La deuda reconocida fue 68.842.528.826 dólares. Será la oferta original a los acreedores. Se podrá mejorar pidiendo nuevas emisiones o negociando tasas de interés atractivas en un mercado deprimido.
El Gobierno hizo el lunes pasado el primer movimiento serio para avanzar en la reestructuración de deuda. Y también la primera pista abierta para conocer cuál es la intención oficial sobre la quita que se les ofrecerá a los acreedores privados: aproximadamente 55%.
El dato surge de un movimiento concreto. El estudio de abogados norteamericano Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton (CGS&H), un clásico argentino, emitió el pedido formal a nombre del país al Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), la autoridad que deberá autorizar la eventual emisión de deuda, para la colocación de nueva deuda por unos u$s31.652.645.202 para rescatar el pasivo con legislación exterior emitido desde 2005 hasta 2019. Ese dinero, comparado con el total de u$s68.842.528.826 que el Gobierno reconoció como los bonos a negociar; representaría una quita lineal de 55%, al menos el cuanto al capital adeudado.
Obviamente se trata de un porcentaje que, cuando se confirme, generará un rechazo visceral entre los bonistas con los que se negociará la reestructuración. Y, en consecuencia, se confirmará el pronóstico del ministro de Economía Martín Guzmán sobre que la propuesta generará “frustración” entre los tenedores de la deuda argentina.
Sin embargo, al tratarse de la primera propuesta que se le hará a los acreedores, podría ser mejorada al iniciar las negociaciones. Esto podría ejecutarse desde dos costados diferentes. En primer lugar, nada impediría que el estudio de abogados vuelva a pedir la autorización a la FINRA para una nueva colocación. En segundo término, el gobierno podría discutir los intereses a pagar por la nueva emisión de deuda. Desde el “albertismo” se considera esta segunda opción la más favorable, quizá, para a las dos partes. Para la Argentina implicaría la reducción sustancial de la deuda real con legislación en el exterior. Se considera además que el momento de los mercados mundiales generados por la crisis del coronavirus, con tasas de la Fed a cero e inversores espantándose de los bonos locales e internacionales; podría generar cierta demanda en los acreedores si el país ofrece intereses cercanos al 6 o 7%, una rentabilidad hoy inexistente en el mundo de la pandemia.
Todas las dudas comenzarán a dilucidarse cuando comience a aplicarse la nueva versión del cronograma oficial de renegociación de deuda, que ayer oficializó Economía. Según los tiempos actualizados, se extendió hasta el 25 de marzo el plazo que tienen los tenedores de bonos emitidos bajo legislación extranjera autorizados a entrar en el canje, para que informen sus tenencias y brinden su opinión formal sobre la operación. Según una nota que emitió ayer el ministerio de Guzmán, la decisión se tomó para “contactar al mayor número posible de tenedores con el fin de entablar relaciones y conocer sus opiniones” sobre el proceso de reestructuración. La fecha original había vencido el lunes pasado; dentro de un cronograma que ya tenía un delay de tres semanas y que, si se hubieran cumplido todos los tiempos estipulados en el momento de ser anunciado, debería haber cerrado todo el proceso el 31 de marzo. Con el cierre del canje y el eventual apretón de manos entre el gobierno y los acreedores incluido. Se sabía hasta hace 10 días que el cumplimiento era difícil. Casi imposible. Luego del primer lunes negro del 9 de marzo pasado, directamente esa alternativa se transformó en una utopía. Lo más probable ahora es que el Gobierno de Alberto Fernández se tome todo abril para avanzar sobre el proceso, y que recién hacia fin del próximo mes haya algún panorama concreto de los tiempos para cerrar la complejísima operación. Hay un límite teórico.
El 7 de mayo Argentina debe pagar unos u$s1.374 millones correspondientes a un pago del Bonar 24; bono incluido en el proceso de canje y que, si no hay arreglo, debería ser liquidado con reservas del Banco Central. Sería entonces decisión del Presidente, en el caso que las negociaciones continúen y no se haya alcanzado el mínimo indispensable del 75% de aceptación obligatoria, ordenarle a Miguel Ángel Pesce que libere el dinero o, opción B, ingresar en default. Esta lamentable situación igualmente no sería inmediata. Las normas del sistema financiero internacional le dan un plazo de 30 días más a un deudor en problemas para que complete el pago. El plazo máximo sería entonces el sábado 6 o, técnicamente, el lunes 8 de junio. Según una fuente del oficialismo, “tiempo hay”. Completa el pronóstico afirmando que “mientras tanto se irá aclarando el panorama generado por la crisis financiera, que aún no sabemos si los ayuda o perjudica”. Así, el Gobierno reconoce algo hoy innegable: el proceso de reestructuración de deuda, en medio de la megacrisis, implica una enseñanza para todos los actores interviniente. Tanto acreedores como deudores.
