En agosto el mérito correspondió a las transferencias de casi $44.000 millones del Banco Central. Evitaron un rojo de $27.756 millones. Pero en ocho meses gravitó la austeridad del gasto público real
Alfonso Prat-Gay y Gustavo Marconato, ministro de Hacienda y Finanzas y secretario de Hacienda, respectivamente, han mantenido en los primeros ocho meses del año la estrategia de quebrar una larga historia de casi 10 años en la que los gastos crecieron más que los recursos fiscales, y prometieron repetir en 2017, según los postulados del Presupuesto de Gastos y Recursos que ahora sí parece «presentado en tiempo y en forma».
Claro que para ver ese desempeño hay que acudir a los compromisos «devengados», es decir los comprometidos por el Gobierno, aunque no todos necesariamente pagados, en lugar de la tradicional «base caja», porque en ese caso la liquidación de las deudas pendientes de la administración anterior infló singularmente el nivel de erogaciones de la primera parte del año. De ahí que mientras en el primer caso el déficit fiscal primario bajó, en el segundó aumentó.
Y si bien, conforme a lo pautado para el año de una asistencia máxima del Banco Central al Tesoro de $160.000 millones, similar al giro del 2015, la autoridad monetaria volvió a ser clave para la reducción del rojo fiscal, y con ello del efecto propagador sobre la desaceleración de la inflación en agosto que el Indec reflejó tanto en la variación del Índice de Precios al Consumidor, como en el Índice de Precios al Por Mayor y en el Costo de Construcción, también excluido ese efecto se advirtió un mejor desempeño que en el pasado año en el resultado de las cuentas públicas.
Así lo reflejó la Dirección de Análisis Fiscal de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) en el informe sobre la Ejecución Presupuestaria de la Administración Central al cierre de agosto, en base devengado: con asistencia del BCRA el resultado primario, antes del pago de intereses de la deuda pública, fue negativo en $17.541 millones, 63,5% inferior al rojo acumulado en igual período del año anterior, en tanto el financiero aumentó 12%, menos de un tercio de la inflación observada en esos ocho meses comparados.
Si se excluye el efecto de la asistencia financiera del Banco Central, el rojo acumulado desde el inicio del año fue de $146.313 millones, un 22,5% superior al nivel nominal de igual tramo de 2015, pero también muy inferior a la suba promedio de precios, que fue del orden del 40 por ciento.
En el caso puntual de agosto, la ASAP registró el paso de un déficit de $4.200 millones en 2015 a un superávit de $16.013 millones, por efecto en exclusiva del crecimiento de las transferencias del Banco Central en poco más de $27.000 millones. Si se excluye ese giro en los dos años surge, por el contrario, se advierte un incremento del rojo fiscal del 35,1%, a $27.756 millones, también inferior a la tasa de inflación, pero en unos ocho puntos porcentuales.
EL MEJOR CUADRO PARA SEDUCIR AL FONDO MONETARIO
Brusca desaceleración de la tasa de inflación, caída en términos reales del déficit fiscal real, esto es neto de las influencias de pagos incumplidos de la administración anterior, y la llegada de los primeros «brotes verdes» en los indicadores de actividad de sectores de la producción y el comercio, que se esperan que se adviertan con más nitidez con la llegada de la primavera, parecen ingredientes contundentes para que los auditores del FMI que visitarán la Argentina desde el lunes recomienden, al fin de su tarea en 10 días, levantar la «moción de censura» a la estadísticas de la Argentina que dispuso el 1 de febrero de 2013, y tras una década que estuvieron vedados a ver las cuentas nacionales, y sólo se nutrieron de fuentes privadas.
No se trata de un punto de giro menor, porque si bien la Argentina no tiene previsto acudir a la asistencia financiera del Fondo Monetario Internacional para poder cumplir con su Plan Financiero de 2017, estimado en unos USD 38.000 millones, allanará el camino a la mejora de la nota del país por parte de los organismos de crédito, las evaluadoras de riesgo soberano y los mercados bursátiles del mundo que dejarán de encasillar al país como «nación de frontera», esto es de alto riesgo.
Ese estado explica que el Índice de Riesgo País de la banca JP Morgan, con 463 unidades, se mantenga más de 100 puntos básicos por arriba del que le asigna a Brasil, pese al complejo escenario político que atravesó y la menor perspectiva de crecimiento, y que el balance del Foro de Inversiones y Negocios que convocó a más de 900 empresarios de 67 países y otro tanto de CEO locales, no resultara tan positivo, como los halagos que recibió los primeros nueve meses del gobierno de Cambiemos.
