Reclaman que la oferta incluya los dos «anabólicos»: el cupón por exportaciones (o PBI) y el pago de los intereses no liquidados en 2020. La diferencia para un acuerdo es hoy de entre u$s3.000 y u$s4.000 millones. El Gobierno ofrece 49,9% más endulzantes (52%).
En las horas que restan hasta el viernes se sabrá si finalmente hay acuerdo entre Argentina y los fondos de inversión, o si será necesario pedirle a la Security and Exchange Commission un nuevo plazo de 10 días para seguir negociando. Es que mientras se firmó ayer un nuevo plazo de confidencialidad entre las partes, quedó clara una realidad: los tenedores de deuda emitida bajo legislación internacional -representados por los tres grupos de bonistas con los que negocia el Gobierno- volvieron a aplicar desde el viernes de la semana pasada la misma estrategia que ya les dio resultados en los días previos al 8 de mayo. Profesionales, manejados por abogados experimentados en lidiar (y ganar) en discusiones con la Argentina, volvieron a mostrarse unidos y coordinados. Pidieron lo mismo: entre 55% y 54% de Valor Presente Neto (VPN), incluyendo los “anabólicos” especiales diseñados por el Ministerio de Economía.
Plantados en ese porcentaje se ubicaban hasta ayer el poderoso Grupo Argentino Ad Hoc -donde militan BlackRock, Fidelity y Ashmore, entre otros- y el Grupo de Bonistas del Canje, de Monarch, Cyrus, HBK y VR, manejados por el hábil abogado Dennis Hranitzky, ex Paul Singer, y hoy negociador estrella de los bonistas con deuda emitida durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Descartaba el Gobierno que desde este dúo se expusiera una posición dura y directa, más en tiempos de cierre de plazos. Lo que sorprendió al Gobierno fue que la misma actitud de defender irreductiblemente el VPN de 55% la exponga el Comité de Acreedores de la Argentina, donde se anotan Greylock, Fintech y Gramercy, tres fondos que hasta el jueves de la semana pasada se consideraban aliados del Gobierno y el puente negociador extraoficial entre el Ejecutivo y los acreedores.
Sin embargo, desconcertó al oficialismo una conversación directa vía teleconferencia que el viernes mantuvieron algunos de los representantes más importantes del Gobierno en esta batalla (algunos sin cargos públicos) con el mexicano David Martínez, dueño del fondo Fintech y aliado histórico del kirchnerismo. El financista fue la llave del éxito del canje de 2010, actuó a favor del país en el “Juicio del siglo” contra los fondos buitre y hasta en algunos conflictos internos que lo tenían como protagonista involuntario. También se reveló como relación útil en la renegociación que se reabrió luego del 8 de mayo con los bonistas más duros, llevando al Comité de Acreedores de Argentina a una posición mucho más cercana y “friendly” en la negociación que la que sostenían los fondos de BlackRock y Hranitzky. Fueron Fintech y Fidelity los que antes que nadie abandonaron la posición original de un VPN del 60%, y los que primero llegaron a ofrecer el 55%, arrastrando, sobre todo, a sus colegas del Grupo Ad Hoc. Sin embargo, desde esa conversación del viernes, Martínez dejó claro que ahora vuelve a cerrar filas con el resto de los bonistas, y que ya no podrán contar con él como una especie de “quinta columna” del oficialismo. Incluso, en algún momento de la charla, lanzó un “nada personal”. O eso creyeron escuchar sus interlocutores locales.
La posición de los acreedores de plantarse en un 55%, al menos hasta ayer, se basa en el reclamo que la oferta del Gobierno debe contabilizar los siguientes puntos para ser aceptada: 1) quita de capital mínima y uniforme tanto para los acreedores K como los macristas; 2) adelantar el cronograma de comienzo del plan de pagos al último trimestre de 2021, acelerándose hacia enero de 2023 (serían casi u$s1.300 millones más que lo estimado en la primera oferta); 3) mejora en el promedio de intereses llevándolo más cerca del 3,5% general; 4) aplicación de los dos “anabólicos”, el cupón atado a exportaciones y el reconocimiento de los intereses vencidos no liquidados durante este ejercicio 2020.
Se mantienen dos diferencias entre los grupos. El representado por Hranitzky ya logró, como adelantó este diario, que no se le aplique la “cláusula antibuitre” que complica la posibilidad de avanzar en futuros juicios en los tribunales de Nueva York si es que en el futuro Argentina no liquida en tiempo y forma sus compromisos. Así, los bonistas K mantendrán su derecho a litigar individualmente en caso de deuda impaga. Los acreedores con títulos públicos lanzados durante el macrismo, a los que sí se les aplicará la “cláusula”, protestaron reclamando los mismos derechos que sus primos hermanos, pero sin suerte.
La otra diferencia la plantea BlackRock: sigue reclamando que el “anabólico” del cupón, sea medido por el incremento del PBI y no por un random sobre exportaciones. Además, quiere que el producto sea el que estime el Fondo Monetario Internacional (FMI) y no el del INDEC. Se suponía que este reclamo era un capítulo más de los reclamos del fondo de Larry Fink para complicar las negociaciones, pero que llegado el momento sería una de las primeras banderas que se bajarían. Sorprende al Gobierno argentino que aún BlackRock siga insistiendo con esta posición.
Los negociadores del Ministerio de Economía se encuentran ahora ante la misma posición dura que ya experimentaron antes de las fallidas jornadas previas al 8 de mayo, cuando los tres grupos de fondos de inversión cerraron filas en el rechazo de la primera oferta diseñada por Martín Guzmán. Lograron así que la aceptación de la propuesta arañara el 18,6%, cuando debía llegar hasta el 66%; y pese al apoyo público que el Gobierno obtuvo del FMI, muchos de los economistas más grandes del globo, toda la clase política argentina y hasta el papa Francisco.
Los bonistas consideraron en ese momento, con algo de razón, que pudieron imponerle a Alberto Fernández la decisión política de mejorar sustancialmente la oferta, abandonando el duro Excel que Guzmán trajo desde la Universidad de Columbia. Luego del 11 de mayo los tres grupos tomaron la decisión de separarse temporalmente, y que cada uno discuta sus condiciones particulares. Llegó así el tiempo de la distinción entre los acreedores kirchneristas (con títulos emitidos durante 2005-2010) de los tenedores macristas. Y entre estos últimos surgió la diferencia entre los bonistas con papeles con vencimiento hasta 2030 y los posteriores. El tiempo pasó, y un mes después los tres grupos de acreedores volvieron a la estrategia que les había dado buenos resultados en mayo.
