Los organismos públicos encargados de aprobar proyectos inmobiliarios urbanos y suburbanos, están cada vez más orientados a cobrar plusvalías. Es algo que se está viendo en todo el país.
En las urbanizaciones apuntan a captar el 10% de la revalorización de la tierra producto de las normativas que permiten pasar de rural a urbanizable. Y en las ciudades, cuando admiten mayor edificabilidad, hasta ahora he visto que cobran hasta el 35% del valor agregado, aunque también estoy viendo iniciativas que pretenden llegar al 100%.
Incluso se está previendo que las municipalidades puedan vender derechos de edificación “plus”. Serían certificados transferibles, que podría ser adquiridos por el dueño de un lote, un desarrollador o un inversor.
Ante las restricciones fiscales tan generalizadas, las autoridades gubernamentales están encontrando en el valor de la tierra una fuente potencialmente relevante de financiamiento.
Real Estate: nota semanal al 19-02-2021
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