Macri, feliz, ve como progresa, ahora sí, su mecano fiscal 2018. Las reformas aplicadas al unísono le permitirían ahorrar al Gobierno entre $120.000 y $130.000 millones el próximo ejercicio.
El gran y ambicioso Mecano fiscal que ideó el Gobierno luego de una orden puntual de Mauricio Macri va tomando forma. Garantizada la aprobación de las reformas impositiva, laboral, de coparticipación y responsabilidad fiscal con las provincias, y avanzado un principio de acuerdo político para modificar la movilidad jubilatoria, el Gobierno está a un paso de conseguir las herramientas para el verdadero objetivo de toda esta múltiple combinación de cambios: la meta fiscal en 2018 de 3,2% del PBI. Esto es, más de un punto del PBI contra los 4,5% que se esperan este año. Y, en dinero contante y sonante, entre $120.000 y $ 130.000 millones de ahorro entre 2017 y 2018. Y siguiendo la tendencia, la garantía de que Mauricio Macri tendrá la posibilidad de una reelección presidencial con un déficit fiscal de menos de 3% y cercano al 2,5% en 2019. El dato no es menor. Es lo que indicaría la OCDE para ser calificado país en desarrollo y estaría dentro de las metas de Maastricht, el acuerdo que rige para que los países europeos puedan ingresar a la UE.
Pero no son estos galardones los que llevaron a Macri a dar la orden de bajar el déficit a 3,2% en 2018 ni a sus ministros a estructurar las reformas. Según el Presidente, en una visión casi personal que tiene en mente desde mucho antes de llegar a la Casa Rosada, el desquicio fiscal que dejó el kirchnerismo es la verdadera causa de la inflación superior al 20% anual y la falta de crecimiento genuino en el país. Logrado entonces el dominio de la variable fiscal, todo lo demás vendría por añadidura. Por lo demás, entiende Macri un crecimiento anual de entre 3% y 4% del PBI sostenido en el tiempo (o por lo menos durante los seis años que le quedarían por gobernar, reelección incluida), con una inflación de menos de 10%. Con esto, el resto sería administrar la situación y pensar las estrategias de producción para el largo plazo.
Todas las reformas negociadas y en negociación apuntan así a un déficit de 123.000 millones de pesos en 2018, según los números del PBI de 2017 (cualquier cifra entre $120.000 y $130.000 millones igual estaría bien).
La convicción del Ejecutivo (asentida con la cabeza por el BCRA de Federico Sturzenegger) es que el dominio del IPC está directamente relacionado con la reducción del déficit, y la consiguiente baja en la necesidad de emisión monetaria o endeudamiento externo. Y para esto, la única manera de darle oxígeno y comenzar la sanación de las cuentas públicas sin abjurar el gradualismo como mayor restricción, en especial política, es mostrar a los operadores internos, pero fundamentalmente externos, que el indominable déficit fiscal está en baja.
El porcentaje de reducción de 4,5% a 3,2% fue impuesto por el propio Presidente. Lo blanqueó el 23 de octubre, un día después de su triunfo en las elecciones legislativas, donde al discurrir sobre varios temas de la agenda económica, dijo que «mientras Argentina tenga déficit fiscal, va a seguir teniendo que tomar deuda. Tenemos un compromiso central que es reducir la pobreza y el primer camino es bajar la inflación. Por eso, si uno no va a financiar el déficit con inflación, lo tiene que hacer con deuda»; y que «es importante seguir avanzando en esta reducción gradual del rojo fiscal, es el compromiso que asumimos desde el primer día y vamos a aprobar en el Congreso un Presupuesto que comprometa que el déficit sea menor al 3,2% en 2018». Estas dos frases son la clave de lo que realmente Macri tiene en mente y cómo se diseñó el paquete que ayer comenzó a tomar vida propia con el acuerdo con las provincias.
El Gobierno avanza en una máxima peronista, a la inversa. Una máxima de la política criolla afirma que sólo un Gobierno de raíz justicialista puede impulsar exitosamente medidas que afecten (aunque sea ideológicamente) a los sectores más populares. Lo hizo Carlos Menem (ajustes varios y privatizaciones), siguió brevemente el ejemplo Eduardo Duhalde (corralón y devaluación) y lo complementaron Néstor y Cristina Kirchner (Ganancias a los trabajadores en relación de dependencia). Mauricio Macri aplica la receta a la inversa. Si se coincide con que el actual Gobierno se ubica en algún tipo de centroderecha, se considerará más factible avanzar en reformas estructurales que afecten a los sectores que una gestión de este tipo buscaría defender. La aplicación del impuesto a la renta financiera, la suba de los aportes previsionales para los salarios más altos, la aplicación de impuestos internos a las bebidas con alcohol y a los servicios vía internet y el cambio en el cálculo indexatorio para las jubilaciones (que afecta más a las de mayor nivel) van en este sentido.
Según los números generales, la reforma previsional sería la principal fuente de financiamiento para lograr el superávit de 3,2%. El simple cambio de dejar de tomar la movilidad jubilatoria y pasar a calcular los aumentos de los jubilados y beneficiarios de los planes sociales con el IPC le ahorraría al Estado entre 80.000 y 100.000 millones de pesos. La reforma impositiva aportaría el resto. En este último punto, ¿cómo es que los cambios tributarios anunciados como neutros por el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne permitirían semejante disponibilidad de dinero? Simple: la estrategia de la reforma impositiva está basada en recaudar rápidamente impuestos (internos, ganancias para las personas, IVA, renta financiera, etc.), y rebajar tributos para el mediano y largo plazo (ganancias para empresas comenzará a sentirse recién en 2020).
El programa tiene un riesgo no menor. Como todo ajuste fiscal basado en mayor presión sobre el consumo y una pérdida inevitable en el poder adquisitivo (a los nuevos tributos se les suma una mayor carga sobre los servicios públicos), la gestión podría derivar en un atentado al consumo interno, con la consecuente pérdida de humor de la clase media criolla. Lo sabe el Gobierno, que deberá atender al máximo la situación recurriendo a todos los mecanismos que el duranbarbismo tiene en catálogo. Sin embargo, la aplicación podría sufrir una complicación: el plan no resiste un «cisne negro». Cualquier alteración grave en la economía que no pueda anticiparse afectaría toda la estantería fiscalista y obligaría a un Plan B que añeje todo fantasma que recuerde el final que dejó el último que aplicó seriamente un programa de este tipo: José Luis Machinea.
Fuente: http://www.ambito.com/903767-la-meta-final-es-un-deficit-del-32-para-2018
