Es para todos los funcionarios, incluyendo los provinciales. Se pone a prueba la idea de un gabinete “homogéneo”.
Hay enojo por las proyecciones privadas de más del 25% para este año. Se habla de “traición”. El Gobierno busca que en las paritarias, la previsión sea la presupuestada. Reclamo de los docentes bonaerenses (abrirán las negociaciones) no bajan del 35%.
Orden oficial a todos los funcionarios, pertenezcan al Gabinete económico o no: en todas las oportunidades que haya se debe ratificar la meta anual del 17% de inflación para todo 2017. Y para los que tengan responsabilidades en el manejo de la economía, la defensa de la meta oficial debe ir acompañada con argumentaciones. La orden llegó desde lo más alto del Poder Ejecutivo y forma parte de lo que desde la última semana de diciembre se busca desde el macrismo: un Gabinete «homogéneo y cohesionado». Estas máximas que explicaron pública y privadamente las renuncias de Alfonso Prat Gay y Carlos Melconian serán puestas es práctica con la defensa de la meta inflacionaria, el capítulo económico más delicado que debe enfrentar el Gobierno. Para el oficialismo no es un capricho. Defender el 17% anual y que sea creíble para el público y todos los referentes sociales y políticos resulta fundamental para encarar una de las más difíciles negociaciones de comienzo de año: las paritarias de los empleados públicos, especialmente de los docentes. El primero que irá en esa dirección será el Banco Central, que hoy volverá a ratificar que la meta anual del IPC se mantiene firme.
El Gobierno comenzó a alterarse en los últimos días cuando las primeras señales sobre el comportamiento de los precios de enero muestran un índice que se ubicaría por encima de la meta original del 1,5% y que incluso podría rondar el 2%. El alza de los combustibles del 8% y de los precios estacionales vinculados a las vacaciones, más ajustes y deslizamientos en alimentos, bebidas y artículos de consumo masivo justificarían ese incremento. Para peor, los primeros análisis que anticipan lo que puede suceder en febrero no son tampoco optimistas. Los incrementos en la luz y otros servicios como prepagas y peaje, junto con la inyección de unos 3.000 millones de pesos por las mejoras en Ganancias para los trabajadores en relación de dependencia provocarían que tampoco el mes que viene habría tranquilidad en los precios. La semana anterior desde la conducción económica del Gobierno se ratificó que habrá que defender la meta cuatrimestral del 5% pese a que los dos primeros meses del año complicarán el pronóstico.
A este panorama se sumó esta semana una presión extra. Tal como informó ayer este diario, las consultoras privadas, casi al unísono, estiman ahora una inflación anual del 25%, previsión justificada en parte precisamente por lo que sucederá en la primera parte del año. Esto se traducirá en debates públicos con muchos de los economistas privados, varios de los cuales hasta hace poco tiempo trabajaban en las mismas oficinas que la mayoría de los funcionarios del Palacio de Hacienda de Nicolás Dujovne para defender la meta oficial de las previsiones más pesimistas de los colegas. Los economistas aseguran que de no controlarse la inflación del primer cuatrimestre en menos del 1,5%, la meta anual del 17% estará jaqueada antes de que termine el primer semestre y que el debate será qué tan lejos del 20% queda el indicador. La sólo lectura de estas proyecciones para el oficialismo resulta un trago imposible de asimilar y que debe ser eclipsado rápidamente del inconsciente colectivo inflacionario para los primeros meses del año. Nuevamente debe primar la idea de un alza de precios que no supere el 4% en el primer trimestre y que para abril el alza sea menor al 1%. Cualquiera otra estimación, debe ser públicamente rechazada. El enojo oficial contra los ex colegas consultores privados crecía ayer en Hacienda. Algunos, privadamente, hasta hablan de cierta «traición», por sus excompañeros; asegurando que proyectan un 25% «de manera irresponsable, cuando todavía ni siquiera tenemos los datos de enero, y cuando febrero es una incógnita».
El motivo de la convicción es urgente. En pocas semanas comenzarán a darse los primeros e importantes pasos para la apertura de las negociaciones por las paritarias del sector público nacional y en la mayoría de las provincias, incluyendo la de Buenos Aires. La oferta del Gobierno quiere ser ejemplificadora para el resto de los sectores públicos y privados: firmar un aumento salariar levemente superior al 17%, y que sólo roce el 20%. Luego, una vez adelantadas algunas de las negociaciones en la administración pública nacional y en el estratégico frente de los docentes bonaerenses, esta meta debería ser aceptada por los principales gremios privados, incluyendo los metalúrgicos, terminales automotrices, alimentos, comercio, etc.
La idea de los gremios públicos, comenzando por los docentes bonaerenses, es muy diferente. Hablan de un alza salarial de 2016 con pérdidas de poder adquisitivo demás del 5%, fruto de una inflación del 42% y aumentos levemente superior al 36%, y de la necesidad de reparar en el primer trimestre del año esa brecha. Luego, desde abril, el alza salarial debe ser de más del 25% para que se empate a la inflación y haya un alza salarial real. En síntesis: sería un incremento en los sueldos docentes de no menos del 30% para este año, un porcentaje que, para los hombres que manejan la economía fiscal de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, «parece diseñado por Belcebú», según la visión de un alto funcionario del macrismo.
