Argentina posterga el "Nuevo Acuerdo de San Nicolás" para lograr estabilidad

La Argentina atraviesa una crisis de gobernabilidad sistémica y cíclica, caracterizada por un "continuismo estructural disfrazado de cambio" donde las políticas, a pesar de los discursos opuestos, tienden a ser similares, rompiendo contratos y alterando las reglas de juego. Este fenómeno, descrito por Guillermo O’Donnell como "democracia delegativa", donde el ganador de las elecciones se siente habilitado a gobernar sin contrapesos ni consensos, debilita la rendición de cuentas y genera imprevisibilidad. La necesidad de un consenso suprapartidario que brinde estabilidad al sistema se presenta no como una utopía, sino como una urgencia para la supervivencia nacional y democrática.

El texto evoca el Acuerdo de San Nicolás de 1852, un momento histórico donde las fuerzas políticas de la época, tras décadas de guerras civiles, comprendieron la necesidad de establecer reglas de juego comunes y acatar una ley fundamental para sentar las bases del desarrollo. De manera similar, hoy se vuelve imperativo blindar las instituciones de los vaivenes políticos, asegurando que la propiedad privada, el respeto a la Constitución Nacional y la fijación de reglas macroeconómicas sanas no sean variables sujetas al capricho de la administración de turno.

Las ideas de Juan Bautista Alberdi, quien vinculó la ley escrita con el progreso material al considerar la Constitución como "el instrumento de la riqueza y el bienestar de la Nación", cobran una vigencia apabullante. Alberdi sostenía que los derechos de propiedad y las libertades económicas debían ser absolutos e inviolables para atraer capitales. Romper este mandato constitucional ha quebrado el motor del desarrollo, dejando a Argentina como una "oveja negra mundial" poco atractiva para las inversiones, como demuestran su calificación de mercado "standalone" y la escasa inversión extranjera directa.

Siguiendo la línea de pensamiento de Alberdi, economistas como Douglass North, Premio Nobel de Economía, y Daron Acemoglu y James A. Robinson, autores de "Por qué fracasan los países", han demostrado empíricamente que el éxito económico de las sociedades depende de sus "reglas del juego". Instituciones formales fuertes que aseguren el cumplimiento de contratos y protejan la propiedad privada son cruciales para reducir la incertidumbre y los costos de transacción, siendo el principal incentivo real para la inversión y la innovación tecnológica. La falta de seguridad jurídica es un obstáculo fundamental para el crecimiento sostenido.