El estudio que representó al país en el «Juicio del Siglo» volverá a ser el agente legal. Fue por recomendación de Zannini.
La presentación oficial de ayer de la propuesta de emisión de deuda en el mercado norteamericano para comenzar el proceso de reestructuración de deuda ante la Security Exchange Commission (SEC), trajo una confirmación indirecta y el regreso de un viejo conocido. El Gobierno no descarta que eventualmente todo el proceso termine de manera fallida (léase default) y, en consecuencia, en un juicio en los tribunales del Segundo Distrito Sur de Nueva York; un lugar que Argentina conoce muy bien y donde protagonizó el Juicio del Siglo contra los fondos buitre. Por esto, las autoridades argentinas tomaron la decisión de llamar nuevamente al estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H) como los representantes legales, tanto para la presentación de ayer como para eventuales consecuencias legales en los tribunales donde antes reinaba Thomas Griessa y ahora atiende Loretta Preska. Y donde ya Argentina tiene abiertas dos causas de inminente resolución: el de YPF por la reestatización de la petrolera y el de la eventual manipulación de los datos del crecimiento de la economía y el pago del Cupón PBI.
Los abogados del estudio CGS&H trabajaron con el país en el proceso que se inició con el canje de deuda del 2005 y el 2006 bajo la gestión de Néstor Kirchner; quién decidió mantener al estudio que había trabajado en la legalidad del lanzamiento de parte de la deuda que se había emitido durante la década del 90. Luego, cuando comenzaron los primeros combates aislados en el juzgado de Griesa, el propio Kirchner decidió mantener al estudio como representantes legales; lo que se sostuvo hasta el final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Luego, durante la gestión de Alfonso Prat Gay fue corrido del escenario. El entonces ministro de Economía y Finanzas decidió contratar a Cravath, Swaine & Moore (CS&M), quienes completaron la operación en 2016. La presentación del pedido formal ante la SEC, determina ahora un regreso del estudio CGS&H a las filas de la defensa jurídica de los casos financieros en Wall Street. Los acreedores y su nivel de aceptación determinarán si además será el defensor del país ante eventuales juicios en los famosos tribunales del Segundo Distrito Sur de Nueva York.
La decisión de volver a contratar a CGS&H fue una recomendación al Ejecutivo del ahora procurador general del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini. El exsecretario general de la Presidencia es, a nombre del Estado argentino, el que debe asumir la defensa institucional de los juicios que se le hacen al país en el exterior. Esto incluye tanto la operación de colocación de deuda, si hay acuerdo; como los posteriores y eventuales embates en los tribunales de Preska. Lo que Zannini recuerda y, en consecuencia recomienda, es que CGS&H siempre acompañó durante el juicio contra los fondos buitre la posición del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner; aun aclarando en varias oportunidades que no estaba de acuerdo ni con la estrategia de fondo ni con posiciones puntuales. Valoraba Zannini, que el abogado que representaba al país en aquel juicio, Carmine Boccuzzi, era claro y directo en las críticas (muchas y en todas las alternativas); pero que una vez tomada la decisión desde Buenos Aires, la defensa era profesional y tomando las instrucciones del Gobierno de entonces como la norma a seguir. Tal nivel de aceptación de las disposiciones oficiales, fue lo que llevó luego del cambio de Gobierno con la llegada de Mauricio Macri al poder, a cambiar de representante legal ante los tribunales de Nueva York. Por recomendación de Alfonso Prat Gay, la negociación final con los fondos buitre la hizo CS&M en el bufete del entonces special master Daniel Pollack, designado por Griesa para cerrar el acuerdo final.
Ahora vuelve CGS&H; y, según el escrito conocido ayer, con otro representante legal llevando adelante el caso argentino: el socio del bufete Andrés de la Cruz, quién firmó la presentación a nombre del estudio. Por el lado argentino la firma correspondió a Adrián Nador, economista y diplomático que se desempeña como encargado de negocios de la Embajada argentina en Washington.
Según la presentación legal, Argentina pidió ayer permiso oficial para emitir bonos y cupones de deuda soberana bajo legislación de Nueva York por unos u$s50.500 millones, destinados exclusivamente al proceso de canje de los títulos públicos que comenzarán a ser renegociados, se supone, a partir de la próxima semana; y luego de la oficialización de la oferta de hoy (ver nota aparte). Si bien el monto exacto y la forma en que se oficializará la quita se conocerá hoy en Olivos, la línea general a seguir será el decreto 250/2020 publicado el 9 de marzo pasado, que plantea que la cantidad de deuda a renegociar será de u$s68.842.528.826 millones, lo que incluye los bonos emitidos en la operación de canje del 2006. La declaración de registro contiene un prospecto, que consta de una portada, una tabla de contenido, páginas numeradas de la 1 a la 37 y una contraportada, relacionada con títulos de deuda de la Argentina con un monto total máximo de capital de 51.652.645.202 dólares o su equivalente en una o más monedas o unidades monetarias, que pueden ofrecerse y venderse en los Estados Unidos a partir de la fecha de vigencia de esta declaración de registro.
