El viernes el país debería abonar USD 717 millones al organismo, pero el Ejecutivo y el Fondo aún no llegaron a un consenso técnico. Los escenarios si Alberto Fernández decide no pagar
La cuenta regresiva antes de un nuevo vencimiento de deuda con el Fondo Monetario Internacional comenzará a recorrer su tramo final esta semana. En estos cinco días hasta el viernes el Gobierno deberá decidir si acelera las conversaciones con el FMI lo suficiente para alcanzar un acuerdo técnico o bien tomar una decisión sobre las obligaciones de pago de los próximos días: pagarlos y afectar así las reservas del Banco Central o no pagar y agregar aún más ruido en un mercado financiero con presiones crecientes.
La hoja de ruta de la negociación con el FMI comenzará a coincidir en las próximas semanas con un calendario de exigencias de devolución del préstamo Stand By cada vez más marcado. El 28 de enero es la primera parada en del año, cuando el Gobierno debería repagar al organismo internacional unos 717 millones de dólares, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso. La semana siguiente, el 1° de febrero, el pago debería ser de otros 368 millones en concepto de intereses.
En total, serían unos 1.085 millones de dólares, una suma alta considerando las reservas internacionales del Banco Central. Según algunas estimaciones privadas, el colchón de divisas neto de la autoridad monetaria ronda entre los 1.500 y 2.000 millones de dólares, por lo que el impacto en su poder de fuego en el mercado cambiario se vería notablemente disminuido.
En caso de que el Gobierno decidiera pagarle al FMI mientras sigue negociando, la totalidad de los Derechos Especiales de Giro (DEG), que el Fondo envió a la Argentina en agosto como parte de su plan de asistencia a países miembro en contexto de pandemia, habrían completado su retorno a las arcas del organismo, en apenas cinco meses.
Ya antes de la llegada de ese refuerzo que el Fondo hizo a sus socios, en el Banco Central se agarraban la cabeza cada vez que se aproximaba un vencimiento de deuda. La entidad tiene a su cargo la intervención en el mercado cambiario y la administración de divisas para realizar importaciones.
Aún no es seguro que el Gobierno decida pagar sin más los próximos vencimientos ante el Fondo. Mientras, sigue en conversaciones técnicas con el organismo. tal como hizo a lo largo de 2021, año en que desembolsó más de USD 3.700 millones al organismo, que a su vez le envió, a fines de agosto pasado, USD 4.355 millones que el gobierno usó para afrontar los vencimientos.
El saldo a favor se está agotando, las reservas del Banco Central son escasas, la distancia hasta la fecha de pago es corta y persisten las diferencias entre el equipo económico y el staff del FMI sobre qué tan rápido el Estado argentino convergería hacia un escenario de equilibrio fiscal.
Esa es, a esta altura de la negociación, la diferencia principal entre las partes. No es una diferencia menor, porque la pendiente del sendero hacia el déficit cero determinará, cada año, cuánto financiamiento necesitará el Tesoro, y en particular cuánto debería ser cubierto por el Banco Central a través de emisión monetaria.
“La diferencia que tenemos con el FMI es la velocidad de consolidación fiscal y las combinaciones entre gastos e ingresos. No queremos penalizar la demanda cuando la economía se está recuperando”, dijo Martín Guzmán en una entrevista con el diario francés Le Figaro. A grandes rasgos, el ministro de Economía plantea alcanzar el equilibrio fiscal en 2027 y el organismo quiere que sea un par de años antes.
A partir del acuerdo o desacuerdo sobre el nivel de déficit y el tiempo necesario para recortarlo se ramifican las demás variables de un eventual programa a 10 años. Entre ellas, la cantidad de pesos a emitir cada año por el BCRA, las previsiones de inflación, cuánto podría recolectar el Tesoro en licitaciones de deuda, cómo apuntalar la recaudación tributaria, la cantidad de reservas internacionales, el nivel de gasto público en sectores como subsidios, entre otras cuestiones.
La decisión de efectuar o no el pago al Fondo Monetario está en análisis por parte del presidente Alberto Fernández, que sopesa pros y contras. Abonar casi 1.100 millones al FMI en medio de un clima áspero con el organismo y reducir ostensiblemente las reservas del Central o no pagar y que el mercado lea esa señal como un alejamiento de las chances de acuerdo. Un mensaje de este tipo provocaría, estiman algunos analistas, un escenario de presiones cambiarias aún mayores.
El incumplimiento ante el Fondo no es igual, en términos técnicos, a un default. Hay una instancia previa que la jerga legal del Fondo llama arrears, traducible como atrasos. Habría, de esa forma, una ventana de tiempo de 180 días desde el hecho de impago hasta que el directorio del FMI pueda discutir si el país ingreso en situación de default propiamente dicho. Más allá del tecnicismo, la señal sería leida de forma negativa por inversores.
“Las expectativas continuarán siendo negativas. Los mercados financieros ya descuentan la falta de acuerdo y la escasa posibilidad de Argentina de acumular reservas, es decir, trabajan sobre la hipótesis de un nuevo default. La expectativa de déficit fiscal financiado con inflación o deuda deriva en más inflación y un incremento del endeudamiento en pesos del Gobierno y del Banco Central e incrementa el riesgo de reestructuraciones en pesos con la consiguiente reducción de la demanda de pesos y de la demanda de títulos de la deuda pública. La caída de la demanda de dinero se traducirá en una mayor brecha cambiaria. Todo esto terminaría afectando la inflación, actividad económica, salarios y empleo”, consideró el economista de Quantum Juan Sommer.
“La Argentina está comenzando el 2022 sin instrumentos genuinos de política económica. La coincidencia entre los vencimientos de deuda y la falta de esas herramientas es la que debería impedir que el gobierno persista en dilatar decisiones y se aboque a replantear objetivos e instrumentos de política económica. La cuenta regresiva ya ha comenzado, aunque todavía no se perciba suficiente urgencia del lado de la administración nacional”, cuestionó por su lado un informe de Fundación Mediterránea.
Desde el Ministerio de Economía en las últimas horas pensaban en el acuerdo como un esquema de tenaza en que el acercamiento técnico con el staff y la presión geopolítica en el directorio deberán apretar al mismo tiempo para poder llegar a un programa financiero nuevo, y aseguraron que se trabaja en el “día a día”. Aún no existe una respuesta en concreto sobre si el Gobierno pagará el viernes y lunes próximo al FMI, tal como dejó explícito la portavoz Gabriela Cerruti.
El horizonte será incluso más exigente hacia adelante. Más allá del vencimiento conjunto de casi 1.100 millones de dólares entre viernes y lunes, entre fines de febrero y marzo tendrá lugar una obligación de pago aún mayor: no solo caerán otros USD 2.800 millones de deuda hacia el FMI -que ya lucirá imposible de pagar- sino que además deberá girar otros USD 200 millones al Club de París a fines de febrero. Luego, quedarán otros USD 1.900 millones a refinanciar. El acuerdo sobre ese monto dependerá, como muchas otras cuestiones en la hoja de ruta económica, del resultado de la negociación técnica con el FMI todavía sin resolver.
