La reacción de los inversores indica que esperan una nueva reestructuración de deuda antes de tomar otros bonos de la Argentina. La concentración de vencimientos que deberá enfrentar el próximo gobierno.
No fue ninguna sorpresa pero el acuerdo con el Fondo Monetario, difundido el viernes en todos sus detalles, no contentó ni a propios ni a ajenos. Sólo para los funcionarios del FMI y, por supuesto, los negociadores del Gobierno, el programa firmado es “pragmático”, “realista” y “el mejor que se podía conseguir”. Pero las partes involucradas en las tratativas parecen las únicas conformes con el plan.
Mientras que desde los sectores más duros del propio oficialismo arrecian las críticas por lo que consideran un ajuste recesivo, desde la oposición se levantan las voces en rechazo que denuncian “una bomba de tiempo” que deja el acuerdo para el próximo gobierno. Entre unos y otros, la reacción del mercado y el análisis de los consultores económicos dejan en evidencia que, lejos de alentar expectativas positivas por lo que se avecina, la carta de intención plantea un tendal de dudas no sólo respecto del eventual nivel de cumplimiento sino también de los resultados para la economía, aun en el caso de que las principales metas efectivamente se cumplan.
Lejos de alentar expectativas positivas por lo que se avecina, la carta de intención plantea un tendal de dudas
Entre todos los objetivos plasmados en el texto enviado al Congreso, se recorta por lo desafiante -”prácticamente imposible”, se señala- la idea de que la Argentina pueda recuperar acceso al mercado internacional para refinanciar su deuda a partir de 2025. Así lo dice el memorándum: “Nuestra trayectoria fiscal, según la cual se logrará un balance primario en 2025 y un superávit primario de alrededor de 1¼% del PBI a mediano plazo, ayudará a situar la deuda pública en una firme tendencia descendente y a facilitar un retorno gradual a los mercados internacionales a partir de 2025″.
La respuesta del mercado a este supuesto fue lapidaria: los bonos Globales cayeron 2,5% en promedio y el índice de riesgo país cerró por encima de los 1.900 puntos básicos. Con esta reacción, los inversores expresan su presunción de que el próximo gobierno estará más cerca de encarar una nueva reestructuración de la deuda que de volver a seducirlos para obtener financiamiento internacional.
Es que el calendario de vencimientos a partir de 2024, se vuelve cada vez más exigente, similar en concentración que el Gobierno logró postergar. Sólo de capital, el Gobierno debería enfrentar pagos hasta 2028 por USD 38.000 millones entre los acreedores privados por el canje de 2020 llevado adelante por el ministro Martín Guzmán y la devolución al Fondo Monetario del nuevo préstamos de USD 45.000 millones que concederá para cancelar el crédito stand by anterior.
A partir de ahí, el volumen de capital a devolver a los privados y al Fondo promedia los USD 14.000 millones por año por los siguientes cuatro años del nuevo presidente.
A esas cifras, claro, hay que sumarle los intereses y el enorme volumen de deuda doméstica que se prevé colocar en moneda local. Sólo este año, para cumplir con la meta de emisión monetaria de apenas 1% del PBI, Guzmán deberá obtener el equivalente a unos USD 10.000 millones.
“El financiamiento monetario que se permite es muy bajo y no queda claro quién va a poder prestar el resto o el nivel de tasas que se va a tener que convalidar para que eso ocurra”, opinó el economista Nicolás Gadano, para quien no existe “ningún indicio de que en los próximos dos o tres años se pueda abrir el mercado internacional” para la Argentina.
“El mercado está reflejando precios de reestructuración, es lo que indica la reacción de los bonos y la suba del riesgo país”, dijo a Infobae Gadano.
Pero la hipótesis de un regreso al mercado global de deuda, si bien es tal vez la más ambiciosa planteada en todo el acuerdo, no es el único supuesto prácticamente inalcanzable. Mucho más cerca en el tiempo, la proyección de inflación, el aumento de tarifas y el mandato de mantener constantes los subsidios energéticos en 2022 conforman un trípode que se tambalea.
Es que, según explica Gadano, aún cuando se cumpla la pauta de inflación, que implica un promedio anual de 43%, la aplicación de la suba de tarifas recién a partir de junio de este año, combinada con el aumento de costos de la energía haría prácticamente imposible no sólo lograr el ahorro de 0,6% del PBI estipulado sino evitar que el gasto en subsidios incluso aumente.
La economía volverá a estar signada por el atraso tarifario. Cuanto más se aceleren los precios, mayor será el retraso
Si tal como prevé el consenso de economistas, la inflación de este año se ubica muy por encima del rango previsto en el acuerdo, la economía volverá a estar signada por el atraso tarifario. Cuanto más se aceleren los precios, mayor será el retraso.
En este sentido, el Banco Central publicó el viernes el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), en el que se repitió la estimación oficial de los participantes de 55% para este año. Sin embargo, en los informes reservados a sus clientes, estos mismos consultores admiten que el piso estará más cerca de 60% en el más moderado de los escenarios.
