Córdoba cobra más, Santa Fe recauda mejor.

Córdoba y Santa Fe son, en muchos sentidos, provincias gemelas. Población similar — 3,8 millones contra 3,5 según el Censo 2022 —, estructura agroindustrial parecida, presupuestos de escala equivalente. Las dos tienen caja de jubilaciones propia, sin transferirla a la Nación. Las dos construyeron su recaudación sobre el mismo pilar: el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el tributo que grava la facturación de empresas y comercios en cada provincia.
Y sin embargo, los números cuentan historias distintas.
La presión tributaria efectiva mide lo que el Estado efectivamente recauda en relación al tamaño de la economía. En Córdoba es del 4,7%, en Santa Fe 4,3% — solo tributos provinciales. Si se agregan los municipios — y hay que agregarlos, porque la Tasa de Seguridad e Higiene sobre empresas y comercios funciona como un segundo Ingresos Brutos sobre el mismo contribuyente — la brecha se amplía: 6,2% contra 5,3%. Casi un punto de diferencia. Datos del IERAL de la Fundación Mediterránea, con fuente en la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales.

Hasta ahí, un dato incómodo pero manejable. Lo que lo vuelve difícil de ignorar es lo que viene después.
No es magia de gestión. Es la señal de que una base imponible menos castigada resiste mejor — y genera más.
En Córdoba — como en la mayoría de las provincias argentinas — el Impuesto sobre los Ingresos Brutos representa más del 80% de los recursos tributarios propios. En Santa Fe la proporción es similar en estructura, pero con alícuotas sistemáticamente más bajas en las últimas tres décadas.
La Comisión Arbitral del Convenio Multilateral — el organismo que coordina el IIBB entre provincias — registró en 2018 una alícuota promedio ponderada de 2,72% en Córdoba y 2,55% en Santa Fe.
El IIBB es un impuesto que se aplica sobre la facturación en cada etapa de la cadena productiva, sin posibilidad de descontar lo pagado en etapas anteriores. No funciona como el IVA, donde cada eslabón descuenta lo que pagó el anterior y el impuesto recae solo una vez sobre el consumidor final. Con el IIBB, cada etapa paga sobre un precio que ya incorpora el impuesto de la etapa previa. En la práctica, el impuesto termina gravando impuesto previo — acumulado en el precio, invisible para quien lo paga.
Eso tiene una consecuencia directa en la comparación entre provincias. Si Córdoba aplica una alícuota de 2,72% y Santa Fe una de 2,55%, la diferencia no es de 0,17 puntos en el precio final — es de 0,17 puntos multiplicados en cada transacción de la cadena. En una industria con cinco etapas productivas, esa brecha se acumula. Un fabricante cordobés llega al mercado con una carga fiscal mayor que su competidor santafesino, aunque vendan el mismo producto, al mismo cliente, en el mismo momento.

En 2018, el Consenso Fiscal — el acuerdo firmado entre el gobierno nacional y las provincias para reducir gradualmente los impuestos más distorsivos — impuso compromisos de baja gradual del IIBB. Córdoba cumplió en ese momento: fue una de las cinco provincias que redujo alícuotas sin compensar subiéndolas en otros sectores. Pero en los años siguientes volvió a subir. Para 2026, con la eliminación de la exención industrial general y la aplicación de la alícuota del 4,75% a quienes no califican para regímenes especiales de promoción, parte de aquel ajuste quedó revertido.
Santa Fe, mientras tanto, avanza en 2026 en otra dirección: baja del 30% en IIBB para el sector industrial que deduce costos de energía, deducción del 100% de los sueldos de nuevos empleados de la base imponible, eliminación de Sellos para alquileres de vivienda y créditos hipotecarios.
En economía esto tiene nombre. La curva de Laffer describe el punto en que subir la alícuota ya no incrementa la recaudación: la base imponible — el universo de actividad sobre el que se cobra el impuesto — se achica y compensa el aumento de la tasa. Hay evidencia circunstancial de que Córdoba opera cerca de ese punto en relación con sus pares.
La conclusión no es que Córdoba gobierne mal ni que Santa Fe sea un ejemplo sin matices — el IIBB al 9% que intentó aplicar a las billeteras virtuales en 2025 mostró que también tiene sus tentaciones. La conclusión es más estructural: la misma dependencia del IIBB, gestionada con moderación diferente durante tres décadas, produce resultados distintos. Córdoba tiene el margen para bajar — lo dice el análisis dinámico — y tiene la urgencia política para hacerlo: el 58% de los cordobeses considera la carga tributaria un problema a resolver, según la encuesta de Casa Tres.
Un comerciante de la peatonal Rivadavia, un taller metalmecánico de Ferreyra, una pyme de Villa del Parque pueden enfrentar hoy una carga fiscal mayor que su par santafesino — con el mismo producto, en el mismo mercado nacional, a igual distancia de Buenos Aires.

Alexis Aguilar