En Washington creen que el Poder Ejecutivo debe hacer un esfuerzo fiscal mayor al proyectado en el presupuesto 2021 y aclaran que no hay margen para postergar el pago de capital de USD 1800 millones de septiembre próximo
El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantiene un muy buen diálogo técnico con el gobierno argentino, pero está preocupado por la persistencia del alto nivel de inflación y de la brecha cambiaria.
Con un contacto cotidiano del staff técnico del Fondo con el equipo del ministro Martín Guzmán, del presidente del Banco Central Miguel Pesce y otros miembros del gabinete económico, avanza la negociación, aunque los tiempos para alcanzar un acuerdo dependen más de la voluntad política del Gobierno en este año electoral que de las exigencias del organismo.
Así pudo saberlo Infobae en Washington de parte de fuentes con conocimiento directo de la negociación, aunque el organismo declinó hacer comentarios para este artículo.
Si bien hay coincidencia entre ambas partes sobre el marco macroeconómico que se necesita para que el país corrija sus desequilibrios, faltan acuerdos sobre la forma de lograrlo.
En este sentido, según pudo saber Infobae, el Fondo sigue pensando que el Gobierno debería hacer un esfuerzo adicional al comprometido en el presupuesto 2021, que contiene una meta fiscal del 4% del PBI y no sólo a través de un aumento de la presión impositiva.
Al respecto, creen que es necesario seguir reduciendo el desequilibrio fiscal y la emisión monetaria -aunque se valora el esfuerzo que las autoridades económicas realizaron en este sentido en los últimos meses- para evitar que la brecha cambiaria, agazapada en forma transitoria, no se dispare nuevamente y provoque algún problema indeseado.
Más allá de estas cuestiones urgentes y de corto plazo, también resta definir el contenido de las reformas estructurales que forman parte de un acuerdo de facilidades extendidas como el que busca la Argentina para repagar a 10 años el crédito que el FMI le dio al país en el gobierno de Mauricio Macri por 54.000 millones de dólares.
En este sentido, se discutirá nada más y nada menos que la política impositiva, el esquema de los subsidios públicos, el desarrollo del mercado local de capitales y, más conceptualmente, cómo se logra un aumento de la productividad, de la inversión y de la eficiencia del sector público.
Claro está que, con todos estos temas pendientes, da la sensación de que los tiempos para cerrar un acuerdo no serán cortos, como pretendería sobre todo Guzmán. Pero, con paciencia, en el organismo entienden la tarea de búsqueda de consenso interno por parte del ministro, para que el programa funcione y para que sea aprobado en el Congreso Nacional.
Esta búsqueda de consenso necesariamente genera tensiones entre las cuestiones político-electorales (la necesidad de dar buenas noticias antes de los comicios de octubre) y la mencionada fragilidad macro, actualmente matizada por los buenos términos de intercambio y la posibilidad de que el Gobierno reciba una inyección de recursos por los Derechos Especiales de Giro (DEGs) que proyectan repartirse este año entre los países emergentes y los más pobres.
Paradójicamente, estas buenas noticias son las que ponen más en duda la posibilidad de llegar a un acuerdo antes de octubre próximo y el Fondo comprende este dilema.
Pero hay una fecha clave: el 22 de septiembre, cuando el Gobierno debe pagar USD 1800 millones por un vencimiento de capital del stand by contraído en 2018. A diferencia del Club de París, donde la diplomacia internacional puede tener el efecto de lograr un aplazamiento del pago de USD 2400 millones de mayo (puede ser hasta julio o inclusive más tiempo si los socios del G7 ven que la Argentina está encarrilada con el FMI), el estatuto del Fondo no tiene flexibilidad para que el pago de septiembre se aplace sin que el país entre en un período de atraso formal y luego, eventualmente, en default.
En esta cuestión juegan dos temas: la tensión que se podría generar por un atraso y el efecto que dicha decisión podría generar sobre la estabilidad financiera, a pocas semanas de las elecciones.
