El organismo publicó nuevos criterios interpretativos de la norma y bajó a un tercio la base de dinero necesario para entrar al sistema, a un millón de pesos
Los corredores de granos respiraron aliviados el viernes, pese a la ola de calor que golpeaba a buena parte del centro del país.
Los intermediarios de la comercialización del principal bien de exportación argentina lograron que la Comisión Nacional de Valores (CNV) moderara las exigencias impuestas por la Ley del Mercado de Capitales en cuanto a los requisitos patrimoniales necesarios para operar y cerraron con esta una serie de negociaciones para adaptarse al nuevo sistema. Y no murieron en el intento.
Uno de los puntos más contraproducentes para este segmento de la cadena granaria era que el requisito patrimonial para operar y manteniendo las condiciones previas a la ley se había incrementó a $ 3,5 millones desde los $ 250.000 que solicitaba el Mercado de futuros de Rosario (Rofex) y los u$s 100.000 que les pedía el Mercado a Término de Buenos Aires (Matba)
Pero con las modificaciones incluidas por la entidad que comanda Alejandro Vanoli, podrán seguir operando con un millón de pesos de patrimonio, una suba sustancial pero soportable, según comentó a El Cronista un corredor que pidió el anonimato. En paralelo, se les quitó la exigencia de contar con la mitad del patrimonio líquido, otro punto que los corredores consideraban excesivo.
De no haber logrado estos cambios, estiman que el 80% de los corredores de granos habrían quedado afuera del sistema, cuando comenzaran a regir las exigencias, en marzo próximo.
Según dijo a este diario el presidente del Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales, Javier Buján, con los nuevos criterios se “termina la puesta a punto” de las necesidades del sector, teniendo en cuenta que la CNV ya había corregido la cuestión de las cargas administrativas por las que reclamaron los corredores.
Pese a la novedad, los festejos de fin de año no serán completos. Aún está afuera del sistema un eslabón fundamental, el de las grandes exportadoras, que están en desacuerdo con el ‘famoso’ artículo 20 de la ley. Este ítem faculta a la CNV a designar veedores con facultad de veto de las resoluciones adoptadas por los órganos administrativos de las empresas, a separar a los órganos de administración por hasta 180 días y a nombrar administradores por ese tiempo.
También pesa en el rubro una disputa que mantiene el Matba contra la aplicación de la nueva ley. Al momento, la entidad con sede en la Capital Federal mantiene un recurso administrativo que puede escalar a instancias judiciales antes de marzo. Entre otras cuestiones, molestan a esta entidad la desaparición de las negociaciones a viva voz que impone la norma.
