Aquellos holdouts que no hicieron juicio se presenten ante el juzgado de Nueva York, en procura de beneficarse con el fallo de Thomas Griesa que en su momento respaldó a los fondos buitre.
El juez Thomas Griesa programó para esta semana dos fechas clave en lo que hace el “juicio del siglo”:
Este lunes vence el plazo para los “me too”, tenedores de bonos en default de la Argentina, soliciten formalmente plegarse al fallo del “pari passu” que benefició a los fondos buitre.
Este martes el magistrado neoyorquino se pronunciará nuevamente sobre los pagos de los bonos del canje bajo ley argentina que se realizan a través del Citibank.
ME TOO
Hace unos 10 días Griesa libró la orden que obliga a los holdouts a definirse si quieren formar parte de la denuncia del fallo del pari passu de los fondos buitres, por el cual se libró una sentencia contra Argentina para el pago del 100% de la deuda concedida por el magistrado neoyorquino.
Luego de cumplirse el plazo este lunes, la Argentina tendrá tiempo hasta el 17 de marzo para presentar su posición al respecto, mientras que hasta el 7 de abril correrá el plazo para que los demandantes principales de la causa, presenten su descargo.
Finalmente, y vencida ya la cláusula Rufo, se cumplieron las estimaciones formuladas por el Gobierno argentino de que el problema del juicio con los fondos buitre no significaban solamente 1.600 millones de dólares fijados inicialmente por Griesa al emitir su fallo, sino que este monto ascendería a una cifra superlativamente mayor, estimada en unas 10 veces más, una vez que todos los holdouts se sumen a los fondos especulativos que obtuvieron dictamen positivo de parte de la justicia estadounidense.
No obstante, el monto final puede resultar mayor aún, ya que según los términos el fallo anexo de noviembre de 2012, hay que computar 100% de capital e intereses, actualizables en el tiempo. En términos nominales, la deuda existente por títulos en situación de default no supera los 6.000 millones de dólares.
Este llamado de Griesa elevó una incógnita en el proceder del magistrado -más allá de las referidas a sus personales interpretaciones de la cláusula de pari passu-, de por qué no hizo esta convocatoria antes, apenas se conoció la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de no tratar la apelación presentada por Argentina y cuando estaba aún vigente la cláusula RUFO. Griesa le había encargado informalmente -a fines de 2014- al mediador Daniel Pollack, la tarea de comenzar a “juntar” a los “me too”.
Las únicas cifras oficiales hasta el momento había sido reveladas en noviembre último por el abogado Carmine Boucuzzi, que representa a la Argentina, cuando, a raíz de información brindada por los fondos buitre, estimó la existencia de una cifra parcial de 4.700 millones de dólares en mano de 52 acreedores. En el juzgado de Griesa, desde junio a noviembre se habían sumado uno 1.800 millones de dólares al litigio.
CITIBANK
Otro de los hechos de importancia que ocurrirán esta semana en el juzgado de Griesa es la audiencia que se celebrará el martes, en la que el magistrado deberá decidir si permite nuevamente el pago de los bonos del canje bajo ley argentina que pasan a través del Citibank. De concretarse, esta sería la cuarta vez que el banco norteamericano es autorizado a concretar el pago por “única vez”, debido a que el vía libre fue avalado frente a cada vencimiento.
En la audiencia, el Citibank buscará lograr una autorización permanente para estos pagos, de manera de no tener que volver cada trimestre a la la Corte de Nueva York. En esta oportunidad también se presentó la asociación Clearing House Association de Estados Unidos (clearing bancario), entidad que elevó un “amicus curiae” en apoyo a la moción del Citibank.
Otra novedad refiere a que el Citi elevó un documento a Griesa en el que se esmeró en explicar a través de siete diferencias entre los distintos tipos de colocaciones que se encuentran en disputa, para que se entienda el argumento de que no hay “matter of law”, lo que significa que no existe evidencia suficiente que apoye un bloqueo para el pago de los bonos bajo legislación argentina.
