Recaudación clave para alcanzar la meta de déficit del Presupuesto del año próximo. Una de las razones, además, para sostener compra de los u$s200.
El Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (País) llegó para quedarse. Así se desprende de los cálculos impositivos y fiscales diseñados por Martín Guzmán para 2021. El tributo al 30% para la compra de divisas le aportaría al ministerio de Economía el próximo año, y según el Presupuesto nacional elaborado por el propio Palacio de Hacienda, unos $342.713 millones. Esto es un 82% más que el proyectado para este año y representaría un aporte (según el promedio de 101 del dólar que calcula el propio Presupuesto para el próximo año) unos u$s3.400 millones de ingresos para 2021. Para tener una idea de lo que aportaría este monto, sobraría largamente para cumplir en tiempo y forma con los u$s154 millones correspondientes al servicio de intereses de la deuda emitida bajo legislación local e internacional dentro de la última reestructuración de la deuda soberana. También alcanzaría, en el caso que no haya acuerdo, para clausurar el acuerdo pendiente, y en default, con el Club de París por unos u$s1.866 millones. Eventualmente también ayudaría a cumplir con los vencimientos de Letras Intransferibles del Bando Central correspondientes a 2021, que alcanzaría los u$s9.625 millones en Letras Intransferibles y que el Gobierno quiere liquidar con nueva emisión.
Pero fundamentalmente, y este es el eje de la visión de Guzmán para el próximo ejercicio, los ingresos serán fundamentales para reducir a la mitad el déficit fiscal presupuestado por Economía entre 2020 y 2021, variable que debería pasar del 7,5/8% esperado para este ejercicio a un 4,5%. Según la alquimia de Guzmán, este déficit se reduciría por la combinación indispensable entre el aumento de la recaudación fruto del aumento de la actividad (el país crecería 5,5% contra una caída de 12,1% este año) y una reducción del gasto fruto de la disminución de los aportes de fondos públicos a los planes de contención aplicados durante la pandemia. En este esquema, esos $342.713 millones son fundamentales, claves e irreemplazables.
Según las estimaciones generales de incrementos en la recaudación, el impuesto País sería además el que mayor crecimiento porcentual traería entre 2020 y 2021, superando al resto del mosaico tributario e incluyendo el IVA, Ganancias, Débitos y Créditos Bancarios y cualquiera de los tributos internos, previsionales y aduaneros. Incluso más que las retenciones a las exportaciones que, según el Presupuesto, continuarían igual en 2021. El incremento en los ingresos por el País (82%), estaría justificado según el oficialismo, en la apertura en 2021 (vacuna contra el covid mediante) de las fronteras internacionales y el retorno de los viajes al exterior por turismo y empresas, lo que haría crecer los gastos en dólares y divisas en el exterior vía tarjetas de crédito y débito, así como los retiros de efectivo en el exterior. Como contrapartida, implicaría una mayor pérdida de reservas. Pero ese capítulo sería responsabilidad del BCRA de Miguel Pesce, no de Economía y sus números fiscales. Lo concreto es que ese alto nivel de ingresos vía el País, justificaría uno de los argumentos de Guzmán para que el tributo permanezca así como la posibilidad en el tiempo de acceder a los 200 dólares mensuales, más allá de alguna restricción extra que quiera aplicar el Gobierno para controlar algo la voluntad del público de ahorrar en divisas.
El impuesto País está incluido en la “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la emergencia pública” aprobada en los albores de la presidencia de Alberto Fernández a fines de 2019. En el artículo 32 de esa ley se desarrolla su aplicación, explicándose que estará vigente por 5 años, y que aplicará tanto para las personas que compren divisas para atesoramiento como para quienes usen tarjeta de crédito o débito para la cancelación de gastos o extracción de monedas o billetes extranjeros en el exterior. Según la ley, también alcanza a “los servicios prestados por sujetos no residentes en el país”, pagados con tarjeta de crédito o débito o “cualquier otro medio equivalente que determine la reglamentación” y para “quienes adquieran servicios en el exterior a través de agencias de viajes locales también deberán pagar el recargo del 30%. Esto incluye boletos aéreos, marítimos y terrestres”.
Según las razones de Guzmán, la vigencia de este impuesto es uno de los argumentos a favor de mantener la posibilidad de acceder al dólar ahorro en el tiempo; con un tope de 200 por persona cada mes. El ministro de Economía fue el principal defensor de este derecho, con argumentos y marketing lo suficientemente sólidos como para torcer la opinión de Pesce y el resto del gabinete económico; y llevar a Alberto Fernández a defender la postura del titular del Palacio de Hacienda. Según Guzmán, y además de las cuestiones fiscales, suspender la posibilidad de acceder a los 200 dólares, hubiera provocado llevar la brecha cambiaria a más de un 80%, con una posterior presión inflacionaria extra de entre 10 y 15% sobre los insumos en dólares. Esto además de perjudicar la variable económica más débil que debe combatir el Gobierno nacional: la falta de confianza y credibilidad del público ante el futuro económico del país. Por ahora, en toda la política cambiaria, manda Guzmán. El ministro tiene hoy casi plenos poderes económicos y fiscales dentro del Gabinete, cucardas ganadas luego del proceso de reestructuración de deuda, quizá, para muchos, hasta hoy el principal logro de toda la gestión Alberto Fernández y que tiene al titular del Palacio de Hacienda como el principal responsable.
Tal como adelantó este diario, el economista de Columbia inauguró en septiembre dos nuevos desafíos propios: la elaboración del Presupuesto 2021 (pero con definiciones plurianuales hasta el fin del Gobierno de Alberto Fernández) y la estabilización de la política cambiaria.
