Litigiosidad laboral: casi 40 mil juicios iniciados en 4 meses y se proyecta récord histórico para 2026

La litigiosidad en el sistema de riesgos del trabajo argentino continúa en alza, con la iniciación de 39.687 nuevos juicios durante los primeros cuatro meses de 2026. Este volumen representa un incremento del 2,3% respecto al mismo período del año anterior y consolida una tendencia que, de mantenerse, proyecta un nuevo récord histórico antes de que finalice el año. La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) ha alertado sobre esta situación, señalando que ni las reformas legales recientes ni las medidas adoptadas en algunas jurisdicciones han logrado revertir la dinámica de crecimiento. Si se mantiene el ritmo actual, se estima que el año cerrará con alrededor de 138.600 juicios, superando el pico de 134.000 causas registrado en 2025.

Este fenómeno se agrava al observar la evolución histórica: desde 2020, las demandas por riesgos del trabajo han crecido un 200%, contrastando fuertemente con los aproximadamente 3.000 juicios anuales registrados en 2003. La concentración geográfica de estos litigios se mantiene en la provincia de Buenos Aires, CABA y Santa Fe, aunque se observan aumentos interanuales significativos en provincias como Entre Ríos (33%) y Chubut (24%). Paradójicamente, esta escalada judicial ocurre en un contexto de marcada mejora en las estadísticas de seguridad laboral, con una reducción del 55% en accidentes y del 80% en fallecimientos desde 2017, lo que sugiere una desconexión entre la realidad del trabajo y la judicialización.

La comparación internacional expone la magnitud del problema en Argentina, donde se registran 132,8 juicios por cada 10.000 trabajadores, cifra que supera ampliamente a la de Chile (5,8) y España (8,5). Un dato preocupante es que el 45% de lo que las ART destinan a juicios se consume en honorarios de abogados, peritos y gastos judiciales, sin llegar directamente al trabajador afectado. Para Rosario y la región, esta tendencia implica un aumento en los costos operativos para las empresas y una posible presión sobre el sistema judicial local, que ya se ve saturado. La falta de efectividad de las reformas legales para contener esta escalada genera incertidumbre y podría impactar negativamente en la inversión y el clima de negocios, obligando a las empresas a destinar recursos crecientes a contingencias legales.