El Estado destina más de 4 puntos del PBI a subsidiar servicios de energía y transporte que son de baja calidad y en picos de demanda sufren interrupciones. Economistas estiman que las tarifas deberían aumentar un 400% para salir del rojo fiscal y un 800% para generar inversiones.
La temporada invernal 2015 debutó con ola polar y cortes de gas para más de 300 industrias. En algunos barrios porteños y del conurbano se sucedieron las protestas de vecinos por cortes de luz, que muchos ya habían sufrido durante el verano. Trenes, colectivos y subtes que se retrasan y donde se viaja hacinado completan un panorama que vuelve irascibles a los usuarios. Con una economía que intenta sostenerse en base al consumo, el escenario no es el más feliz para plantear un «sinceramiento tarifario», sobre todo a pocos meses de las elecciones.
Entretanto, el Estado invierte cada vez en más en subsidios, hasta alcanzar más de 4 puntos del PBI (según FIEL y la Consultora Bein), unos $ 178.000 millones anuales, que no se han reflejado en inversiones ni mejora de los servicios.
«Hay una correlación positiva entre el crecimiento económico y la demanda de energía», apunta Fernando Navajas, economista jefe de FIEL. «Si la producción y el consumo crecen, la demanda energética también. Y si no se asegura su abastecimiento, esto se transforma en un lastre para la economía», advierte en su informe titulado «Energía en Argentina: desafíos políticos, técnicos y económicos 2016-2019».
Sin embargo, como destaca un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), «desde la salida de la convertibilidad, en 2002, el Estado no ha tenido un plan para abordar una demanda de energía creciente, y se limitó a distribuir subsidios, en un intento por compensar los retrasos tarifarios, la inflación y la falta de inversión».
«Esto fomentó un uso poco racional de los recursos energéticos y la absorción de recursos fiscales crecientes. Mientras que en 2002 los subsidios representaban menos del 1% del gasto público total, para 2013 ya habían superado el 13%», destaca Leandro Despouy, Auditor General de la Nación.
Diferentes estudios económicos señalan que, en promedio, las tarifas tienen un atraso del 600 % en el caso de la energía, y un 200% en el transporte. Sin embargo, antes de revistarlas «hay que tener en cuenta que su virtual congelamiento tuvo una razón de ser, en 2003, cuando se decidió no dolarizarlas porque su impacto en el bolsillo de la gente hubiese sido terrible», advierte Agustín D’Attellis, economista de La Gran Makro, cercano al candidato a gobernador bonaerense Julián Dominguez.
«Salvo algunos ajustes en agua y gas, las tarifas se mantuvieron fijas y el Estado comenzó a subsidiarlas, pero con el tiempo este esquema se volvió regresivo porque la estructura social cambió, y hoy un sector de clase media recibe subsidios que ya no necesita», opina D’Attellis.
«Previo a revisar tarifas y subsidios habría que investigar cómo Argentina pasó de ser exportadora de energía a importadora neta», dice Aldo Pignanelli. «Hasta el 2010 teníamos entre u$s 4.000 y 5.000 millones de superávit energético, y hoy tenemos u$s 6.000 millones de déficit. Si la Argentina recuperara su soberanía energética, se podría resolver la mitad del cepo», afirma el economista que asesora al Frente Renovador.
Agua Luz y Gas
Según el estudio del economista de FIEL Fernando Navajas, la tarifa eléctrica residencial concluirá el 2015 con una caída real acumulada del 73% desde 2001, la mayor de todos los ciclos de atraso desde 1945. «Hoy, el 80% de la demanda paga un precio promedio de $ 85/MWh (megawatts hora), cuando el costo de provisión es de $ 380/MWh», apunta Navajas.
Para Fausto Spotorno, de la Consultora Orlando Ferreres, «existen dos niveles de atraso tarifario: uno con respecto al precio sin subsidio, y otro respecto al precio para hacer rentable el servicio. Las tarifas eléctricas deberían aumentar un 480% para eliminar los subsidios y el rojo fiscal, y un 800% para que sea rentable. La realidad es que Edenor y Edesur están perdiendo plata y acumulando deuda con Cammesa», afirma.
Para Fernando Baer, de la consultora Bconomics, «mientas que en gas y agua se hicieron ajustes el año pasado, las tarifas eléctricas residenciales, sobre todo para la Capital y Gran Buenos Aires, tienen un retraso promedio del 600%. En cuanto a los servicios de transporte, el atraso estaría entre un 200 y un 300%».
El estudio Bein, que asesora al candidato presidencial Daniel Scioli, destaca en su último informe de coyuntura que «el retraso de la tarifa eléctrica se ubica en torno a seis veces (considerando sólo el costo de generación, sin transporte), y la de gas, a pesar de haberse triplicado en 2014, apenas alcanza el 40% de su costo (nuevamente, sólo generación)».
Trenes, subtes, colectivos
Según datos del Ministerio de Transporte, los pasajes de colectivos están atrasados tres veces, y el atraso es mayor en ferrocarriles. Para Spotorno, de la consultora Orlando Ferreres, «los pasajes de subte están atrasados 200%, y en colectivo un 300%».
En tanto, Pignanelli apunta que «para cubrir los costos operativos, el pasaje de subte debería pasar de $ 5 a 8, y los demás medios de transporte deberían alinearse en ese valor. «Pero hay que tener en cuenta, que tanto subtes como trenes, requieren una fuerte inversión del Estado para su mantenimiento y extensión. Y más que poner vagones, hay que arreglar las vías y los sistemas de señalización».
