El 63% de las transferencias se destina a la energía y sólo este rubro explica casi todo el incremento. Hubo una fuerte aceleración en el periodo pre electoral
Los subsidios económicos acumularon un alza del 55% en los nueve primeros meses del año, ya superaron lo gastado por ese concepto en todo 2012 y según cálculos privados llegarían a los $ 140.000 millones a fines de 2013, repartidos casi íntegramente a los sectores de energía y transporte.
Según las proyecciones que maneja Empiria Consultores, las transferencias para cubrir el agujero energético ascenderá a $ 93.000 millones este año mientras que los fondos destinados al transporte se acercarán a los $ 30.000 millones.
Los subsidios se vienen incrementando año a año de manera nominal pero más importante aún como porcentaje del PBI. De acuerdo a las estimaciones del Estudio Broda y Asociados, en 2005 representaban el 0,63% del PBI, en el 2008 saltaron al 3% del PBI y este año equivaldrán al 4,8% del PBI. En Empiria son más pesimistas y creen que este año se destinará 5,3% del PBI para este fin, “lo que representa la quinta parte del gasto primario, 8,5 veces el presupuesto asignado a la Asignación Universal por Hijo y 2,4 veces la recaudación por retenciones a las exportaciones”.
Para la consultora que dirige el ex funcionario del Banco Central Hernán Lacunza, los subsidios ya alcanzaron una dimensión “difícil de manejar” y comprometen la estabilidad macroeconómica porque explican todo el déficit fiscal y superan largamente las necesidades del Tesoro cubiertas con emisión monetaria.
El rojo energético
El grueso de los subsidios es destinado al consumo de energía (64%) y en menor medida al transporte (23%). La cuenta energética explica casi íntegramente el alza de los subsidios en los últimos años, al pasar desde $ 16.000 millones a más de $ 90.000 millones entre 2009 y 2013. En particular, en el primer semestre del año las transferencias por subsidios energéticos aumentaron 62,5%, acelerándose a un ritmo de 91% anual en los tres meses previos a las elecciones legislativas, reveló el informe de Empiria.
Actualmente más del 30% de los subsidios totales están destinados a mantener las tarifas energéticas, principalmente en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, y otro 25% a la importación de combustible para abastecimiento del mercado interno, destacaron desde la consultora.
El resto se destina a transporte automotor de pasajeros ($ 12.000 millones anuales), al sistema ferroviario metropolitano ($ 4.000 millones), a Aerolíneas Argentinas ($ 3.500 millones), a AySA ($ 6.500 millones) y a ARSAT ($ 5.000 millones).
Para casi todos los economistas, es imprescindible que los subsidios se reduzcan para bajar el déficit fiscal. En este sentido entre los cambios de política económica que se barajan para el periodo post electoral, trascendió la posibilidad de que el Gobierno los revise. Sin embargo, los analistas no son optimistas respecto a su implementación.
“Reducir los subsidios económicos es de importancia estratégica ya que implican una enorme masa de recursos públicos derrochados. En algunos casos su eliminación depende de la decisión política de dejar de impulsar proyectos inviables, como es el caso de Aerolíneas Argentinas. En otros, la eliminación de los subsidios es más compleja de instrumentar porque requiere actualizar las tarifas de los servicios públicos. Esto precisa, como paso previo, montar un esquema transparente y bien controlado de tarifas sociales para no perjudicar a las familias más pobres”, plantearon desde IDESA.
En tanto, desde el Estudio Broda, recalcaron que quizá el Gobierno intente moderar algo la dinámica de los subsidios con una leve suba tarifaria pero el grueso del gasto difícilmente será moderado.
“A pesar de que generan ineficiencia porque desalientan la producción e inversión y exacerban el consumo, son regresivos y poco federales no será fácil la economía política de cualquier reforma”, aseguraron desde la consultora que dirige Lacunza.
“Una reducción en los subsidios, y el consecuente traslado a la tarifa final, generarán invariablemente un impacto en los precios y en los costos de algunas industrias”, advirtieron.
En este sentido, el informe da cuenta de que si se hicieran ajustes significativos de 200% para las tarifas energéticas y del 100% para el transporte, implicaría un ahorro fiscal de $ 24.000 millones sin tener en cuenta la inercia inflacionaria (un 17% del total de subsidios económicos), a costa de un 6,7% de incremento en el costo de la canasta de consumo.
