Según cálculos privados, se requerirán (en el cálculo en bruto) unos u$s 50.000 millones. En cuatro años asciende a u$s 136.000 millones los recursos necesarios.
Aún sin el reperfilamiento de la deuda aprobado en el Congreso ni avanzadas las negociaciones con los bancos internacionales y sin definiciones sobre el rumbo del programa con el FMI (y su renegociación de la devolución del préstamo), los números para 2020 lucen cuesta arriba. Las necesidades brutas de financiamiento para el año próximo son de casi u$s 50.000 millones, según estimaciones privadas. Y, si se computa el próximo período presidencial, de 2020 a 2023, alcanzan los u$s 136.000 millones.
Así surge de cálculos que hicieron en la consultora Seido, en la que identificaron que este monto se reduce a u$s 100.000 millones, para los próximos cuatro años, si se llegara a reprogramar el reembolso de FMI.
De hecho, en el propio proyecto de Presupuesto que el ministro de Hacienda Hernán Lacunza presentó en el Congreso el 16 de septiembre calcula que las necesidades brutas de financiamiento alcanzan el 16% del PBI, similar a la estimación de la consultora privada.
Un informe de ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto) detalló que el Estado Nacional requiere $ 5090 billones para cubrir todo el financiamiento del próximo ejercicio, cifra que representa el 16,1% del PBI. En Seido, bajo el supuesto de que habrá un déficit primario equivalente a 1,5% del PBI (diferente del proyecto oficial), estiman que las necesidades brutas trepan a 12,4% del PBI en 2020.
Otro aspecto que resaltan es que «el tiempo también es corto», en relación a los vencimientos que se deben afrontar en los próximos meses: las necesidades financieras mensuales, excluyendo el déficit primario, promedian u$s 2500 millones entre septiembre y enero, pero suben a un promedio de u$s 5700 millones entre febrero y mayo de 2020, identificaron.
«Sin embargo, el riesgo de liquidez es principalmente de legislación local y se vuelve más internacional a medida que nos expandimos al riesgo de solvencia», diferenciaron. En ese punto, sería más urgente conseguirla ley en el Congreso hoy que terminar de negociar con los bonistas que tienen títulos bajo legislación extranjera. Aunque una cosa va atada a la otra.
Así, marcaron que los títulos bajo legislación extranjera crecen cuando se amplía el lapso tenido en cuenta: explican el 11% de las necesidades financieras de 2020, el 21% para 2020-2023, o el 30% si se reprograma el FMI, y el 41% de la deuda total.
En la dirección opuesta, los bonos bajo ley local representan el 74% de las necesidades financieras de 2020, el 38% en 2023, o el 55% sin FMI, y el 26% de la deuda, señalaron.
Cuando anunciaron el proyecto de reperfilamiento de la deuda, desde Hacienda aseguraron que bajo legislación local hay unos u$s 20.000 millones en juego en diferentes títulos. Para renegociar, se presentó proyecto de ley en el Congreso, que incluye las cláusulas de acción colectiva.
A su vez, bajo legislación extranjera, para lo que en la Secretaría de Finanzas recibieron propuestas de 13 bancos internacionales, hay títulos por unos u$s 30.000 millones.
«Desde la óptica del Ministerio de Hacienda, la deuda soberana Argentina no presenta un problema de solvencia, especialmente si se mantiene el actual sendero de consolidación fiscal, y la percepción del mercado respecto a los riesgos de liquidez debería mejorar tan pronto como se resuelva el reperfilamiento de la deuda de mediano y largo plazo», rescataron desde ASAP.