Según la AGN, «a partir de 2004 el sistema ferroviario de transporte de pasajeros se volvió insostenible, y el Estado rescindió algunos contratos (…) a la par que aumentó subsidios y compensaciones tarifarias que pasaron de insumir $ 457 millones en 2005 a más de 6.000 millones en 2013. Los sueldos del personal fueron el principal destino de esos aportes (76,23%). Pero mientras los salarios del sector crecieron cuatro veces entre 2005 y 2012, los subsidios crecieron nueve veces sin que eso se tradujera en una mejora sustancial del servicio».
Inequidades
Al analizar el actual esquema tarifario, la primera inequidad que salta a la vista es el monto mayor de subsidios que perciben los habitantes de la Capital y el Gran Buenos Aires respecto a otras zonas del país. En líneas generales, los porteños pagan las menores tarifas de luz, gas y transporte y esto tiene razones tanto políticas como económicas. «Es lógico, allí se concentra la mayor masa de votantes», desliza un economista de corte neoliberal con malicia.
«En un contexto económico recesivo, con 22 meses consecutivos de caída de la industria, se requiere la intervención del Estado para apuntalar el consumo de la mayor parte de la población. Esto se viene haciendo con la actualización de jubilaciones, AUH (Asignación Universal por Hijo), modificación de Ganancias y financiamiento para comprar en 12 cuotas. Si se ajustaran las tarifas, se afectaría el ingreso disponible para el consumo», admite D’Attellis.
En los sectores de «Comercio e Industria, que están menos subsidiados, el «peligro del ajuste» es que se traslade rápidamente a todos los precios», advierte el economista de La Gran Makro.
Hoy, «la incidencia de los servicios públicos en la canasta de los hogares se sitúa en un 2,4% según el IPCNu, frente a más del 8% que representaban en 2013», se señala en el informe del Estudio Bein. En tanto el transporte tiene una incidencia del 1,2%, aunque ambos rubros, claramente, tienen un peso mayor en aquellos hogares de menores ingresos.
En 2011, se ensayó un sinceramiento tarifario, quitando parcialmente los subsidios a los habitantes de barrios del Norte de la Ciudad de Buenos Aires, considerados como de mayor poder adquisitivo. También se abrió un registro de «renunciantes voluntarios», que más allá de convocar a algunos funcionarios y famosos (la presidenta Cristina Kirchner, Julio de Vido, Amado Boudou y Víctor Hugo Morales, por caso), apenas superó los 30.000 usuarios en cuatro años de existencia.
Shock o gradualismo
Hablar de un recorte de subsidios, o -aún más brutal-, un ajuste de tarifas, es impensable en tiempos de campaña electoral. Por eso, muchos asesores de los candidatos declinaron referirse al tema, mientras que otros prefirieron hacerlo mediante sus informes técnicos, sin emitir comentarios.
Entre quienes se pronunciaron, existe consenso en reconocer que el actual sistema de subsidios, dirigido a la oferta (las empresas), es ineficaz y regresivo. Hoy existe la tecnología y la información para subsidiar a la demanda (los usuarios), en un esquema similar al que se implementó con la garrafa social, o con la tarjeta Sube.
Pero a la hora de elegir por dónde empezar, las aguas están divididas. «Electricidad, gas y agua se llevan el 70% de los subsidios, y el resto corresponde al transporte. Pero en la canasta de consumo familiar, la relación es al revés, pesa más el transporte que los servicios», señala Spotorno. «Habría que empezar por los servicios, que tienen mayor impacto fiscal y menos en el consumo», propone el economista de la consultora Orlando Ferreres.
En esta visión coincide Aldo Pignanelli: «Empezaría por la energía, porque el transporte es más costoso para la gente. Además, los subsidios energéticos deberían redireccionarse hacia promover la energía solar y eólica, que son abundantes y no contaminan».
Desde otra óptica, Agustín D’Attelis es partidario de arrancar los recortes por el lado del transporte. «Si bien aquí es menor la estructura de subsidios, es de más fácil implementación. Sistemas como la tarjeta Sube te permiten cruzar datos de ingresos, planes sociales, y localización, para poder diferenciar tarifas». En electricidad y gas, lo importante es enfocarlos a la demanda. Hoy es posible hacerlo. La AFIP, por ejemplo, desarrolló muchísimo el tema de minería de datos», dice D?Attellis.
Al mismo tiempo, reconoce que hay que reorientar los aportes del Estado hacia una diversificación de nuestra matriz energética, hoy basada en un 80% en los combustibles fósiles, que son contaminantes y agotables.
«Es difícil calcular cuánto se ahorraría el Estado retirando los subsidios innecesarios», admite el economista de La Gran Makro. «Una simulación que hicimos en la consultora nos dió un ahorro cercano al 25%».
«No será posible para el próximo gobierno eludir un sinceramiento tarifario», vaticina Baer, de Bconomics. «Pero deberá ser consistente, gradual y segmentado para tener eficacia», señala.
«Las alternativas son varias y siempre graduales -reconocen en el Estudio Bein-, y en ellas cobra relevancia la opción de subsidiar a la demanda y no a la oferta, siempre teniendo en cuenta quela alternativa de «no hacer nada» en un contexto de «alta nominalidad», implica de hecho aumentar el subsidio real que perciben las familias, cuyos ingresos se ajustan año a año».
Navajas, de Fiel, es más drástico y explícito: «No importa si shock o gradual. Hay que hacerlo. Cuando se suben las tarifas, primero «aumenta todo», pero después hay una estabilización fiscal, y en la medida que se reducen los subsidios, el Gobierno puede destinar fondos para otras cosas. El único problema es la devaluación. El aumento de tarifas será mayor cuanto más se devalúe», vaticina.
En tanto, un economista de primera línea que prefirió el anonimato, se sinceró, sin filtro. «Nadie quiere decir lo que pasará con las tarifas en esta época de contienda electoral. Al economista de candidato que diga la verdad, lo muele a palos la gente, pero primero el candidato».
