Argentina arranca probablemente su semana más importante del año en materia financiera. Una semana en la que podría entrar en un nuevo default, o como prefieren llamarlo algunos, un “Grie-fault” (en alusión al juez Thomas Griesa).
Desde el día 16 de junio que se conoció que la Corte Suprema de los Estados Unidos no iba a tratar el caso de los holdouts, el Gobierno se ha visto en una encrucijada que ha transitado con una estrategia de negociación sumamente agresiva. Como toda negociación, nunca hay que dar todo por terminado hasta que no se agoten las últimas instancias o, en otros casos, el tiempo. Aquí es un problema de tiempos y las partes han llevado el conflicto hasta el límite.
Claramente un default no le conviene a nadie. Al juez Griesa no le conviene porque quedaría en el centro de la atención (aún más), arriesgando su reputación. A los fondos buitres tampoco, pues arriesgarían una muy buena posibilidad de cobrar las deudas que hace años vienen reclamando. Y Argentina sería el mayor perjudicado, por consecuencias de diversa índole: macroeconómicas, financieras, sociales, políticas, etc.
Los abogados que representan a Argentina pretenden que Griesa o los fondos litigantes les concedan un nuevo stay para llegar a 2015. Los dos argumentos más explayados y sostenidos por los abogados defensores del Gobierno argentino han sido la potencial aplicación de la cláusula RUFO y las consecuencias jurídicas que podría acarrear sobre los funcionarios de turno.
¿Vale la pena correr el riesgo de que nadie pida el stay y entrar nuevamente en default¸ a fin de evitar el riesgo de la cláusula RUFO?
Más allá del tema del riesgo, legalmente no es tan probable que se gatille la cláusula RUFO. En primer lugar, porque Argentina no estaría haciendo una oferta de pago voluntaria mejor que la realizada a los holdins sino que estaría cumpliendo con un fallo judicial. Más aún, el incumplimiento de este fallo imposibilita a otros acreedores a seguir cobrando sus bonos.
En segundo lugar, sostener que esta oferta de pago es voluntaria implicaría desconocer el sistema jurídico estadounidense. Básicamente se estaría afirmando que obedecer el fallo de una corte de distrito es opcional y no obligatorio. Existen muchos más argumentos que sostienen que la probabilidad de que se gatille la RUFO es muy baja, pero estos dos tal vez sean los más sólidos y concretos.
La situación se parece cada vez más a cualquier ejercicio planteado en una clase de Teoría de Juegos. A nadie le conviene el default, pero cada uno presta más atención a los movimientos ajenos que a los propios. Y en este juego pareciera que los fondos buitre y Griesa tienen fuertes incentivos para introducir un stay, pero claramente Argentina se enfrenta a mayores costos. Nadie quiere pestañar.
Las negociaciones siguen y la esperanza de un acuerdo sobre la campana aún existe. El Gobierno ha tomado riesgos excesivos y se ha llegado a una instancia que nadie hubiera deseado. ¿Habrá final feliz?
El autor es Lic. en Ciencias Empresariales y tiene un Master en Banca y Regulación Financiera. Actualmente se desempeña como Analista de bolsa en TSA Bursátil, una empresa del Grupo Transatlántica
