ARCA: Pymes podrían presentar hasta 89 declaraciones juradas anuales y enfrentar multas de hasta $10 millones

La carga administrativa para las pequeñas y medianas empresas (pymes) en Argentina se ha incrementado drásticamente, con la posibilidad de tener que presentar hasta 89 declaraciones juradas anuales ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Este número representa un salto significativo desde las 25 que se requerían anteriormente, debido a la inclusión de nuevas modalidades y requisitos. La situación es igualmente compleja para los trabajadores autónomos, como el caso de un plomero que ahora debe presentar 38 declaraciones en lugar de las 14 previas.

Expertos tributaristas, en reuniones con el Ministro de Economía, Luis Caputo, han alertado sobre el creciente riesgo de incumplimientos y las consecuentes multas automáticas. Las penalidades por no presentar una declaración informativa ante ARCA oscilan entre $220.000 y $440.000, mientras que las multas por declaraciones determinativas de impuestos pueden alcanzar entre $5 millones y $10 millones. Se destaca la falta de proporcionalidad en estas sanciones, ya que un autónomo sin empleados y una gran empresa enfrentan las mismas penalidades por un incumplimiento similar.

Ante este escenario, se ha presentado un borrador de proyecto de ley que busca modificar el régimen de multas de ARCA. La propuesta apunta a una mayor proporcionalidad y a la concesión de plazos de gracia antes de la aplicación de sanciones. Se plantean reducciones significativas en las multas para micro y pequeñas empresas, que irían desde el 80% hasta el 40%, y se propone eliminar las multas automáticas, exigiendo primero una notificación al contribuyente y estableciendo períodos de subsanación. La iniciativa argumenta que la actualización nominal de las multas, si bien busca adecuación inflacionaria, omite ponderar la capacidad contributiva de los obligados, pudiendo resultar confiscatoria para los pequeños contribuyentes.

La situación actual genera una gran incertidumbre para el tejido productivo de Rosario y la región, donde las pymes son un motor fundamental de la economía. La complejidad y el costo de cumplir con estas obligaciones fiscales, sumado al riesgo de multas elevadas y automáticas, podrían desincentivar la formalización y la inversión. Es crucial que el gobierno analice estas propuestas para aliviar la carga sobre las empresas y fomentar un entorno más propicio para el crecimiento.