El impacto en la producción agropecuaria se calcula en al menos USD 8.000 millones y las ventas al exterior ya cayeron un 11% en enero. En 2023 habrá pagos a bonistas pero menos importaciones de GNL
El Gobierno y el Fondo Monetario Internacional se aprestan a concluir la negociación que determinará como serán las nuevas metas de acumulación de reservas del programa financiero y que le evitará al Poder Ejecutivo la obligación de acopiar a lo largo del año USD 4.800 millones de divisas en el Banco Central en un año que empezó torcido en el frente cambiario por el impacto de la severa sequía.
En Washington, todavía los técnicos del FMI en diálogo con los funcionarios del Ministerio de Economía terminaban por estas horas de delimitar el alcance de esa modificación mayúscula que tendrá el Extended Fund Facility (EFF), el programa que comenzó hace casi un año exacto.
Si bien ya había tenido cambios en algunos de sus objetivos trimestrales de reservas -también fiscales y de emisión monetaria pero solo en términos nominales en un contexto de inflación más alta de lo previsto-, una relajación de esta naturaleza en la hoja de ruta de acumulación de dólares en el BCRA será un cambio acordado único en su especie en lo que va de vigencia del EFF.
Por qué se decidió reducir la meta de reservas
El contexto de sequía fue más grave de lo que se esperaba hace algunos meses, cuando el equipo técnico del Fondo Monetario Internacional ya le había manifestado a los funcionarios del Gobierno que su principal preocupación para este año era el impacto de la seca en la producción agropecuaria y, por ende, en el flujo de exportaciones y divisas.
A partir de ese diagnóstico temprano, entre Buenos Aires y Washington intercambiaron pareceres y cálculos sobre cuál podría serla profundidad de ese efecto macroeconómico de la sequía y qué efectos de derrame pudiera tener sobre el resto de la actividad económica.
Sequía: encendió las alarmas del staff del FMI a fines del año pasado y comenzó con consultas informales ante los funcionarios argentinos. En el Gobierno todavía lo consideraban una discusión precoz, aunque en el ida y vuelta a distancia a través de discusiones virtuales el tema volvió a aparecer con fuerza.
Ya en su último informe de staff de diciembre el organismo financiero ubicó a la sequía como uno de los elementos de preocupación centrales hacia adelante. Los primeros datos de exportaciones en enero asimilaron un primer golpe del efecto climático: según el Indec, fueron de USD 4.900 millones, un desplome de 11% en comparación con el mismo mes del año anterior.
Un trabajo de Fundación Mediterránea estimó que, en un escenario base, “las exportaciones totales de principales productos agropecuarios y derivados industriales (granos, aceites, harinas, carne bovina y lácteos) se estaría aproximando a los USD 37.800 millones en 2023, con una caída de USD 8.400 millones respecto al año previo (-18 por ciento)”.
“Esta pérdida de divisas se agrava en el escenario base deteriorado (-USD 10.100 millones, -22%), mientras que sigue siendo alta, pero algo menor en el escenario base mejorado (-USD 6.500 millones, -14%)”, calculó ese centro de estudios.
Pagos de deuda: otro elemento que influyó en la ecuación de flujo de dólares en las reservas tiene que ver con la cuenta de intereses de deuda en dólares que, a inversores privados o a organismos internacionales -incluido el FMI- el Poder Ejecutivo deberá abonar a lo largo del 2023.
Una proyección realizada por la consultora LCG midió que “a diferencia de 2022, 2023 será un año con pagos netos al FMI por USD 1.900 millones”, mencionó. En ese sentido, recordó que “2022 fue un año que contó con financiamiento neto, parte del cual fue contado dentro de las reservas netas como apoyo presupuestario (USD 4.200 millones). En relación al año pasado, la secuencia de desembolsos y pagos supone una mayor exigencia por USD 9.200 millones”, concluyó.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), entre febrero y diciembre de 2023 se estiman pagos de intereses de deuda por el equivalente a USD 110.567 millones, de los cuales USD 26.674 millones son en moneda extranjera. De ese total en moneda dura, la gran mayoría -USD 17.800 millones corresponde al FMI, que a su vez la mayor parte está cubierta con desembolsos- y otros USD 2.550 millones serán pagos a tenedores de bonos reestructurados en 2020. Por último, la OPC proyectó una devolución a organismos internacionales de crédito por USD 2.800 millones más.
El frente cambiario: el año arrancó con desafíos en términos de las cotizaciones paralelos del dólar para el Poder Ejecutivo. Con una fuerte presión sobre los dólares financieros, el Banco Central requirió del uso de reservas para salir a intervenir sobre el mercado cambiario.
Para la consultora Sarandí, “las reservas de libre disponibilidad cayeron casi USD 1.000 millones en lo que va de 2023, porque todos quieren comprarle al Banco Central, pero nadie quiere venderle. Hoy los principales ingresos en el MULC se dan a partir de créditos de organismos multilaterales que financian proyectos para el desarrollo”, afirmaron.
A eso se sumó, además, la decisión de la recompra de bonos en dólares por USD 1.000 millones que tomó el Ministerio de Economía para hacer recuperar los valores de los títulos del Tesoro en moneda extranjera. Al mismo tiempo, se involucró en negociaciones con un grupo de entidades financieras para conseguir un préstamo repo, una idea que se enfrió en las últimas semanas.
Según LCG, esa iniciativa “es un destino para las reservas no contemplado el año pasado, lo que impone una mayor exigencia este año”. Para el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en ese sentido, “luego del Dólar Soja 2, el BCRA volvió a ser vendedor neto en el MULC. Si bien no son montos elevados, la dinámica no luce bien: con tipo de cambio nominal desacelerando, sequía y recompra de deuda, la meta de reservas se aleja”, mencionó.
Energía: entre los factores de presión a las reservas que apuraron la definición sobre una meta más corta de acumulación de divisas, hubo un elemento que, de manera parcial, compensó la cuenta negativa que hicieron entre el Ministerio de Economía y el Fondo Monetario. Se trata del costo que tendrá que pagar el Estado este año para el abastecimiento de energía en los meses de mayor demanda.
El año pasado la economía requirió importar más de USD 12.700 millones y este año esa cuenta podría recortarse hasta poco menos de USD 6.200 millones, de acuerdo a estimaciones de LCG.
“En este caso operan distintas cuestiones: la consideración de que el gasoducto estará finalizado a mediados de año lo que permitirá reducir la cantidad de GNL demandada por importaciones; una mayor oferta y la baja de precios respecto al pico generado con el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania redundará en un menor costo de las importaciones energéticas y que la proyección de un menor nivel de actividad en 2023 tendrá como correlato una menor demanda de energía”, consideró LCG.
En ese sentido, un informe del CEPA estimó que “con la inyección de la 1° etapa se dejará de importar gas en los meses de verano y se sustituirá alrededor de un tercio de las importaciones realizadas en invierno a un precio sensiblemente más bajo. Con la finalización del 2° tramo se podría dejar de importar gas y así evitar la salida de USD 3.100 millones al año”, concluyó el CEPA.
