La fuerte baja de tasas busca priorizar la reactivación de la economía, pero postergando la lucha contra la suba de precios. El Banco Central saldrá a absorber pesos excedentes, pero se duda que lo haga en forma agresiva
En el orden de prioridades del Gobierno en materia económica sobresalen dos aspectos: frenar la caída de la actividad y avanzar con la reestructuración de la deuda. El ajuste que procura la Ley de Solidaridad aprobada a fin de año es otro de los objetivos pero que apunta a llegar mejor parado a la negociación con los acreedores. La inflación aparece como un tema secundario en medio de la emergencia, lo que supone nuevamente un cambio de paradigma respecto a la anterior administración.
El gobierno de Mauricio Macri partía de la idea de que una baja de la inflación mejoraría el poder adquisitivo de los asalariados y por lo tanto era su prioridad por ante cualquier otro objetivo. El problema es que la política monetaria restrictiva, incluyendo un fuerte aumento de la tasa de interés y la prohibición para que el Banco Central financie al Tesoro, no dio el resultado previsto. Esta semana el Indec informó que la inflación del 2019 fue de 53,8%, la mayor desde 1991.
El nuevo titular del BCRA, Miguel Pesce, declaró que su objetivo es que la inflación de este año sea menor a la del año pasado. No se trata de un gran compromiso, teniendo en cuenta que la del año pasado superó el 50% Por el momento, su decisión más contundente fue bajar la tasa de Leliq del 63% al 50% en poco más de un mes. Automáticamente promovió una reducción de tasas de plazos fijos. La mayoría de los bancos del sistema pagan entre 35% y 37%, varios puntos por debajo de la inflación. Esto significa que los ahorristas volvieron a percibir rendimientos negativos en términos reales.
La baja de tasas busca poner en marcha la rueda del crédito. Y lentamente empiezan a vislumbrarse señales en ese sentido. Uno de los principales jugadores del mercado de financiamiento a consumo aseguró a Infobae: “Las tasas bajaron alrededor de 25 puntos respecto a los picos máximos de 2019. Y eso alienta a más gente a tomar financiamiento”. La caída del crédito fue tan brutal el año pasado que trasladó un gran potencial para el 2020.
Esa demanda “adormecida” es lo que quiere “despertar” el Gobierno para empujar a la reactivación del consumo. Está claro que no alcanza con los aumentos a cuentagotas otorgados a jubilados y beneficiarios sociales (bono de fin de año) y a los asalariados públicos y privados, a partir del aumento por decreto de $4.000. Como la inflación también sigue en niveles elevados, estos aumentos apenas alcanzan para que no se deteriore adicionalmente el poder adquisitivo. Pero para apalancar una mejora del consumo es necesario que repunte el crédito.
Bajar la tasa de interés real y darle impulso al crédito para incentivar el consumo no son medidas precisamente “ortodoxas” para combatir la inflación. La “prueba de fuego” llegará pronto para el nuevo titular del Central. Esta semana comenzará con el nuevo esquema de licitaciones de Leliq, que además serán emitidas a un plazo de hasta 14 días. El interrogante es hasta dónde llegará la absorción de pesos, luego de la expansión de $600.000 millones que efectuó el BCRA en el último bimestre del año. Cerca de $350.000 millones fueron adelantos transitorios para financiar al Tesoro y unos $200.000 millones para comprar dólares en el mercado cambiario.
Pesce tiene que evitar caer en el mismo error que sus antecesores (Federico Sturzenegger y Guido Sandleris), que bajaron muy rápido las tasas y se quedaron cortos con la absorción de pesos, desatando fuerte presión sobre el dólar y generando nuevos picos inflacionarios. Ahora, a diferencia de lo sucedido en estos episodios, hay un fuerte control cambiario que le daría algo más de margen al Central para moverse, debido a que existen muchas más restricciones para mover los pesos, especialmente entre empresas e inversores institucionales como fondos comunes de inversión o compañías de seguros. Es decir hay menos espacio para dolarizarse.
El gobierno busca salir del enfoque “monetarista” para explicar la inflación. Tanto el ministro de Economía, Martín Guzmán, como el de Producción, Matías Kulfas, reconocieron que la emisión monetaria debe ser “cautelosa”. Y hacen referencia a la necesidad de reducir las “expectativas inflacionarias”. Para eso es fundamental frenar la indexación, tanto de salarios como del gasto público. La baja de tasas también perseguiría ese objetivo.
La política de tasas negativas no ha tenido, sin embargo, históricamente buenos resultados. Por un lado puede generar un repunte del crédito de corto plazo. Entre 2011 y 2015 hubo rendimientos en pesos por debajo de la inflación y sin embargo la economía tuvo crecimiento cero. La manera de mantener esos bajos rendimientos es controlando que el tipo de cambio no se dispare. Si el dólar “libre” y el “contado con liquidación” continúen en aumento, esa brecha tarde o temprano terminará presionando a una devaluación del dólar oficial.
El cepo cambiario, en definitiva, resulta un instrumento mucho más fuerte que las tasas negativas o la política para reactivar el crédito. Las restricciones cambiarias reducen la salida de dólares, pero sobre todo inhibe la llegada de nuevas inversiones.
Mientras tanto, la inflación de enero se mantendría en niveles elevados, ya que se estima un valor superior al 3,5%. Uno de los aspectos que pesa es el regreso del IVA a los alimentos, que generó un fuerte repunte en los productos básicos en la primera quincena del mes. Pero para compensar estas presiones se recurre a viejas recetas: naftas y tarifas congeladas y un dólar oficial inamovible, que vuelve a usarse como ancla de precios.
De esta manera, se corre el peligro de volver a bajar los niveles de inflación artificialmente, pero sumando distorsiones a la economía. Todo será encarado recién después de la renegociación de la deuda, idealmente previsto para fin de marzo. La decisión de Axel Kicillof de postergar el pago de capital de un bono provincial de USD 250 millones agregó presión y dejó en claro que las negociaciones que se avecinan para la deuda nacional no serán precisamente un camino despejado. Empiezan 60 días decisivos, que marcarán a fuego al gobierno de Alberto Fernández.
