis, con un crecimiento estimado de 2,8% en 2018, el Gobierno deberá llegar a su meta de déficit de 3,2% desde un 4,9% del PBI en 2017.
«Es un enorme esfuerzo; es una tarea dificilísima», dijo el economista Miguel Angel Broda. «No decimos que no se pueda hacer», agregó. Porque no prevé una suba de ingresos, ya que el alza de la recaudación será compensada con la reducción gradual de la alícuota a las retenciones a las exportaciones de soja (0,4% del PBI) y la devolución de tres puntos de coparticipación de ANSeS a las provincias (0,2% del PBI).
Según su análisis, para cumplir con la meta, el gasto en subsidios tendría que desaparecer. Pero para que baje desde el 2,3% del PBI actual, las tarifas de transporte deberían subir 200%; las de electricidad, 100%, y las de gas, 300%.
El Gobierno ya adelantó un recorte de 0,7 punto sobre el PBI en los subsidios para el año próximo, su intención de avanzar en los PPP y fijó topes al crecimiento de los gastos en los ministerios. En tanto, prevé que la recaudación crecerá por efecto del repunte de la economía y de la inflación. Y planificará el efecto de la reforma tributaria al Congreso para cumplir con la meta fiscal.
Pero se espera conocer con mayor precisión recortes adicionales después de las elecciones de octubre.
Porque para lo que resta del año, también deberá recortar en términos reales el gasto entre 6 y 7% para alcanzar la meta del 4,2%, según indicó el economista Gabriel Caamaño Gómez: «Dado los primeros cinco meses del año, el gasto se tiene que desacelerar a la mitad».
Entiende que será clave la decisión que se tome con las tarifas de transporte para bajar los subsidios a ese sector (1% del PBI), cuánto se desaceleran las remuneraciones por las nuevas paritarias estatales y las transferencias a las provincias.
