Provincias argentinas negocian con mineras por proveedores locales tras RIGI y ley de glaciares

El desarrollo de grandes proyectos mineros en Argentina ha generado un nuevo debate entre las provincias, poseedoras de los recursos, y las multinacionales. El foco está puesto en el empleo y la participación de proveedores locales, con exigencias por parte de los gobiernos provinciales para que estas inversiones beneficien al entramado productivo de cada jurisdicción. Este escenario se presenta tras la destraba de dos condiciones clave para el avance de estas inversiones: la aplicación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la modificación a la Ley de Glaciares.

La provincia de San Juan, con los principales proyectos de cobre presentados al régimen de inversiones, se encuentra en el centro de estas negociaciones. Empresas como BHP, Barrick y Glencore invierten en la zona, y se discute una Ley de Desarrollo Local Minero. El ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, expresó la preocupación por asegurar que el empleo sea mayoritariamente radicado en la provincia y que los proveedores locales puedan desarrollarse y proveer a los proyectos, e incluso nacionalizarse y vender productos y servicios fuera de la provincia y el país.

Como ejemplo de normativas existentes, Santa Cruz aplica un esquema del 90/10 para el empleo, exigiendo que el 90% de la mano de obra en industrias estratégicas sea de residentes de la provincia. Para proveedores, se obliga a que el monto total anual en contrataciones no sea inferior al 50% del monto total contratado. En Catamarca, la Cámara de Proveedores Mineros propone un esquema del 70%-30% para proveedores de bienes y servicios, buscando viabilidad para la minería y oportunidades de negocio para la región, aunque advierten sobre la competitividad y la disposición de las empresas a pagar sobreprecios.

El debate también involucra la transparencia en la contratación de proveedores y la generación de programas de capacitación por parte de los gobiernos para anticiparse a la demanda futura. La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) solicita la intervención del Gobierno Nacional para proteger a los trabajadores y proveedores. Recientemente, se conformó una mesa minera federal con la participación de provincias, sindicatos y empresas, incluyendo a Córdoba y Santa Fe, interesadas en el entramado productivo.

El RIGI, en su capítulo de proveedores, establece que las inversiones deben contar con un plan de desarrollo que comprometa la contratación de proveedores locales para bienes y obras en un porcentaje mínimo del 20% del total de la inversión destinada a este fin. El desafío actual reside en la posible incompatibilidad de este punto con las leyes provinciales existentes.