Mientras tanto, los trámites oficiales continuarán esta semana en Nueva York, a través de las gestiones del estudio CGS&H; el que, según aclara el especialista Sebastián Maril de FinGuru, es “hace ya más de una década, el asesor legal de la República Argentina en EE.UU. en términos de emisión de deuda y uno de los estudios de abogados que representa al país en las cortes norteamericanas en los numerosos litigios que enfrenta”. Fue el estudio que ayudó a colocar la deuda de salida del default del 2001 con la operación del 2005 y 2006; y fue también el estudio que defendió al país durante el Juicio del Siglo contra los fondos buitre. Luego, durante la gestión de Alfonso Prat Gay fue corrido del escenario. El entonces ministro de Economía y Finanzas decidió contratar a Cravath, Swaine & Moore (CS&M), quienes completaron la operación en 2016. La presentación del pedido formal a la FINRA, determina un regreso del estudio CGS&H a las filas de la defensa jurídica de los casos financieros en Wall Street. Los acreedores y su nivel de aceptación determinarán si además será el defensor del país ante eventuales juicios en los famosos tribunales del Segundo Distrito Sur de Nueva York.
Esto, a su vez, dependerá de la evolución de los precios de la deuda argentina a renegociar, en medio de una catástrofe financiera que llevó las cotizaciones de los títulos públicos más cerca del 30% que del 40% de límite para que la eventual oferta argentina sea potable. Lo preocupante para el país, es que la aparición del Cisne Negro del coronavirus, provocó la perforación del límite psicológico del 40%, con lo que los precios ahora sí son potables para los únicos demandantes en escena: los fondos buitre que desde hace 10 días ya están con su mira en Buenos Aires. Estos, en su versión moderna, ya vienen diseñando su cálculo econométrico a tres bandas desde diciembre del año pasado, con la llegada de Alberto Fernández al poder y la seguridad que el país iría a una nueva reestructuración de su deuda; para conocer el momento exacto en que comenzar a comprar deuda argentina sería un buen negocio a futuro. Obviamente apostando a un nuevo juicio en los tribunales del Segundo Distrito Sur de Nueva York, donde Thomas Griesa abrió el Juicio del Siglo, falló a favor de los demandantes y les generó una ganancia de casi 1000% en dólares a 10 años, una rentabilidad superior a lo que rinde en el mundo moderno el narcotráfico y el contrabando de armas. El cálculo exacto que hicieron los fondos buitre, es el mencionado anteriormente: por arriba de 40% no hay posibilidades de éxito; entre 35 y 40% puede ser rentable, por debajo de 35% es un éxito asegurado. Los bonos cotizan hoy cerca del 30%.
Estos fondos venían monitoreando la proyección de los valores de los precios locales de los bonos desde fines de enero. En algunas jornadas (Bono Dual y deuda de la provincia de Buenos Aires entre el 5 y el 12 de febrero) se convencían que el desembarco era posible. Otros días (la designación del HSBC y el Bank of America como agentes financieros entre el primero de marzo) se desilusionaban y consideraban que la quimera de volver a enjuiciar al país era imposible. Muchos estuvieron incluso la semana pasada a punto de abandonar la eventual batalla, ante cotizaciones de la deuda argentina cerca del 50% y cálculos de posible presencia de bancos internacionales fuertes demandantes de esos títulos. Sin embargo, curiosamente, un “golpe de suerte” los despabiló. El “lunes negro” del pasado 9 de marzo, que combinó el coronavirus con la inoportunísima guerra petrolera entre Arabia Saudita, generó una debacle generalizada en los mercados mundiales que inevitablemente contagió a los activos argentinos; llevando la cotización de los bonos a reestructurar por debajo del 40%, estacionándose, por ahora, en el 35%. Inmediatamente las computadoras se encendieron, los cañones enfocaron a Buenos Aires, y comenzaron a llover las ofertas a los pequeños fondos de inversión tenedores de deuda argentina.
Fuente: https://www.ambito.com/economia/deuda/primera-pista-del-canje-deuda-quita-55-n5089406
