Se trata de un índice que elabora un organismo que depende de Presidencia y que incluye aspectos monetarios y estructurales. Implica que más de 25 millones de personas pueden ser consideradas pobres bajo este criterio combinado.
Una medición alternativa que realiza el Gobierno nacional indica que el 54,9% de la población puede ser considerada pobre al tomar en consideración un criterio monetario y, en simultáneo, una mirada multidimensional, es decir, que cuenta factores estructurales como vivienda, servicios básicos, educación, empleo y salud. Se trata, así, de más de 25 millones de personas en todo el país que podrían ser consideradas pobres bajo este punto de vista.
Esa medición es realizada por el Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, una oficina que depende de Presidencia de la Nación y que hasta el año pasado fue conducido por Victoria Tolosa Paz, quien dejó ese cargo para ser la primera candidata a diputada. El organismo pasó a ser conducido por Paula Amaya.
Según explicó el organismo, “con el propósito de arribar a un índice de pobreza multidimensional basado en el enfoque de derechos, se seleccionaron indicadores que contemplen las siguientes dimensiones: vivienda, hábitat y servicios básicos, educación, empleo y protección social y salud”. Según la metodología oficial, un hogar puede ser considerado pobre de manera multidimensional si tiene carencias en dos de los aspectos anteriores.
Una medición alternativa que realiza el Gobierno nacional indica que el 54,9% de la población puede ser considerada pobre al tomar en consideración un criterio monetario y, en simultáneo, una mirada multidimensional
En ese sentido, los criterios de consideración para establecer esa medición alternativa de la pobreza toman en cuenta la “precariedad de los materiales de la vivienda, hacinamiento, tenencia insegura de la vivienda, condiciones sanitarias deficientes, ubicación de la vivienda en zona vulnerable”, respecto al primer ítem incluido.
Por otra parte, el indicador estudia el nivel de “inasistencia a un establecimiento educativo en las edades obligatorias, rezago escolar de los asistentes, logro educativo insuficiente” respecto a la educación; y por otro lado las “dificultades para acceder al empleo remunerado, precariedad laboral de los trabajadores, déficit de cobertura previsional de los adultos mayores y ausencia de doble cobertura de salud (obra social o prepaga)”, sobre el empleo y la salud.
El Consejo de Políticas Sociales aclaró que no se trata de una medición que reemplace al índice de pobreza por criterio monetario que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), sino que se trata de un indicador complementario, que busca establecer otras causas y alcances de la pobreza para que el Estado diseñe respuestas de política pública diferentes a las que solo tienen en cuenta la situación económica.
El último informe actualizado recoge datos hasta la primera mitad del año pasado. “Para el primer semestre de 2021, un 44,6% de la población se encuentra en situación de pobreza multidimensional, lo que representa el 35,9% del total de hogares relevados por la Encuesta Permanente de Hogares”, explica la medición.
De todas formas, “como el presente índice no tiene en cuenta el aspecto monetario, se aplicó adicionalmente el método integrado, que permite cruzar la pobreza monetaria con la pobreza multidimensional”, continuó. “Considerando este método, en el primer semestre de 2021 un 54,9% de la población (44,6% de los hogares) presenta al menos una de estas dos situaciones de pobreza –monetaria o no monetaria– mientras que el 29,9% presenta ambas formas (22,2% de hogares)”, estimó. Eso implicaría más de 25 millones de personas.
Los criterios de consideración para establecer esa medición alternativa de la pobreza toman en cuenta la “precariedad de los materiales de la vivienda, hacinamiento, tenencia insegura de la vivienda, condiciones sanitarias deficientes, ubicación de la vivienda en zona vulnerable”
Al tratarse de una medición muy reciente, no existe una serie histórica para hacer una comparación. Un estudio anterior que tuvo lugar en el marco del Consejo de Coordinación de Políticas Sociales muestra datos al primer semestre de 2020, es decir que permite una comparación interanual. En ese informe anterior se había registrado un 49,6% de personas en condición de pobreza multidimensional en el pleno impacto de la pandemia. La reducción en un año fue de 5 puntos porcentuales.
Y al tomar en consideración el criterio que cuenta tanto la pobreza estructural como la monetaria, a mediados de 2020 afectaba al 58,5% de la población -es decir, el 47,8% de los hogares- lo que indicaría una reducción de 3,6 puntos porcentuales. Respecto a la medición combinada, un 32,6% de los habitantes sufrían los dos tipos de pobreza.
“Existe un amplio consenso respecto de la necesidad de que los países dispongan de mediciones multidimensionales de pobreza, a fin de contar con información complementaria a la obtenida por mediciones basadas en ingresos monetarios”, consideró el Consejo de Coordinación de Políticas Sociales.
“Los nuevos marcos conceptuales sobre el desarrollo social y el bienestar van más allá de la noción de pobreza limitada a la insatisfacción de necesidades, la constatación de las limitaciones de los indicadores monetarios como aproximaciones al estándar de vida y la necesidad de una mayor alineación entre indicadores de pobreza y políticas tendientes a superarla”, apuntó.
Al primer semestre de 2021, un 54,9% de la población (44,6% de los hogares) presenta al menos una de estas dos situaciones de pobreza –monetaria o no monetaria– mientras que el 29,9% presenta ambas formas
Según el documento, hay antecedentes en otros países de la región que realizan mediciones similares. “Diversos países, particularmente en América Latina, optaron en el último tiempo por avanzar en la complementación del enfoque tradicional de pobreza por ingresos con el enfoque de pobreza multidimensional. Tanto Colombia como Ecuador, Costa Rica, Chile, El Salvador y Brasil toman a los hogares como unidad de análisis, mientras que México toma a las personas. Uruguay presenta dos ejercicios, en uno toma a las personas y en el otro a los hogares”, enumeraron.
La última medición monetaria oficial que publicó el Indec marcó que el 37,3% de la población -unas 17,4 millones de personas- es considerada pobre en la Argentina y el 8,2% vive en condiciones de indigencia. De acuerdo a los datos del segundo semestre de 2021, de esta manera, los indicadores sociales principales mostraron una mejora respecto al 42% de pobreza que marcó el 2020 y el 40,6% de la primera mitad del año pasado.
Tanto la pobreza como la indigencia tuvieron un recorte, explicado por la recuperación económica superior al 10% en 2021 que fue acompañada por un rebote en los números de empleo. De todas formas, ese alivio fue muy parcial, en especial para las familias que viven de ingresos de empleos no registrados. Como referencia, los trabajadores informales perdieron por unos 12 puntos porcentuales contra la inflación.
