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Canciller Quirno: 180 empresas deberán elegir entre operar en Malvinas o enfrentar sanciones en Argentina
El Canciller Pablo Quirno anunció que 180 compañías vinculadas a la actividad hidrocarburífera en Malvinas fueron notificadas para optar entre sus operaciones en el archipiélago o sufrir sanciones en Argentina. La medida busca potenciar el poder de negociación del país en el diferendo territorial, aprovechando el desarrollo de Vaca Muerta como contrapeso.
- 180 empresas notificadas sobre operación en Malvinas.
- Elección: operar en Malvinas o enfrentar sanciones en Argentina.
- Vaca Muerta como activo clave para el poder de negociación.
- Decreto reglamentario y proyecto de ley para ampliar sanciones.
- Declaración jurada para RIGI sobre no operar en Malvinas.
El Canciller Pablo Quirno reveló una nueva estrategia del gobierno argentino para presionar en el diferendo por las Islas Malvinas. Se trata de la notificación a un universo de 180 empresas vinculadas a la actividad hidrocarburífera en el archipiélago, a quienes se les ha planteado la disyuntiva de elegir entre continuar operando allí o enfrentar severas sanciones en Argentina. Esta medida, enmarcada en las definiciones anunciadas por el presidente Javier Milei, busca sancionar no solo a las compañías petroleras que operen en Malvinas, sino también a sus proveedores de servicios, financieros y de seguros.
La Ley 26.659, que prohíbe operar en Argentina a las empresas petroleras que actúen en Malvinas, adquiere una nueva relevancia. Quirno destacó que el escenario actual es distinto al de su sanción original, principalmente por el desarrollo de Vaca Muerta, un activo estratégico que otorga a Argentina un mayor poder de negociación. La política oficial busca generar un desincentivo para que las empresas opten por invertir en Argentina, con seguridad jurídica y mayor potencial de negocios, en lugar de hacerlo en un "terreno disputado con licencias ilegales".
Un decreto reglamentario busca acelerar estas sanciones y ampliar su alcance. Además, se prevé enviar al Congreso un proyecto para modificar la Ley 26.659, otorgando "mayor amplitud sancionatoria" y estableciendo mecanismos para que las compañías puedan retirarse de las operaciones en Malvinas sin quedar excluidas de forma definitiva del sistema argentino. Se implementarán declaraciones juradas para los aspirantes al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), exigiendo que certifiquen no estar en violación de la ley mencionada.
Estas acciones se vinculan directamente con el desarrollo energético local y la atracción de inversiones. La valorización de los activos estratégicos argentinos, como Vaca Muerta, permite al país adoptar una posición más firme frente al Reino Unido y otros actores internacionales. El canciller también mencionó la importancia de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego como parte de esta estrategia geopolítica y económica.
Esta noticia es de alta relevancia para el sector energético y financiero argentino, así como para empresas con operaciones internacionales. La decisión del gobierno de presionar a las compañías que operan en Malvinas podría generar un reacomodamiento de inversiones y contratos. Los inversores deberán estar atentos a la implementación de las sanciones y a la respuesta de las empresas afectadas, así como a las implicaciones para futuros acuerdos de inversión en Argentina, especialmente en el sector de hidrocarburos y en el marco del RIGI.
