De quedar firme el país debería pagar un mínimo de U$S 1.200 millones por el Cupón PBI. Según Preska, el país actuó de «mala fe»
Argentina recibió hoy una muy mala noticia, de un costado judicial donde parecía que la situación estaba controlada. La jueza de Nueva York Loretta Preska falló en contra del país en la causa que el fondo buitre Aurelius le inició por la manera en que durante el 2014 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner modificó el mecanismo de medición del PBI nacional; y, en consecuencia, alteró según el demandante el pago del cupón que debía liquidarse ese año. La jueza publicó ayer su decisión en un fallo de 38 páginas, donde aclara explícitamente que «Argentina no puede privar a los acreedores de recibir los pagos de intereses cambiando la manera de calcular el PBI», con lo cual a los abogados que representan al país sólo les quedará, en primera instancia, demostrar su capacidad de liquidación. Para Preska, Argentina actuó de «mala fe» al alterar la medición del cupón PBI de ese año y «causó la falta de disponibilidad de datos para evitar el compromiso».
El próximo paso en esta causa, es la obligación para el país de presentar antes del 16 de abril un cronograma de Discovery, por el cual la magistrada pueda conocer la verdadera capacidad de pago del país. Si no lo hace, y si no se ejecutan los compromisos, la jueza podría habilitar una ronda de embargo o cautelares. Sería una situación similar a la que en su momento ejecutó Thomas Griesa en el Juicio del Siglo contra los fondos buitres. Preska es hoy la sucesora de Griesa en el tribunal primario del Segundo Distrito Sur de Nueva York. Es además la encargada de decidir la otra megacausa abierta contra el país, por la manera en que se decidió e implementó la reestatización de YPF en 2016. En esta causa, a diferencia de la del Cupón PBI, parecería que Argentina está hoy mejor encaminada.
El proceso de Discovery que comenzará el 16 de abril, apunta a que la jueza tenga elementos para evaluar los daños concretos que la decisión de alterar la medición del PBI tuvo en los fondos de inversión. Se descarta que en esa fecha Aurelius y los otros fondos afectados reclamen un proceso «sumario», que debería ser aceptado o rechazado por la jueza. Si el fallo termina siendo definitivo y Preska reclama la aceleración del Discovery, será el momento en que Argentina apele el fallo y deba ser resuelto por la Cámara de Segunda Instancia del Segundo Distrito Sur de Nueva York, una instancia donde el país también perdió en el «Juicio del Siglo». En ese momento los votos fueron 3 a 0 en contra de Argentina. De cualquier manera, el fallo continuará en el tiempo y demandará no menos de tres o cuatro años hasta que la justicia de los Estados Unidos (y la de Gran Bretaña cuando defina una causa paralela por el mismo caso) se expida. Lo más probables es que la resolución final termine siendo tratada o rechazada por la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Según el especialista de FinGuru, Sebastián Maril, esta causa definida ayer por Preska, podría implicar unos 500 millones de dólares, que sumada a otra similar abierta en Londres por unos 700 millones, implicaría una suma en ambos foros por unos U$S 1.200 millones. La presentación primaria la hizo Aurelius, uno de los que había ganado el juicio de los fondos buitres contra el país derivados del default del 2001. Junto con Aurelius, se presentaron en la causa por el Cupón PBI otros tres fondos de menor importancia. Se trata de Adona LLC, Egoz LLC y el Waso Holding Corporation, quienes estuvieron comprando deuda entre el 2017 y el 2018 para sumarse a la demanda de Aurelius. Por ahora el litigio se cierre en estos cuatro demandantes. No se sabe aún qué sucedería si otros bonistas que también poseían ese bono, se presentaran ante Preska reclamando los mismos derechos que Aurelius y los otros tres fondos. Para los abogados que representan al país, la causa se cierra en estas presentaciones por haber pasado ya más de cinco años para comenzar el litigio. Pero la decisión final recaería en Preska.
El reclamo de Aurelius, ratificado en el fallo de ayer de la jueza de Nueva York, se basa en que en la última parte del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y la intervención del INDEC de Guillermo Moreno, hubo alteraciones en el cálculo del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) para que el país se ahorre de liquidar unos u$s3.000 millones en 2014. Según Aurelius, el Gobierno alteró la base de cálculo del EMAE para que el crecimiento final del PBI de ese año no supere el 3,22% y así no activar la cláusula de liquidación del cupón PBI. El INDEC calculó para ese año un crecimiento del 2,8%, pero modificando el cálculo base, una acción que para Aurelius fue “adrede” para perjudicar a los tenedores de este bono en lo que representa “mal desempeño de sus funciones”. Según el demandante, si no se hubiera alterado la base de cálculo de 2013, la Argentina habría crecido el 3,5%, con lo que pagar el Cupón PBI hubiera sido obligatorio. Aurelius es un viejo conocido de la Argentina y de muchos países con destino de mal manejo de su deuda pública y privada. Es propiedad de Mark Brodsky, discípulo de Paul Singer y exempleado de Elliott, quien en algún momento en los inicios de la década pasada se independizó y abrió su propio bufete buitre. Si bien su mayor y más beneficioso negocio lo hizo con la Argentina y el “juicio del siglo”, se lo conoce por su inquietud de bucear por todo el mundo para encontrar oportunidades de negocios en estados a punto de alcanzar el default o empresas importantes en dificultades. Por ejemplo, contra Puerto Rico en tiempos de su crisis económica y financiera y contra Petrobras en medio de la causa por el “Lava Jato”.
La causa por el Cupón PBI se arrastra desde 2015, y se profundizó en los inicios del gobierno de Mauricio Macri. Curiosamente, en la gestión anterior, la defensa argumentó a favor del mecanismo de medición del PBI por parte de Kicillof como último ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner. La Argentina presentó su primera defensa ante Preska el 3 de julio de 2015, argumentando contra la demanda de Aurelius con una explicación curiosa. El gobierno de Mauricio Macri, para que no prospere la causa, defendió la alteración del PBI de 2013, asegurando que era facultad de la gestión de Cristina de Kirchner modificar el cálculo. Con esto defendió la decisión de modificar el cálculo del pago del bono a partir de la modificación de la cifra de crecimiento aportada por el INDEC, en tiempos de la intervención directa del entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