Sin embargo, también podría ocurrir que, si la negociación avanzara hasta entonces y el país logra una buena recuperación en el segundo semestre, acumula reservas en el BCRA y reduce la brecha cambiaria, podría pagar ese vencimiento de capital aún sin un acuerdo firmado, pero avanzado.
Hay dos hechos que no van a ocurrir: el FMI no va a poner “palos en la rueda” para que esta recuperación florezca (de hecho, la directora gerente, Kristalina Georgieva, se ha puesto al frente de la negociación y quiere que, si hay un esfuerzo local, haya acuerdo), pero tampoco va a ser más flexible con la Argentina que con otros países, como fantasean algunos altos funcionarios del Gobierno.
Esta fantasía no toma en cuenta que un acuerdo más indulgente con la Argentina que con otros países generaría un mal precedente frente a otros socios del organismo que firmaron programas en el último año, bajo el mismo paraguas global de la crisis.
Además, tal como lo afirmó más de una vez, el Fondo tampoco tendrá un trato más suave debido a las acusaciones del Gobierno de que otorgó el préstamo al gobierno de Mauricio Macri en violación a sus estatutos, debido a que el Fondo considera que no existió tal transgresión.
Estas premisas no implican que no vaya a haber acuerdo, ya que los países acreedores que forman parte del Fondo quieren cobrar lo que le prestaron al país. Al respecto, es mejor un mal acuerdo a que no haya ningún acuerdo, explicó una fuente con amplio conocimiento de la relación.
Cuatro fuentes consultadas en Washington indicaron a Infobae que, más allá de la empatía retórica de la directora gerente del Fondo hacia el Gobierno, no habrá un trato diferencial. Sí puede haber una mayor celeridad para la negociación, pero eso no asegura que pueda haber un acuerdo si el staff y, sobre todo, los países más relevantes del organismo consideran que no se cumplen las premisas para firmarlo. Esto implica, un programa económico consistente en términos monetarios y fiscales, como lo plantearon tanto Georgieva como el staff.
“El FMI ha hecho muchos acuerdos en el último año a raíz de la crisis económica de la pandemia, con exigencias para cada uno de los países que los firmaron. Si cerrara un acuerdo más flexible con la Argentina, enseguida el resto de los gobiernos le va a reclamaría un trato igualitario, con menos exigencias”, explicó una fuente con acceso a las negociaciones.
“Si el país no implementa ninguna de las reformas que le está pidiendo la comunidad económica internacional, tendrá problemas en sus reservas, cambiarios y fiscales, lo cual repercutirá en el tamaño y la sustentabilidad de su recuperación”, agregó la fuente.
Otra fuente colocó un matiz: aclaró que, por la pandemia, posiblemente se acepte el “gradualismo” del ministro Guzmán para bajar el déficit fiscal al 4% del PBI este año, sobre todo si se mantiene la tendencia a la suba de la recaudación, por la reactivación, la suba de las materias primas y la mayor presión fiscal. Pero esto no significa, aclaró de inmediato, que no se pidan condiciones más exigentes para 2022 en adelante, dado que será un acuerdo, como quiere el Gobierno, a 10 años.
“Hay buena predisposición del staff y de la junta de directores para que haya un acuerdo, sobre todo porque ven buena voluntad en el ministro Martín Guzmán, aunque temen por lo que pueda hacer la vicepresidente Cristina Kirchner”, agregó, con conocimiento de las tensiones internas del oficialismo.
¿Puede haber un acuerdo con un plazo mayor? Hoy es imposible, porque no existe en el menú del organismo. “A menos que la Argentina quiera dos acuerdos seguidos de facilidades extendidas de 10 años cada uno y así poder pagar en 20 años; pero en ese caso debería bancarse una misión del FMI cada tres meses durante dos décadas”, comentó en broma otra fuente de amplio conocimiento sobre la relación entre el país y el organismo, feliz porque ayer en Washington la temperatura superaba los 12 grados centígrados luego de una semana de nieve y heladas.
