Pedirán acortar un año el período de gracia, que no haya quita de capital, reconocimiento de intereses y mejores condiciones legales.
Los tres grupos que representan a los principales acreedores de la Argentina ya comenzaron a trabajar; y, afirman, antes del jueves de esta semana presentarán una propuesta formal al Gobierno argentino. El ministro de Economía la debería recibir, en secreto, para su evaluación (y seguro rechazo), para luego realizar una nueva oferta que, se supone, será la última. Y la que, con matices, debería sellar el pacto entre el país y los acreedores para antes del 22 de mayo cerrar un acuerdo por los casi u$s68.000 millones que negocia el país por títulos públicos emitidos bajo legislación extranjera. Al menos esta es la línea de acción que siguen los principales acreedores del país, que aseguran representar a casi el 40% del total de la deuda en discusión. Y que, en consecuencia, tienen la llave de un acuerdo. O del default.
Los tres grupos que están trabajando en la propuesta que será presentada en sociedad en horas son el Grupo Ad Hoc (el más importante) y formado por la UTE BlackRock, Templeton, Ashmore y Fidelity y que afirman tener casi el 25% del total de los bonos en negociación; el Comité de Acreedores de Argentina (ACC) liderados por el fondo Monarch y que asegura concentrar el 15% de la emisión de pasivos; y el Grupo de titulares de Bonos del Canje, con el 10% de representatividad y liderados por un estudio de abogados (Quinn Emanuel Urquhart &Sullivan LLP) ignoto en estas tierras y casi sin bonos bajo su jurisdicción, pero que demostró gran capacidad de movilización en las redes al abrir un canal de debate vía Twitter consultado por más de 1.500 usuarios en los últimos días y que habilitó luego la creación de un sitio web llamado argentinaexchangebondholders.com.
La clave del éxito de los tres grupos de acreedores fue que durante las últimas dos semanas lograron mantenerse trabajando coordinadamente y con posiciones pétreas e irreductibles en contra de la aceptación de la oferta de Guzmán, lo que determinó que la aceptación final sea casi nula en cuanto a los acreedores externos. Y que la suma final sólo haya alcanzado un 18,6% (guardada bajo estrictos silencios) de los privados. Esta negativa perfectamente coordinada y a prueba de presiones de los más altos rangos mundiales (el Papa, el FMI y un seleccionado de economistas de amplio prestigio internacional) fue lo que derivó en que la aceptación fuera tan baja y en la necesidad de reflexión de Economía para que abriera una nuevo canal de diálogo.
Este se inauguró el domingo y, según las fuentes de los bonistas, se trata de una vía de comunicación con el Gobierno argentino absolutamente respetuosa y con promesas conjuntas de “buena fe”. El ámbito negociador está siendo coordinado por el banco asesor Lazard y el estudio de abogados contratado por la Argentina Cleary Steen Gottlieb & Hamilton (CGS&H); y, por ahora, logró que los tratos entre los funcionarios argentinos y los representantes de los privados haya cambiado de tono, pasando de las críticas y las desconfianzas a la buena voluntad y profesionalismo. Esto aunque las partes continúen igual de lejos de un acuerdo que el viernes de la semana pasada.
Por lo que se sabe, hasta anoche la fórmula sobre la que se trabaja entre los acreedores no tiene tantos misterios. Lo primero que se plantea es la eliminación de la quita de capital propuesta por Guzmán y que llega al 5,4% del total adeudado. Se menciona además incluir algún tipo de cupones para mejorar la oferta de pago directa, una reducción del tiempo de gracia en un año (comenzar a pagar desde 2022) y capitalizar intereses del período de gracia.
Se buscará además que el Gobierno abandone la idea de un desdoblamiento de las ofertas entre los bonistas que acepten y los que se queden fuera y las salvaguardas de protección ante potenciales juicios en el segundo distrito Sur de Nueva York. La propuesta basada en estos términos será olímpicamente rechazada por Guzmán; pero, se supone, con mejor diálogo y en términos más adecuados que la manera en que se trató a la que BlackRock envió en abril de este año y que la semana pasada, unilateralmente, Guzmán planteó en sociedad. Lo que esperan los bonistas luego de este rechazo oficial es, como se dijo antes, que desde Buenos Aires se conozca cuáles son los términos reales en los que Argentina está dispuesta a debatir un acuerdo final; y de todas las propuestas cuál es la que seriamente puede flexibilizar Economía.
A grandes rasgos, por ahora las diferencias están en un 45% de proposición de quita por parte del Gobierno, mientras que la de los acreedores ronda el 35%. La diferencia es de 10 puntos porcentuales. Si bien no es costumbre de las altas cumbres de Wall Street usar fórmulas simples, si ambas partes aceptaran renunciar a un 5% de sus pretensiones, el acuerdo estaría disponible para la firma en cuestión de días. Dependerá de las negociaciones de estas mismas horas.
