Brasil aprueba ley para confiscar criptomonedas vinculadas al crimen
El presidente Lula da Silva sancionó una ley que amplía las herramientas judiciales para destinar a la seguridad pública activos digitales vinculados al crimen organizado. La ley permite el secuestro, arresto, bloqueo o indisponibilidad de criptomonedas y otros activos virtuales.

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Resumen Inteligente
Puntos Clave
- Activos digitales vinculados al crimen ahora pueden ser confiscados
- Brasil endurece su lucha contra el crimen organizado
- Lula da Silva sancionó la Ley Antifacciones
- Las criptomonedas decomisadas irán al Fondo Nacional de Seguridad Pública
- La ley extiende herramientas de embargo a activos digitales
El gobierno de Brasil, bajo la presidencia de Lula da Silva, promulgó la Ley 15.358, también conocida como Ley Antifacciones, que permite la confiscación de criptomonedas y otros activos digitales vinculados a actividades criminales. Esta legislación faculta a las autoridades judiciales a ordenar el bloqueo inmediato de estos activos si se sospecha su conexión con organizaciones delictivas, extendiendo las herramientas de embargo y confiscación que tradicionalmente se aplican a bienes como cuentas bancarias y propiedades.
La ley autoriza medidas cautelares como el secuestro, arresto, bloqueo o indisponibilidad de “bienes muebles e inmuebles, derechos y valores, inclusive activos digitales o virtuales”. Una vez comprobado el origen ilícito de los activos, estos serán confiscados y destinados al Fondo Nacional de Seguridad Pública. Los líderes de las organizaciones criminales enfrentarán penas de entre 20 y 40 años de prisión.
Esta medida busca asfixiar financieramente a las facciones criminales, permitiendo que los bienes decomisados, incluidos los digitales, se utilicen para adquirir equipamiento policial, capacitar agentes, financiar operaciones especiales o mejorar la inteligencia, siempre con aprobación judicial previa.
Esta noticia es relevante para inversores y empresas argentinas en el sector de criptomonedas, ya que establece un precedente en la regulación de activos digitales en la región. Si bien la medida busca combatir el crimen, también introduce un mayor escrutinio sobre las operaciones con criptoactivos, lo que podría impactar la percepción de riesgo y la adopción de estas tecnologías en Argentina.

