Las principales noticias de la semana giraron en torno a las negociaciones con los Holdouts de la deuda pública. Un principio de acuerdo con los más acérrimos fondos lograría en principio destrabar el litigio, siempre que Argentina logre derogar la Ley Cerrojo y de Pago Soberano en el Congreso Nacional la semana próxima.
Las paritarias del sindicato de comercio —uno de los más grandes del país— cerraron con un 20% de aumento nominal pactado hasta septiembre, sumado a dos sumas fijas de 1.000 pesos que llevarían el aumento real al 23%. Anteriormente, los docentes nacionales habían cerrado sus paritarias en un 25% más otros extras, por lo que comienza a perfilarse que una porción significativa de los sindicatos estarán en línea con las expectativas de inflación del BCRA de un 25% —incluso si en varias provincias los docentes se mantenían aún en conflicto—.
La inflación en febrero según lo registrado por algunos privados cerró cerca del 4%. Con diferencias, distintas medidas muestran una leve desaceleración o una horizontalidad con respecto a enero. La inflación en Ciudad de Buenos Aires, sin embargo, tendría lugar aún para mantenerse alta, debido a los ajustes tarifarios en la electricidad, y otros que podrían producirse en el primer trimestre. De acuerdo a estimaciones propias, la inflación en Ciudad se espera alrededor del 4,5%. Jorge Todesca confirmó mientras tanto que el IPC oficial del INDEC podría estar listo durante junio.
En cuanto al nivel de actividad, los datos más recientes muestran un repunte en las ventas inmobiliarias durante enero en un 9,5%, aunque la industria continúa en recesión empujada por fuertes caídas en el sector siderúrgico y automotor particularmente. Las principales noticias internacionales giraron en torno a una caída del PIB de Brasil que supera el 3,5% para el 2015, mientras el ex presidente Lula era trasladado por la Policía para declarar sobre los casos de corrupción alrededor de Petrobras.
Una puerta al financiamiento
El lunes de esta semana el mediador en el conflicto entre Argentina y los Holdouts de la deuda pública, Daniel Pollack, anunció que las negociaciones entre el equipo argentino y el más grande fondo en litigio, NML Capital, liderado por Paul Singer, arribaron finalmente a un acuerdo que puede destrabar el conflicto después de más de 10 años de default. El comunicado habla solamente de un “principio de acuerdo”, por el que Argentina pagaría a los fondos Eliot Management, Aurelius Capital, Davidson Kempner y Bracebridge Capital cerca de 4.600 millones de dólares para arreglar todas las demandas. Esto representa una quita del 25% sobre el valor de los juicios originales, incluidos capital e intereses. Según las declaraciones de Pollack “este acuerdo, si es consumado, junto con acuerdos previos con otros holdouts, resuelve el 85% de las demandas de aquellos con restricciones pari passu y me-too”. Desde el acuerdo ya hecho con el grupo de bonistas italianos en enero hasta la fecha, las propuestas del equipo argentino, formado desde la nueva administración, ha logrado avanzar significativamente. El actual principio de acuerdo contempla que el gobierno argentino realice un pago en efectivo, en dólares “verdes” constantes y sonantes, sin otorgar títulos públicos. La fecha máxima para realizar el pago fue fijada en el 14 de abril, pero según el Secretario de Finanzas, Luis Caputo, ambas partes tendrían incentivos en aceptar una prórroga de esta fecha siempre que Argentina muestre que está dando pasos hacia la realización del pago.
El juez federal Thomas Griesa ratificó su decisión de levantar la medida cautelar que impide a Argentina emitir nueva deuda, a condición de que se remuevan todos los “obstáculos legislativos” que impiden al país pagar a los fondos Holdouts en mejores condiciones que a los que entraron a las renegociaciones previas. A pesar de que algunos de los fondos han reclamado al juez extender el plazo y no levantar todavía esta medida, Griesa ha permanecido en su posición, argumentando que esta fue tomada con el objetivo de forzar a Argentina a iniciar negociaciones con los fondos; siendo que las condiciones han cambiado “tan significativamente”, la medida se ha tornado “inequitativa e injusta, funcionando en detrimento del interés público”. Distintos fondos, incluidos NML y Aurelius, junto a otros minoritarios, han apelado la decisión de Griesa; no quieren perder la oportunidad de presionar a Argentina impidiéndole volver a los mercados internacionales. Incluso si la cautelar se cae, fondos minoritarios que quedarán fuera del acuerdo podrían continuar intentando entorpecer futuras colocaciones de deuda.
De cualquier manera, el camino está ahora allanado para que Argentina prosiga a realizar el debate parlamentario necesario para desactivar la Ley Cerrojo y la Ley de Pago Soberano. El viernes el Ministro de Hacienda, Alfonso PratGay, presentó en detalle el plan de pago en un plenario de comisiones en el Congreso Nacional. Según declaraciones de ese día, el gobierno necesitaría emitir hasta 12.000 millones de dólares en deuda para cancelar en efectivo el pago a los Holdouts, aunque declaraciones previas de Prat-Gay hablaban de 15.000 millones.
Esto se suma a otros tantos millones de dólares que el Tesoro Nacional deberá conseguir para financiar la consolidación fiscal gradual. El 2016 debería cerrar, de acuerdo a los objetivos del Ministerio de Hacienda, con un déficit de casi 5% del PIB. Según las declaraciones de Prat-Gay, el Tesoro podría continuar recibiendo asistencia desde el BCRA, pero no más del monto nominal correspondiente al 2015 —cerca de 160.000 millones de pesos—. Por el momento, la asistencia del BCRA al Tesoro ha sido nula; la expansión monetaria se explica casi exclusivamente por los pagos relacionados a los futuros vendidos durante la administración de Vanoli. Pero incluso si el Central mantiene esta línea de financiamiento, el Tesoro debería conseguir otros 15.000 millones de dólares durante el 2016 para cerrar el año en el déficit objetivo. Esto significa que, como mínimo, el Tesoro deberá encontrar financiamiento por casi un 10% del PBI —más de 30.000 millones de dólares— durante este año.
Entre ajustar o no ajustar, la economía le impone al gobierno opciones limitadas: si se quiere eliminar la inflación, la emisión monetaria para financiar al Tesoro debe disminuir, la disyuntiva es entonces entre reducir drásticamente el gasto del Estado, o incrementar el nivel de endeudamiento.
Es cierto que la actual administración cuenta con una gran ventaja en términos históricos: por un lado, los niveles de endeudamiento son extremadamente bajos —menos del 20% del PIB si no se consideran las deudas intra-sector público—; por otro, si bien los nuevos datos del INDEC muestran un déficit comercial para los últimos años, y un correspondiente déficit de Cuenta Corriente de más del 2% del PIB, el guarismo no es extremo. Incluso si el gobierno incrementa la deuda pública en 10% del PIB, tiene suficiente espalda como para atravesar esta transición en un contexto de expansión del producto. Que esta opción sea consistente en el tiempo dependerá de que el déficit —y la tasa de interés— se reduzca a niveles más fáciles de financiar.
Fuente: http://invecq.com/apps/docman/descargar.php?uid=d3a92e187c&id=124&show=inline
