Pasó casi desapercibido, pero mientras todos husmeaban por la ventanilla del turismo, la última semana la Unidad de Información Financiera (UIF) le puso nuevos requisitos a la compra de vehículos importados (Resolución 488 y 489). A partir de los $ 350.000, unos u$s 58.000 a tipo de cambio oficial, cualquiera que quiera comprar un vehículo deberá presentar todo un rosario de datos –incluso si la que compra es a nombre de una empresa– donde además de lo usual, habrá que consignar origen de fondos, certificado de Contador Público matriculado intervenido por el Consejo Profesional, documentación bancaria donde surja la existencia de los fondos, documentación que acredite la venta de bienes muebles o inmuebles cuyo dinero se utilizó para comprar el vehículo; monto, tipo y frecuencia de la compra de vehículos.
Es cierto que algunos de estos requisitos figuraban en las regulaciones de la UIF, si bien en algunos casos se profundizan. Pero dependerá del organismo que conduce José Sbatella la aplicación –en todo o en parte– de esas medidas que podrían incluso frenar la mecánica de cambiar los dólares no declarados en el mercado blue y después realizar transacciones con pesos para adquirir un auto importado al cambio oficial. Así, si uno optara por realizar la compra de un vehículo cuyo valor es de $ 350.000, donde habría que desembolsar u$s 58.000, cualquiera con dólares que concurre al mercado blue puede adquirir el mismo vehículo cambiando apenas u$s 35.000. El ahorro es del 40%. ¿Quién financia el resto? Respuesta: el Banco Central, es decir, todos aquellos que con su trabajo, pagan impuestos, piden permiso para comprar divisas a la AFIP y utilizan en forma cotidiana pesos argentinos para hacer transacciones admitiendo una pérdida en el poder adquisitivo que se transfiere directamente a quien emite esos pesos.
También, quien venda, deberá tener una base de datos para remitir de sus clientes y además, deberá analizar si la persona que compra ya lo había hecho en otra oportunidad: dos autos de u$s 30.000 comprados en distintos momentos también obligan a su titular a cumplir con estos requisitos.
Son pequeñas cruzadas. Silenciosas batallas que no sólo buscan evitar el lavado de dinero: también tendrán el oportuno efecto de frenar la compra de vehículos importados, y por ende la demanda de dólares para este menester, si bien la adquisición de vehículos nacionales tiene requisitos (menores) por parte de la UIF.
En esta misma línea – reglamentaciones marcadas por la urgencia– habrá que consignar dos medidas que ha tomado el Banco Central la última semana: por un lado, volvió a generar cambios en las condiciones que rigen el comercio exterior al limitar el crédito en pesos que los bancos pueden disponer para financiar a las grandes exportadoras y así obligarlas a tomar crédito en el exterior (y entrar los dólares en el mercado de cambios). Por otro, amplió los plazos para que esas mismas exportadoras puedan tomar créditos, ingresarlos al país, y recién después completar la exportación. Se estima que de esta forma entrarían unos u$s 2.000 millones hasta fin de año. A la vez, y tal como se preveía, la gente de Marcó del Pont aceleró la devaluación oficial para no perder tantas reservas: en una semana, el tipo de cambio subió 4 centavos, llegó a $ 5,96 y la velocidad subió a 40% anual. De mantenerse, en noviembre del 2014, el dólar oficial se ubicará en los $ 8,34 y el blue en los $ 15,50 con una brecha (similar a la actual) del 66%.
En todos los casos, se trata de medidas menores, previsibles y que no implican un giro en el vademécum oficialista sino todo lo contrario: una reconfirmación de que lo único que habrá serán paliativos, decisiones light y el usufructo de una estrategia como mínimo polémica: el impuesto inflacionario, es decir, que el mayor gasto público y el consecuente déficit fiscal serán financiados con mayor emisión monetaria. El dato es que la última semana el poder ejecutivo firmó la ampliación del Presupuesto 2013 en $ 50.000 millones, a dos meses de otro DNU.
Siempre dispuesto a debatir virtudes y defectos de la política monetaria –lo que ya es meritorio–, el diputado Roberto Feletti parece empeñado últimamente en remarcar lo primero. Habló del cepo y del freno a la salida de capitales que ello provocó, pero olvida mencionar la caída de u$s 14.000 millones de las reservas del BCRA en apenas dos años y el fuerte derrumbe en la entrada de dólares que esa medida implicó y que aún hoy sigue generando complejas ecuaciones a la hora de recuperar la “cuenta financiera” donde en los últimos 24 meses los empresarios se han dedicado a cancelar préstamos (salida de dólares) antes que a endeudarse para realizar inversiones. El “Mal de Feletti”, como lo llama un banquero de la city, es el que produce incertidumbre en las decisiones tanto de empresarios como de familias: el ejecutivo lo traduce como un comportamiento donde se reconocen aciertos pero se callan errores, aunque en secreto, se estudie la forma de revertirlos. La disyuntiva parece ir ahora sobre si el Gobierno aplicará algunos ajustes con el único propósito de evitar que la economía no descienda a niveles peligrosos de acá a 2015 para dejar que la próxima administración haga los cambios pertinentes (y nada populares) o quizás, se privilegia una versión intermedia, con algunas medidas respaldadas por algún cambio de funcionarios en el gabinete o la jerarquización oficial que falta en el equipo económico.
Porque la caída de reservas, el déficit fiscal y externo –aquí juega fuerte el pago de la cuenta de energía, los subsidios cruzados que parecen imposibles de desactivar, los gastos por turismo que despiertan toda clase de especulaciones e incluso han incentivado el consumo vía tarjeta de crédito por Internet)– y la falta de confianza en el peso argentino (calidad monetaria) por la mayor creación de dinero primario y la menor cantidad de reservas que cubren la base monetaria son ‘deberes’ que alguien deberá hacer.
