Planificación comprometió a 20 provincias a congelar tarifas y negocia con las tres restantes. Se aplicará un esquema similar a los recortes en el gas por red
La quita de subsidios a la electricidad comenzará en septiembre y se empleará un esquema similar al usado con el gas por red, indicaron a El Cronista fuentes oficiales.
El Gobierno implementará quitas parciales y escalonadas de subsidios durante toda la primavera y el verano, que impactarían de lleno recién sobre el fin de la temporada estival. Los recortes de subsidios serán mayores a los usuarios de más consumos y se promoverán incentivos para el ahorro. También se mantendrán las excepciones actuales: aquellos usuarios sin gas natural que calefaccionan sus hogares con electricidad, por ejemplo, no sufrirían recortes.
Para eso, el Ministerio de Planificación apurará la semana próxima la firma de convenios de congelamiento de tarifas con las tres provincias que quedan: San Luis, Santa Fe y Salta. Se trata de un paso previo a quitar subsidios, para restringir las distorsiones de precios que existen entre las distribuidoras provinciales y entre ellas y las del área metropolitana, que, bajo la órbita de la Nación, no aumentaron sus precios desde la convertibilidad.
Las distribuidoras del Interior cobran a sus usuarios un canon variable llamado Valor Agregado de Distribución (VAD). La quita de subsidios elevaría el costo de la electricidad para el usuario y, por lo tanto, el aumento sería más oneroso fuera del área metropolitana. Por eso, Julio De Vido –que ayer defendió el papel de la estatal Enarsa en las distintas áreas del sector energético– se reunió durante el último mes con veinte gobernadores y consiguió que congelaran sus tarifas a los valores del 31 de diciembre, a cambio de que el Estado nacional financie obras en el tendido eléctrico. El viernes firmó su compromiso el gobernador Martín Buzzi, de Chubut.
El pomposo “Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas y Reafirmación del Federalismo Eléctrico e Integración en la Argentina” obliga a las provincias a transparentar costos del sector eléctrico, realizar estudios que permitan aplicar subsidios con equidad, verificar que una eventual quita de subsidios no genere una competencia desleal de precios entre las provincias y a frenar por 365 días cualquier aumento tarifario.
A cambio, la administración central financia obras por entre $ 150 y $ 200 millones en cada distrito, que se ampliarán otro tanto si se ejecutan con diligencia. La cifra no es despreciable. En Santa Fe, por ejemplo, la Empresa Provincial de Energía (EPE) ejecutó obras por $ 60 millones el año pasado, graficaron en Planificación. El ejemplo no es inocente: el gobernador Arturo Bonfatti se resiste a firmar el acuerdo.
Con ese primer paso en vías de concretarse, el Ejecutivo le puso fecha a la quita de subsidios a la electricidad. Como ocurrió con el gas, se anunciará antes de la temporada de mayor consumo y se premiará el ahorro de energía, que permitiría reducir el oneroso déficit energético y la consecuente sangría de dólares (las consultoras estiman que la importación de energía insumirá este año unos u$s 13.000 millones).
Hay que pasar el verano
En el Gobierno saben que el recorte de tarifas al sector eléctrico es más complejo que el del gas, cuyas boletas aumentarán, según lo anunciado, entre 100% y 284%. No por las excepciones, que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) afinó en 2009, cuando la quita anterior de subsidios repercutió con fuerza en sectores de altos consumos y bajos ingresos y sin gas natural. El gran escollo es el estado de la red de distribución. Las inversiones corrieron mucho más lento que el aumento del consumo y las redes llegaron a puntos límite, lo que provoca prolongados cortes de luz en lo más álgido del verano.
Según Planificación, el Gobierno comprometió $ 13.000 millones para mejorar las redes de distribución en todo el país en dos años: $ 4.800 millones para el área metropolitana y $ 8.200 para el interior. En la metrópolis, se canalizarán a través del Fondo para Obras de Consolidación y Expansión de Distribución Eléctrica (FOCEDE), que pasaron a la administración estatal en enero, tras los últimos cortes de luz. El Gobierno duplicó sus recursos sin aumentar el cargo que existe en las tarifas, y comprometió a Edenor y Edesur a anunciar inversiones en gran parte financiadas por el Estado a través de Cammesa.
