El tributo se aplicó por única vez en 2020, con elevadas alícuotas que llegaban al 5,25%. Es uno de los aspectos más cuestionados del proyecto que llegará al Congreso en las próximas horas
Quienes opten por sumarse al blanqueo propuesto por el Gobierno tendrán un perdón tributario sobre la mayoría de los gravámenes, menos con uno: el impuesto a las grandes fortunas que se aplicó por única vez en 2020 para hacer frente a los gastos vinculados a la pandemia. El texto conocido ayer omite en forma explícita este tributo, por lo que aquellos que deciden exteriorizar deberían enfrentarlo ahora por lo que no pagaron hace dos años.
Según el proyecto redactado por el equipo de Sergio Massa en el ministerio de Economía hay una serie de impuestos “liberados” para todos aquellos que opten por adherirse al blanqueo. Entre los mismos se encuentran Ganancias, Bienes Personales, IVA, impuestos internos y contribución especial a las cooperativas.
Además, se explicita que quienes adhieran quedan “liberados de toda acción civil, comercial, penal tributaria, penal cambiaria, penal aduanera e infracciones administrativas que pudieran corresponder” por los bienes declarados.
Sin embargo, al omitirse el impuesto a las grandes fortunas, se entiende que el mismo queda afuera de este “perdón impositivo”. Los tributaristas entienden que si el blanqueo se aprueba tal como está planteado, habrá que calcular el impacto del denominado “impuesto a la riqueza” que prevé un pago de hasta 5,25% sobre el patrimonio lo que obviamente encarece mucho la operación.
El texto que se enviará al Congreso es sumamente generoso respecto al costo que tendrá el nueva sinceramiento fiscal, que llega de la mano del acuerdo de intercambio de información tributaria con los Estados Unidos.
Todo estará sujeto ahora al tratamiento legislativo. Massa pidió que sea tratado de manera urgente en sesiones extraordinarias, ya que incluso el texto del proyecto incluye fechas específicas. Aún existen dudas sobre la posibilidad de conseguir los votos en medio del calendario electoral. Por otra parte, el proyecto para facilitar la exteriorización de activos había sido uno de los requisitos exigidos por el Tesoro norteamericano para poner en marcha el intercambio de información.
El impuesto a las grandes fortunas se aplicó por única vez en 2020 y su alta incidencia generó que muchos argentinos emigren a Uruguay para no pagarlo. Según el texto que el Gobierno enviará al Congreso, quienes ingresen en este nuevo blanqueo no recibirán el “perdón fiscal” si no pagaron aquel tributo
Según trascendió, para quienes ingresen hasta el 31 de marzo tendrán una alícuota de 2,5% si los bienes declarados están en el país o son repatriados de cuentas del exterior. Pero como se calcula sobre el dólar oficial, en la práctica esa alícuota baja a apenas el 1,5%.
Quienes opten por sincerar pero dejar sus fondos en el exterior deberán pagar una tasa del 5%, es decir el doble en relación a los que entran sus divisas al país.
Claro que en todos los casos habrá que calcular cuál el costo de blanquear, ante la necesidad de incluir el posible impacto del denominado impuesto a la riqueza.
Para aquellos que decidan entrar a partir de abril y hasta el 30 de junio, la alícuota salta al 5% y al doble para los que no elijan repatriar. Y el último plazo será el 30 de septiembre, cuando la multa salta al 7,5%.
El blanqueo impulsado por Mauricio Macri en 2016 y que luego se extendió a los primeros meses del 2017 establecía una alícuota única de 10%, sin distinción respecto a activos locales o en el extranjero.
Asimismo, se crea un régimen simplificado en el caso que se blanquee hasta 50.000 dólares. En esta situación, solo será necesaria una declaración jurada, sin tener que dar mayores datos ni explicaciones sobre los bienes en cuestión. En este caso la alícuota es de apenas 1,5% y podría resultar muy útil para transacciones que logran destrabarse por falta de fondos en blanco, por ejemplo para comprar un automóvil o un departamento chico.
Un aspecto que traerá polémica es el vinculado con la figura del “colaborador”, que podría cobrar hasta 20% si es que denuncia a alguna persona con bienes sin declarar. Esto siempre que avance la investigación y la AFIP logre cobrar a partir de esos datos aportados.
